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Perú

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Las autoridades socavaron la libertad de expresión y de reunión. Al concluir el año habían muerto al menos 22 personas y decenas más —entre ellas agentes de policía— habían resultado heridas —en muchos casos por armas de fuego— en el contexto de la represión ilícita de manifestaciones. Las autoridades no atendieron las necesidades de las comunidades afectadas por la contaminación ambiental. Seis defensores de los derechos humanos fueron asesinados en departamentos afectados por la tala ilegal y el tráfico de drogas. El derecho a una educación sexual integral se vio amenazado. Las mujeres y las niñas, incluidas las refugiadas venezolanas, seguían sufriendo múltiples formas de violencia. Persistían la discriminación y las agresiones contra las personas LGBTI.

Libertad de expresión

Las declaraciones oficiales menoscabaron la libertad de prensa. La Asociación Nacional de Periodistas denunció 303 ataques a la prensa durante el año, 63 de ellos en el contexto de la crisis política de diciembre.

Libertad de reunión e impunidad

Durante el primer semestre del año, al menos tres personas murieron durante protestas tras intervenciones de la Policía Nacional.

En diciembre, durante la crisis política que siguió a la destitución del expresidente Pedro Castillo, estallaron protestas en varias regiones y aumentó la violencia en el país. En varios casos, la respuesta de las autoridades a las protestas se tradujo en violaciones de derechos humanos, incluido el uso ilegítimo de la fuerza. Al menos 22 personas murieron violentamente en manifestaciones en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Arequipa, La Libertad y Junín, y decenas más resultaron heridas. Las investigaciones sobre estas muertes continuaban al concluir el año.

La Ley de Protección Policial seguía vigente, lo que limitaba de manera efectiva la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. El expresidente Manuel Merino y otros altos cargos siguieron gozando de inmunidad procesal con respecto a las muertes y lesiones que se habían registrado durante las protestas de noviembre de 2020, y la judicatura suspendió las investigaciones a los agentes policiales implicados.

Actuación deficiente contra la crisis climática y la degradación ambiental

El Congreso archivó de nuevo un proyecto de ley para ratificar el Acuerdo de Escazú.

Las autoridades no atendieron las necesidades de las comunidades afectadas por la contaminación provocada por metales y otras sustancias tóxicas, pese a que existía un plan especial multisectorial que involucraba a diversos ministerios y había financiación disponible para seis gobiernos regionales destinada a brindar atención médica especializada a esas comunidades.

En febrero, una misión de verificación de la ONU concluyó que un derrame de 11.000 barriles de petróleo ocurrido en enero en la refinería La Pampilla, administrada por la multinacional española Repsol, había afectado a los medios de vida de cinco comunidades de Lima y Callao. En julio, la Defensoría del Pueblo señaló que algunas de las personas afectadas aún no habían sido identificadas ni habían recibido reparación, y que la empresa tampoco había garantizado una limpieza adecuada de la zona afectada.

En septiembre, la empresa PetroPerú derramó 2.500 barriles de petróleo en el departamento de Loreto. Según la Defensoría del Pueblo, el vertido afectó gravemente a Cuninico y otras comunidades indígenas al dejarlas sin alimentos ni agua durante varios días, lo que vulneraba su derecho a vivir en un medioambiente saludable.

Perú no actualizó su contribución determinada a nivel nacional de 2020, que Climate Action Tracker calificaba de “insuficiente”.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Según informes oficiales, al menos seis defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio en los departamentos de Madre de Dios, Loreto, Junín y Huánuco durante el año. Las autoridades no proporcionaban seguridad suficiente en los departamentos en que los defensores y defensoras de los derechos humanos corrían un mayor peligro debido a la tala ilegal y el tráfico de drogas.

Derecho a la salud

El alto nivel de desigualdad y la escasa inversión en salud pública —en parte debida a la escasez de ingresos fiscales— fueron determinantes para que Perú sufriera la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 por millón de habitantes de todos los países de la región. Pese a ello, no se introdujeron reformas de gran calado en el sistema de salud o el gasto público, que permaneció en el 3,2% del producto interno bruto (PIB), muy por debajo del 6% recomendado por la OMS.1

Derechos de los pueblos indígenas

En marzo, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró inadmisible una demanda interpuesta por varias comunidades indígenas en relación con las concesiones mineras existentes en sus territorios, con el argumento de que la consulta previa no tenía rango constitucional. El Tribunal no tomó en consideración el rango constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Perú.

En junio, el Congreso reconoció los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural, que solían operar en las zonas rurales, y los incorporó en el sistema de seguridad nacional con el derecho a utilizar armas letales. Preocupaba que esa medida pudiera menoscabar los derechos de las comunidades tradicionales a las que se autorizaba tener sus propias guardias tradicionales para proteger sus territorios.

Violencia contra mujeres y niñas

Entre enero y noviembre, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registró 25.403 casos de violencia sexual (el 95% de las víctimas eran mujeres) y 7.549 violaciones de personas menores de edad.

La Defensoría del Pueblo denunció 124 femicidios; 21 de las mujeres asesinadas habían sido declaradas inicialmente como desaparecidas. El Ministerio también consideraba la desaparición forzada de mujeres como una forma de violencia de género. Según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio del Interior, durante el año se presentaron 11.524 denuncias de desaparición de niñas y mujeres, lo que suponía el 61% del número total de casos.

Derechos sexuales y reproductivos

En mayo, el Congreso aprobó una ley que permitía a algunas organizaciones de padres y madres vetar determinados aspectos del currículo escolar, lo que menoscababa el derecho a la educación sexual integral.

En junio se presentó ante el Congreso un proyecto de ley que, de ser aprobado, pondría en peligro el acceso al aborto.

Los juicios del expresidente Alberto Fujimori y tres de sus ministros en relación con las esterilizaciones forzadas comenzaron en marzo. En noviembre, el poder judicial ordenó la reparación integral de las sobrevivientes de esterilización forzada que aún no la hubieran recibido.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Perú seguía siendo uno de los pocos países de América del Sur que no reconocía la identidad transgénero o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En junio, la organización Féminas denunció que una mujer transgénero había resultado herida por disparos. Las autoridades no llevaban un registro oficial de las continuas amenazas y agresiones cometidas contra la población transgénero.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Miles de personas no pudieron acceder a los programas de regularización migratoria, que seguían siendo complejos e insuficientes. El sistema de tramitación de solicitudes de asilo continuaba suspendido.2

Las refugiadas venezolanas que vivían en Perú sufrían múltiples formas de violencia.3 La discriminación y los estereotipos negativos relacionados con su nacionalidad e identidad de género obstaculizaban su acceso a la justicia y la atención médica.

En abril, las autoridades expulsaron sumariamente a 29 ciudadanas extranjeras sin el debido proceso. No tomaron en cuenta sus necesidades de protección, la posibilidad de que fueran víctimas de trata de personas o el peligro que corrían tras el regreso a su país de origen. En noviembre, las organizaciones de derechos humanos demandaron a las autoridades por estas actuaciones.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Cuando ya habían transcurrido 30 años de la masacre de La Cantuta, el Ministerio Público reanudó una investigación forense para recuperar los restos de cinco de las víctimas que aún no habían sido encontrados.

En marzo, el Tribunal Constitucional ordenó la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori y restableció el denominado “indulto por razones humanitarias” otorgado en 2017. La Corte Interamericana de Derechos Humanos instó a las autoridades a que no cumplieran la orden, pues contravenía una sentencia anterior que invalidaba el indulto. Al concluir el año, el expresidente Fujimori continuaba recluido.

  1. Américas: Desigual y letal, 27 de abril
  2. Perú: Comunicación al Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios de las Naciones Unidas previa a su 34a sesión, 23 de febrero
  3. Desprotegidas. Violencia basada en género contra mujeres refugiadas venezolanas en Colombia y Perú, 12 de julio
República del Perú
Jefe del Estado y del gobierno: Dina Boluarte Zegarra (sustituyó a José Pedro Castillo Terrones en diciembre)