Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

Siete agentes de policía acusados de torturar a personas migrantes recibieron autorización para reanudar sus funciones. Persistía la preocupación por el escaso número de enjuiciamientos por violencia de género en el ámbito familiar. La cifra de familias sin una vivienda adecuada triplicaba la de 2018. Seis jóvenes presentaron una demanda histórica contra 33 países por su inacción para combatir el cambio climático.

Tortura y otros malos tratos

En diciembre, tras una visita en 2022, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa informó de que los malos tratos a personas detenidas a manos de agentes de policía eran una práctica persistente. El informe reiteraba la obligación de las autoridades portuguesas de garantizar unas investigaciones efectivas sobre estas denuncias y aplicar salvaguardias fundamentales para abordar la impunidad en el seno de la policía.

En junio, el tribunal de apelación de Évora absolvió a un policía militar y redujo las condenas de otros cuatro agentes declarados culpables de torturar a migrantes en la ciudad de Odemira (distrito de Beja). Tras la suspensión inicial de sus funciones, los siete agentes de policía implicados en la causa recibieron autorización para reanudarlas.

Según un informe de la defensora del Pueblo publicado en abril, la tasa media de ocupación de las prisiones en diciembre de 2022 era del 100,8%, y 25 de los 49 centros penitenciarios tenían problemas de hacinamiento.

Discriminación

Violencia por motivos de género

En marzo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU manifestó su preocupación ante “la persistencia de un alto nivel de violencia doméstica” en Portugal y pidió a las autoridades que tomaran medidas para abordar el escaso número de enjuiciamientos de presuntos autores de violencia de género intrafamiliar y la provisión insuficiente de centros de acogida para las víctimas que necesitaban un lugar seguro.

Derechos de las personas migrantes

Según el informe anual del gobierno sobre seguridad interna, publicado en marzo, había aumentado un 18,2% el número de personas objeto de tráfico, casi la mitad con fines de explotación laboral. En febrero se desató un incendio en un edificio superpoblado del barrio lisboeta de Mouraria en el que perdieron la vida una persona adulta y otra menor de edad y 14 más resultaron heridas de gravedad. Todas eran migrantes.

Libertad de reunión

En febrero, dos años después de saberse que las autoridades municipales de Lisboa llevaban más de un decenio filtrando a funcionarios de embajadas extranjeras los datos personales de quienes se manifestaban ante sus sedes diplomáticas, tres activistas demandaron al ayuntamiento por presuntas violaciones de sus derechos. La demanda se presentó un año después de que la Comisión Nacional de Protección de Datos impusiera una multa de 1,2 millones de euros al ayuntamiento de Lisboa por 255 infracciones de la ley de protección de datos.

Derecho a la vivienda

En octubre, el gobierno admitió que había 86.000 familias con necesidades de vivienda, el triple que en 2018. Según datos del Instituto Nacional de Estadística publicados en enero, el 9,2% de la población vivía en condiciones de hacinamiento, lo que afectaba a casi el 20% de las familias en riesgo de pobreza. En marzo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su preocupación por la persistente escasez de vivienda y la falta de datos sobre el acceso de los grupos marginados a una vivienda adecuada.

Derecho a un medioambiente saludable

En enero, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medioambiente instó al gobierno a “mejorar el acceso a la información sobre medioambiente, reforzar la participación pública y facilitar el acceso a la justicia”.

En septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos inició la vista de una demanda presentada por seis jóvenes de Portugal contra 33 países, incluido el propio. Mencionando los problemas del calor extremo y los incendios forestales, la parte demandante alegaba que los gobiernos de esos países estaban vulnerando sus derechos humanos al no tomar medidas suficientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y protegerlos frente al cambio climático.