Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Decenas de personas perdieron la vida en los actos de violencia que se registraron durante las elecciones nacionales. La libertad de expresión se vio socavada por despidos de periodistas y nuevas restricciones a su labor. Se aprobaron leyes para reforzar la protección contra la violencia sexual y de género, pero continuaron registrándose elevados índices de violencia contra mujeres y niñas, en algunos casos tras acusaciones de brujería. Siguió muy restringido el acceso a atención médica adecuada. Se abolió la pena de muerte.

Información general

En febrero, el Parlamento certificó la aprobación de la reforma de 2021 de la Ley de Gestión del Cambio Climático, que tenía por objeto declarar la emergencia climática, mejorar el acceso a los fondos de adaptación al cambio climático y actualizar los planes nacionales de conformidad con los compromisos derivados del Acuerdo de París. En octubre se celebró la primera Cumbre Nacional sobre el Cambio Climático, con la asistencia de autoridades, empresas y entidades de la sociedad civil, en la que se revalidaron las prioridades del país a la hora de adaptarse a la crisis climática y mitigarla.

Las elecciones parlamentarias de agosto estuvieron acompañadas de actos de violencia generalizados, a consecuencia de los cuales unas 90.000 personas quedaron desplazadas, y resultaron dañadas o destruidas escuelas y otros edificios públicos.

Derecho a la vida

Entre mayo y agosto, los actos de violencia relacionados con las elecciones, exacerbados por las tensiones ya existentes entre comunidades, se saldaron con unas 50 muertes.

En julio, la policía mató a tiros a una joven de 22 años en un colegio electoral de la capital, Port Moresby. La policía afirmó estar investigando los hechos, pero al concluir el año no se habían presentado aún cargos contra nadie.

Libertad de expresión

En febrero, la cadena nacional de televisión EMTV despidió a su redacción al completo (24 personas en total) por haber abandonado sus puestos de trabajo en protesta por la suspensión de la directora de noticias y actualidad, Sincha Dimara —posteriormente despedida—, por su cobertura informativa crítica de las investigaciones policiales sobre la posesión de armas de fuego por parte de un destacado empresario australiano y otras actividades ilegales de éste.

El 31 de agosto, la oficina del primer ministro publicó en dos diarios unos anuncios en los que se informaba de que el primer ministro no aceptaría en lo sucesivo preguntas directas de los medios de comunicación y se instaba a los periodistas a remitir sus preguntas por escrito. Al mes siguiente se anunció la implantación de un procedimiento de solicitud de visado más restrictivo para el personal de prensa extranjero.

Derechos de las mujeres y violencia de género

En enero, el Parlamento aprobó una reforma de la Ley de Protección a la Familia que incluía definiciones más detalladas de la agresión, el maltrato psicológico, la agresión sexual y la violencia intrafamiliar agravada. Además, eliminaba la necesidad de pagar tasas judiciales para solicitar una orden de protección. Sin embargo, tanto la discriminación de las mujeres como la violencia de género seguían siendo prácticas generalizadas.

En abril publicó su informe final el Comité Parlamentario Especial sobre Violencia de Género, nombrado en 2020. Entre sus conclusiones clave, el texto señalaba que los servicios de protección a las mujeres, tales como los relacionados con la salud, la actuación policial, la orientación psicológica, las casas de acogida y la interposición de acciones judiciales, adolecían de una grave insuficiencia de recursos. Al concluir el año, el gobierno seguía sin tomar medidas para cumplir las recomendaciones del Comité, incluida la de mejorar la representación de las mujeres en el Parlamento (de los 118 parlamentarios elegidos en agosto, sólo 2 eran mujeres). De igual forma, las mujeres seguían muy infrarrepresentadas en otras áreas de la vida política y pública.

En enero, el Parlamento aprobó una reforma del Código Penal que tipificaba como delito realizar acusaciones de brujería y afirmar tener poderes sobrenaturales para identificar a “brujos”. Aun así, siguió habiendo noticias sobre agresiones —en su mayoría contra mujeres y niñas— a raíz de acusaciones de brujería. En julio, unas 12 mujeres acusadas de brujería —una de ellas, embarazada— fueron agredidas sexualmente y quemadas por personas de su comunidad en la provincia de Enga. Cuatro de ellas murieron y otras resultaron gravemente heridas.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Aunque en 2021 se había puesto fin al acuerdo entre los gobiernos de Papúa Nueva Guinea y Australia que permitía la tramitación extraterritorial de solicitudes de protección internacional, aún quedaban en Papúa Nueva Guinea unas 100 personas refugiadas y solicitantes de asilo. El gobierno australiano continuó proporcionando financiación a Papúa Nueva Guinea, pero se desvinculó de cualquier responsabilidad con respecto a esas personas.

Derecho a la salud

Al concluir el año, sólo un 5% de la población, aproximadamente, había recibido la pauta de vacunación completa contra la COVID-19. Los centros de salud, sobre todo en las zonas rurales, se vieron muy afectados por la violencia electoral y los enfrentamientos entre etnias, y algunos tuvieron que cerrar.

Pena de muerte

En abril entró en vigor la reforma del Código Penal que abolía la pena de muerte.¹

1. Papua New Guinea: Increased Participation of Civil Society Hailed a Success in Human Rights Review, 13 de abril