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Palestina (Estat de)

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las autoridades palestinas de Cisjordania y la administración de facto de Hamás en la Franja de Gaza intensificaron sus restricciones de la libertad de expresión. En ambas zonas, las fuerzas de seguridad torturaban e infligían otros malos tratos con impunidad a las personas detenidas. Las autoridades de Cisjordania aplicaron a la administración de Hamás medidas punitivas que limitaban aún más el acceso de la población civil a servicios esenciales, exacerbando la crisis humanitaria derivada del bloqueo militar israelí de Gaza. En las dos zonas, las mujeres seguían sufriendo discriminación y violencia. Los tribunales de Gaza impusieron condenas a muerte, y Hamás llevó a cabo ejecuciones públicas; no se practicaron ejecuciones en Cisjordania.

Gaza continuaba sometida al bloqueo aéreo, marítimo y terrestre israelí, vigente desde junio de 2007. La persistencia de las restricciones a las exportaciones paralizó la economía y exacerbó el empobrecimiento generalizado de los 2 millones de habitantes del territorio. Las autoridades egipcias mantuvieron el cierre casi total del paso fronterizo de Rafá con Gaza, agravando el impacto del bloqueo israelí.

Persistieron durante gran parte del año las divisiones entre el gobierno de “consenso nacional”, con sede en Ramala, y la administración de facto de Hamás en Gaza. En un intento evidente de recuperar el control de la Franja de Gaza, las autoridades palestinas introdujeron una serie de medidas punitivas contra Hamás, que seguían en vigor al finalizar el año.

En octubre, el gobierno de “consenso nacional” celebró una reunión del gabinete en Gaza, con la mediación de las autoridades egipcias, después de que Hamás anunciara su disposición a disolver el comité con el que administraba Gaza y pidiera la celebración de elecciones legislativas y presidenciales en Cisjordania y Gaza. Ese mismo mes, los dos partidos políticos rivales Hamás y Fatah firmaron un acuerdo de reconciliación en El Cairo (Egipto) para poner fin al decenio de división entre Cisjordania y Gaza, administrada ésta por Hamás. En noviembre, el gobierno de “consenso nacional” tomó el control del paso fronterizo entre Gaza y Egipto y de los puestos de control próximos a los pasos con Israel.

Mientras prosiguieron las luchas políticas internas, las autoridades de Cisjordania y Gaza se valieron de amenazas e intimidación a activistas y periodistas para reprimir el ejercicio pacífico de la libertad de expresión, en especial las denuncias y críticas. Según la ONG Centro Palestino para el Desarrollo y la Libertad de Prensa, durante 2017 las autoridades palestinas de Cisjordania fueron responsables de 147 ataques contra la libertad de prensa. Éstos incluyeron detenciones arbitrarias, malos tratos durante interrogatorios, confiscación de equipos, agresiones físicas, prohibiciones de informar y el cierre de 29 sitios web críticos con las autoridades de Cisjordania. En Gaza, las autoridades de Hamás fueron responsables de 35 ataques de este tipo.

En enero, las fuerzas de seguridad de Gaza dispersaron con violencia en el campo de refugiados de Yabalia una protesta contra la mala gestión de Hamás de la crisis eléctrica (véase infra). Se detuvo, amenazó y, en algunos casos, torturó a activistas y a organizadores de las manifestaciones por haberlas convocado. El activista Mohammad al Talowli fue detenido en tres ocasiones a lo largo del año por su participación en la organización de las protestas, y recibió amenazas de muerte.

Se impidió que trabajasen libremente en Gaza periodistas que colaboraban con medios de comunicación afines a las autoridades de Cisjordania. El 6 de junio, las Fuerzas de Seguridad Interna de Hamás detuvieron a Fouad Jaradeh, corresponsal de Palestine TV, que fue juzgado por un tribunal militar por “colaborar con Ramala”. Quedó en libertad en agosto.

En julio se aprobó la Ley de Delitos Electrónicos (Ley 16 de 2017), que permitía la detención arbitraria de periodistas, de personas que denunciaran irregularidades y de quienes criticasen a las autoridades en Internet. La Ley preveía penas de prisión y de hasta 25 años de trabajos forzados para cualquier persona considerada culpable de haber alterado el “orden público”, la “unidad nacional” o la “paz social”. Un proyecto modificado proponía eliminar varias disposiciones represivas, pero mantenía otras que permitían restricciones arbitrarias del derecho a la libertad de expresión, a la privacidad y a la protección de datos. Al terminar el año el proyecto no se había hecho público.

En agosto se presentaron formalmente cargos contra seis periodistas palestinos en aplicación de la Ley de Delitos Electrónicos. En junio y julio, las Fuerzas de Seguridad Preventiva citaron al menos a 10 periodistas para interrogarlos por haber criticado públicamente la Ley. Se sometió a interrogatorio, hostigamiento y amenazas a defensores y defensoras de los derechos humanos debido a su labor, incluidas las críticas a la Ley de Delitos Electrónicos.

El destacado defensor de los derechos humanos Issa Amro estuvo detenido una semana en septiembre y fue acusado de varios delitos previstos en la Ley de Delitos Electrónicos y en el Código Penal jordano de 1960, que seguía en vigor en Cisjordania.

La tortura y otros malos tratos bajo custodia continuaban siendo práctica habitual, cometida con impunidad por la policía y las fuerzas de seguridad palestinas en Cisjordania y por la policía y las fuerzas de seguridad de Hamás en Gaza. La Comisión Independiente de Derechos Humanos, órgano nacional de derechos humanos de Palestina, recibió cientos de denuncias de tortura y otros malos tratos de personas detenidas en Cisjordania y Gaza.

En septiembre, dos detenidos, uno de ellos de 16 años, murieron en circunstancias no aclaradas en centros de detención controlados por Hamás en la ciudad de Gaza. La Fiscalía de Gaza anunció una investigación que no había concluido al finalizar el año.

Al menos un activista detenido en relación con su liderazgo en las protestas contra la mala gestión de la crisis eléctrica por parte de Hamás denunció que sus fuerzas de Seguridad Interna lo habían torturado bajo custodia. Durante alrededor de cuatro días lo habían golpeado con una tubería de plástico, le habían vendado los ojos y lo habían obligado a sentarse en posturas en tensión con las manos esposadas. Otras personas denunciaron malos tratos.

Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva para dispersar protestas en Cisjordania y Gaza.

El 12 de marzo, las fuerzas de seguridad palestinas usaron fuerza excesiva para reprimir con violencia una protesta pacífica frente al Tribunal de Distrito de Ramala, en Cisjordania. Al menos 13 hombres y 8 mujeres resultaron heridos, entre ellos 4 periodistas que informaban de la protesta, y 17 fueron hospitalizados. Las personas heridas sufrieron contusiones debidas a fuertes golpes con porras de madera o al impacto de botes de gas lacrimógeno. Farid al Atrash, abogado, defensor de los derechos humanos y director de la oficina de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Belén, denunció que la policía lo había golpeado con porras de madera hasta hacerle caer al suelo.

La comisión establecida por el primer ministro Hamdallah para investigar el incidente concluyó que el uso de la fuerza para dispersar la protesta había violado normativas gubernamentales e hizo una serie de recomendaciones, incluidas medidas de reparación y rendición de cuentas. Pese al compromiso expreso del primer ministro de cumplirlas, las recomendaciones no se aplicaron, y ninguno de los funcionarios responsables de la violencia respondió ante la justicia.

Las mujeres y las niñas continuaban estando discriminadas en la ley y en la práctica y no recibían protección adecuada contra la violencia sexual y de género, incluidos los homicidios en nombre del “honor”. Según la sociedad civil, al menos 28 mujeres y niñas fueron víctimas de homicidios de este tipo cometidos por familiares varones.

El Código Penal jordano permitía que los jueces recurrieran a estereotipos en torno a la sexualidad femenina para justificar la reducción al mínimo de las condenas impuestas a los hombres declarados culpables de homicidios en nombre del “honor”.

Seguía vigente el artículo 308 del Código Penal jordano, que permitía que quienes cometieran una violación o agresión sexual eludieran el castigo casándose con la víctima.

Más de tres años después de que el Estado de Palestina se adhiriese a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, no se había modificado la legislación nacional con arreglo a ella. La Ley del Estado Civil jordana, todavía aplicable, seguía discriminando a las mujeres en lo relativo al matrimonio, la herencia, el divorcio, la tutela y los derechos de propiedad.

El gobierno palestino con sede en Ramala impuso varias medidas punitivas contra Gaza en un intento de presionar a la administración de Hamás para que entregase el control del territorio. Estas medidas dificultaron el acceso de la población civil a la atención médica, a servicios esenciales como el agua y la electricidad, y a la educación, lo que contribuyó a la comisión de violaciones de los derechos a la salud, a un nivel de vida adecuado y a la educación.

En mayo, las autoridades de Cisjordania informaron a Israel de que pagarían sólo el 70% del coste mensual del suministro de electricidad israelí a Gaza, porque Hamás no se lo abonaba a ellas. Como consecuencia, el suministro de electricidad a Gaza se redujo de una media de 8 horas diarias a entre 2 y 4 horas.

Las autoridades de Cisjordania recortaron un 30% el salario de alrededor de 60.000 funcionarios públicos de Gaza, menoscabando su derecho a un nivel de vida adecuado y desencadenando protestas multitudinarias.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, en marzo las autoridades de Cisjordania suspendieron los pagos para el traslado de personas que necesitaban tratamiento médico fuera de Gaza, retrasando los traslados de alrededor de 1.400 enfermos. Las ONG denunciaron que las demoras en los trámites causaron la muerte de varias personas, incluidos bebés. La ONU informó de retrasos en la transferencia de medicamentos y suministros médicos esenciales a hospitales de Gaza que afectaron a la salud a largo plazo de los pacientes. Las autoridades de Hamás informaron de la escasez de leche maternizada, de la que culparon a las autoridades de Cisjordania.

En Gaza se aplicó la pena de muerte. Se ejecutó a seis personas condenadas a muerte por tribunales civiles y militares tras ser declaradas culpables de “colaboración con Israel” u otros delitos.

En mayo, Hamás ejecutó a tres hombres en Gaza por el presunto asesinato de un alto mando de la organización. Habían sido condenados a muerte en un juicio que duró una semana y que se desarrolló en sólo cuatro breves sesiones. Las ejecuciones se llevaron a cabo en una plaza pública de la ciudad de Gaza; dos de los condenados fueron ahorcados y, el tercero, fusilado. También se transmitieron en directo en medios sociales.

No hubo condenas a muerte ni ejecuciones en Cisjordania.

Persistía la impunidad de los abusos contra los derechos humanos, homicidios ilegítimos y tortura incluidos, en Cisjordania y Gaza. No se abrieron investigaciones criminales sobre las aparentes ejecuciones extrajudiciales de Fares Halawa y Khaled al Aghbar por las fuerzas de seguridad palestinas en Nablús en agosto de 2016, ni respondió nadie ante la justicia por la muerte por torturas de Ahmad Izzat Halawa en la prisión de Jneid ese mismo mes.

En Gaza, las autoridades de Hamás no tomaron ninguna medida para enjuiciar a miembros de sus fuerzas y de su brazo militar, las Brigadas Izz Al Din Al Qassam, por ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2014 y 2016.

Estado de Palestina
Jefe del Estado: Mahmud Abás
Jefe del gobierno: Rami Hamdallah