Saltar al contenido
Actuem pels drets humans a tot el món
Buscar

Papua Nova Guinea

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

La violencia de las fuerzas de seguridad continuaba siendo endémica, y sus víctimas más frecuentes eran la población reclusa y refugiada y las mujeres. Surgieron disputas sobre las elecciones que dieron lugar a enfrentamientos violentos y muertes en algunas partes del país. Más de 800 refugiados y solicitantes de asilo seguían atrapados en Papúa Nueva Guinea, adonde las autoridades australianas los habían enviado por la fuerza. La muerte de dos refugiados con problemas mentales graves suscitó preocupación por la calidad de la atención médica.

La política de Australia de recluir a refugiados en la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea) y tramitar desde allí sus solicitudes dio lugar a la violación sistemática de los derechos de cientos de personas. El refugiado iraní Loghman Sawari, que había sido devuelto a Papúa Nueva Guinea por Fiyi —país al que había huido para pedir asilo—, fue detenido y acusado en febrero. Papúa Nueva Guinea aseguró que Loghman Sawari había facilitado información falsa para conseguir un pasaporte. Sin embargo, en septiembre los tribunales desestimaron todos cargos en su contra por falta de pruebas.

Se presumía que dos refugiados muertos en agosto y octubre, respectivamente, se habían suicidado. El pesquisidor de Papúa Nueva Guinea investigaba las circunstancias de estas muertes.

En septiembre fueron transferidos a Estados Unidos unos 25 refugiados, pero la gran mayoría de refugiados y solicitantes de asilo continuaban atrapados en la isla de Manus.

Los días 23 y 24 de octubre, agentes de inmigración y policías armados con barras metálicas obligaron a salir a los refugiados del centro de Lombrum y los trasladaron a Hillside Haus, a West Lorengau Haus o al centro de tránsito de East Lorengau. En la operación hubo heridos leves. Las instalaciones de Hillside Haus y West Lorengau Haus eran inadecuadas; los cortes de agua y electricidad eran frecuentes. Tras el traslado, los refugiados sufrieron amenazas y agresiones.

En abril, mandos de la marina de Papúa Nueva Guinea efectuaron disparos en el centro de refugiados de Lombrum, en la isla de Manus, a raíz de una pelea por el uso de un campo de fútbol próximo. Según la información inicialmente facilitada por Papúa Nueva Guinea y Australia, sólo se había efectuado un disparo al aire, por lo que no se trataba de un incidente grave de seguridad. Sin embargo, tras determinar las pruebas periciales que se habían efectuado varios disparos directamente dentro del centro y se había puesto en peligro la vida de los refugiados, los funcionarios de inmigración y el personal privado subcontratado, Australia confirmó que el número de personas heridas ascendía a nueve, entre ellas tres refugiados. Al concluir el año, no se había llevado a cabo ninguna investigación.

En mayo, las fuerzas de seguridad de Papúa Nueva Guinea abatieron a tiros a 17 detenidos durante un intento de fuga en la cárcel de la ciudad de Lae. Esta cárcel era ya conocida por sus deficientes condiciones, su falta de saneamiento y su masificación. Las autoridades afirmaron que se iban a investigar los hechos, pero al concluir el año no se había recibido más información. Aproximadamente la mitad de las personas detenidas en el centro eran presos preventivos que, en muchos casos, llevaban años en espera de juicio.

Entre finales de junio y agosto se celebraron elecciones generales. Las denuncias de corrupción, la mala gestión, la exclusión de numerosos votantes y la respuesta contundente de las autoridades generaron un clima de tensión que en algunos casos incluyó actos violentos o detenciones.

A mediados de agosto se produjo un estallido de violencia en las provincias de Enga y Tierras Altas del Sur en relación con una serie de escaños en disputa tras las elecciones. La violencia se saldó con la muerte de al menos 20 personas y la quema de 120 casas.

La violencia de género siguió siendo un problema importante. El 14 de octubre murió la destacada periodista Rosalyn Albaniel Evara. Sus familiares y amistades cercanas afirmaron que había sido víctima de violencia intrafamiliar. Al final del año no se habían presentado cargos.

En noviembre, una niña de seis años sufrió cortes y quemaduras a consecuencia de acusaciones de brujería en Enga. Su madre, Kepari Leniata, había muerto quemada en público en la ciudad de Mount Hagen en 2013, hechos por los que nadie había respondido ante la justicia. A menudo las autoridades no investigaban adecuadamente ni emprendían acciones judiciales en los casos de violencia tras acusaciones de brujería debido a que las creencias tradicionales estaban profundamente arraigadas entre los agentes de policía y en la comunidad.

En noviembre, el gobierno de Papúa Nueva Guinea anunció que se dedicarían 25 millones de kinas (7,8 millones de dólares estadounidenses) a luchar contra la violencia contra las mujeres, proteger a la infancia y abordar los actos de violencia tras acusaciones de brujería.

Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea
Jefa del Estado: reina Isabel II, representada por Robert Dadae (sustituyó a Michael Ogio en febrero)
Jefe del gobierno: Peter Charles Paire O’Neill