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Pakistan

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Se intensificó la represión de la libertad de expresión. Se empleó la Ley sobre Prevención de Delitos Electrónicos de 2016 para intimidar, hostigar y detener de manera arbitraria a defensores y defensoras de los derechos humanos por comentarios en Internet. La desaparición forzada era práctica habitual y la impunidad, frecuente. La violencia relacionada con la blasfemia se cobró la vida de un estudiante, lo que provocó una insólita condena por parte del gobierno. Hubo manifestaciones multitudinarias en favor de la legislación sobre la blasfemia, que se empleaba para condenar a personas por expresar su opinión en Internet. Hubo ataques a periodistas a manos de agresores no identificados. Las minorías continuaban estando discriminadas con respecto al disfrute de los derechos económicos y sociales. El Parlamento bloqueó los intentos de restringir el matrimonio precoz. Se siguieron cometiendo feminicidios en nombre del “honor”, a pesar de que una ley de 2016 tipificaba como delito dicha práctica.

En julio, el Tribunal Supremo inhabilitó al primer ministro Nawaz Sharif por no desvelar que tenía asignado un sueldo de una empresa extranjera. Taras su dimisión, la autoridad del gobierno se vio progresivamente mermada, pues miembros de la familia Sharif y ministros del gobierno pasaron a ser objeto de nuevas investigaciones por corrupción. El ministro de Justicia dimitió en noviembre tras semanas de protestas en las que fue acusado de blasfemia. El ejército incrementó su control sobre la política exterior, la seguridad nacional y la gobernanza cotidiana ante las elecciones previstas para agosto de 2018.

Persistía la tensión entre India y Pakistán sobre un trasfondo de tiroteos desde ambos lados de la línea de control que dividía el territorio disputado de Cachemira. Las relaciones con Afganistán se deterioraron a medida que ambos países se lanzaban acusaciones mutuas de usar sus respectivos territorios como plataforma para lanzar ataques armados. En virtud de su nueva política para Asia Meridional, Estados Unidos señaló a Pakistán como fuente de inestabilidad en Afganistán, lo que abrió la perspectiva de una ruptura de las relaciones. Pakistán se apartó de Occidente y estrechó vínculos con China con la ampliación del corredor económico chino-pakistaní, un proyecto de infraestructura de miles de millones de dólares estadounidenses.

En octubre, Pakistán fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Durante el año, dos órganos de la ONU —el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Humanos— examinaron el historial de Pakistán en materia de derechos humanos; el país también se sometió al examen periódico universal.

Continuaron los ataques contra la libertad de expresión, en particular contra quienes publicaban comentarios en Internet. En enero fueron sometidos a desaparición forzada cinco blogueros que habían hecho comentarios anónimos en Internet considerados críticos con el ejército. Cuatro de los blogueros fueron puestos en libertad posteriormente. Dos de ellos dijeron después que habían sido torturados bajo la custodia de los servicios de inteligencia militar. El quinto continuaba desaparecido. Se empleó la draconiana Ley sobre Prevención de Delitos Electrónicos de 2016 para practicar varias detenciones a lo largo del año, entre ellas la del periodista Zafarullah Achakzai, reportero del diario Daily Qudrat, en junio. Durante las semanas que siguieron se detuvo a simpatizantes de distintos partidos políticos por publicar en las redes sociales contenido crítico con las autoridades. No se adoptó medida alguna contra cuentas de redes sociales pertenecientes a grupos armados que incitaban a la discriminación y la violencia.

Se enjuició a personas que habían sido acusadas, particularmente en relación con su actividad en las redes sociales, de vulnerar presuntamente leyes sobre la blasfemia imprecisa y excesivamente amplias que criminalizaba la libertad de expresión pacífica si se consideraba que ofendía sentimientos religiosos. En junio, un tribunal antiterrorista de la provincia de Punyab, en el sur del país, condenó a muerte a Taimoor Raza por publicar comentarios presuntamente blasfemos en Facebook. En septiembre, un tribunal de la ciudad de Gujrat condenó a muerte a Nadeem James, de religión cristiana, por compartir un poema “blasfemo” a través de WhatsApp.

Las acusaciones de blasfemia provocaron el homicidio a modo de ejecución del estudiante universitario Mashal Khan en la ciudad de Mardan. En abril, una turba de estudiantes irrumpió en el albergue donde se hospedaba y, tras desnudarlo y golpearlo reiteradamente, dispararon contra él. El entonces primer ministro Nawaz Sharif prometió tomar medidas contra quienes “utiliza[ba]n de manera indebida” la legislación sobre la blasfemia. Seis días después, un “curandero religioso” acusado de blasfemia murió de modo similar en su domicilio, en la ciudad de Sialkot, a manos de tres agresores. Dos días después, en la ciudad de Chitral, una multitud atacó a un hombre acusado de blasfemia e hirió a varios agentes de policía que trataban de protegerlo. En mayo, un niño de diez años murió y otras cinco personas resultaron heridas en la localidad de Hub, en Baluchistán, cuando una turba intentó atacar a Prakash Kumar, de religión hindú, por publicar presuntamente una imagen ofensiva en Internet.

Altos funcionarios del gobierno exacerbaron las tensiones en torno a los delitos relacionados con la blasfemia. En marzo, el entonces ministro del Interior Nisar Ali Khan calificó a los denominados blasfemos de “enemigos de la humanidad”. En febrero y marzo, el Tribunal Superior de Islamabad ordenó retirar contenido presuntamente blasfemo de Internet y dio instrucciones al gobierno para que iniciara procedimientos contra las personas responsables de haberlo cargado.

Blogueros y blogueras, periodistas, profesionales del derecho, activistas y otros defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían acoso, intimidación, amenazas, violencia y desapariciones forzadas. Los cinco blogueros que habían sido sometidos a desaparición forzada y las personas que con su activismo habían hecho campaña por su liberación fueron objeto de una campaña difamatoria que los acusaba de ser “blasfemos” y estar “contra Pakistán”, “contra el ejército” y “contra el islam”. Los defensores y defensoras de los derechos humanos criticados en televisión y en las redes sociales hacían frente a amenazas de muerte, lo que obligaba a algunos a autocensurarse y buscar protección para su integridad física.

En mayo, en la puerta del domicilio de Rana Tanveer, un periodista que cubría los abusos contra las minorías religiosas, aparecieron pintadas con amenazas de muerte. Unas semanas después, un automóvil chocó deliberadamente contra su motocicleta y lo derribó, causándole graves lesiones. En septiembre, Matiullah Jan —periodista que había expresado críticas frecuentes a las injerencias del ejército en la política— fue atacado por unos hombres en motocicleta que lanzaron un gran trozo de hormigón contra el automóvil en el que viajaba con sus hijos, haciendo añicos el parabrisas. En octubre, el periodista Ahmad Noorani, que hablaba sin tapujos sobre temas políticos, fue agredido por unos hombres en motocicleta que detuvieron su automóvil y lo golpearon, incluso con barras de hierro. Al concluir el año no se tenía constancia de que nadie hubiera rendido cuentas por ninguno de estos ataques.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían siendo sometidos a desapariciones forzadas, pero en algún caso reaparecieron. Raza Khan, activista en favor de la paz radicado en Lahore, fue sometido a desaparición forzada en diciembre. Punhal Sario, activista contra las desapariciones forzadas en la provincia de Sind que había desaparecido en agosto, regresó a casa en octubre. Zeenat Shahzadi, la primera mujer periodista sometida a desaparición forzada, fue hallada cerca de la frontera de Afganistán en octubre, 26 meses después de haber desaparecido en Lahore. Volvió a desaparecer en noviembre, y al final del año seguía sin conocerse su paradero. En octubre y noviembre, decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos sindis y baluchis fueron sometidos a desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad pakistaníes. Algunas de estas personas regresaron a casa días después, pero otras permanecían desaparecidas al concluir el año.

El espacio para la sociedad civil siguió menguando, ya que el Ministerio del Interior empleó sus amplios poderes para socavar la capacidad de los defensores y defensoras de los derechos humanos y las ONG de trabajar de manera independiente. En noviembre, el Ministerio del Interior ordenó a 29 ONG internacionales que suspendieran sus actividades y abandonaran el país en cuestión de días.

Según la Encuesta Nacional sobre Nutrición, alrededor del 58% de los hogares sufría de inseguridad alimentaria, y se calculaba que el 44% de los niños y niñas no lograban desarrollarse o eran de baja estatura para su edad. El porcentaje era significativamente más elevado en las Zonas Tribales bajo Administración Federal y en Baluchistán.

El gobierno no adoptó medidas contra quienes mantenían a personas trabajando en condiciones de servidumbre en zonas rurales. Seguía sin aplicarse adecuadamente la Ley de Abolición del Sistema de Trabajo Cautivo de 1992 por razones como la falta de claridad de los jueces de los tribunales de primera instancia en relación con el texto y la inacción de la policía ante las denuncias.

En su examen de 2017, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU observó que más del 73% de los trabajadores y trabajadoras, en su mayoría mujeres, estaban empleados en la economía sumergida y carecían de protección laboral y social. El comité pidió a Pakistán que abordara la brecha salarial de género, que había aumentado del 34% en 2008 al 39% en 2015. El comité también señaló la necesidad urgente de aumentar el gasto en el sector social, especialmente en salud y en educación. Asimismo afirmó que debían tomarse las medidas necesarias para reducir la diferencia de matriculaciones de niñas y niños en el sistema educativo.

El gobierno reconoció a las personas que lo desearan el derecho a registrarse como “tercer sexo” en el documento nacional de identidad, lo que suponía un avance histórico para los derechos de las personas LGBTI. Las personas transgénero fueron reconocidas por primera vez en el censo nacional, por orden del Tribunal Superior de Lahore.

A pesar de esta victoria simbólica, las personas transgénero seguían sufriendo acoso y ataques violentos. En agosto, una mujer transgénero de 25 años llamada Chanda murió por disparos en Karachi. En septiembre, cinco hombres irrumpieron en una casa alquilada por un grupo de mujeres transgénero en la ciudad de Karachi y las sometieron a violencia sexual, incluida la violación en grupo de dos de ellas.

No se promulgó legislación clave para proteger los derechos de las mujeres ni se aplicó la que existía. Seguía sin ratificarse el borrador del Código Penal de Sind (Protección de las Minorías), que tipificaba como delito las conversiones forzosas de mujeres pertenecientes a grupos religiosos minoritarios. La Cámara Alta del Parlamento bloqueó un proyecto de ley que habría igualado la edad de libre consentimiento para el matrimonio de hombres y mujeres, al elevar la edad mínima de matrimonio de las niñas de los 16 a los 18 años.

Continuó la violencia contra mujeres y niñas, incluidos los homicidios cometidos por familiares en nombre del “honor”. Un total de 94 mujeres fueron asesinadas por familiares cercanos en la provincia de Jyber Pajtunjwa, en el noroeste del país. En varios casos no se llevaron a cabo investigaciones ni se hizo rendir cuentas a los responsables.

Los sistemas de justicia paralelos y no oficiales seguían socavando el Estado de derecho y dictando “sentencias” injustas que castigaban a las mujeres y las niñas. En julio, un consejo de aldea del distrito de Multan ordenó y llevó a cabo la violación de una adolescente en “venganza” por un delito presuntamente cometido por su hermano. En agosto se exhumaron en Karachi los cadáveres de una pareja de adolescentes que presentaban indicios de haber sido sometidos a descargas eléctricas. La pareja había sido condenada a muerte por un jirga (consejo tribal). En septiembre, un hombre mató a sus dos hijas en la ciudad de Peshawar porque sospechaba que tenían novio.

La ley de 2016, que igualaba las penas para los denominados homicidios en nombre del “honor” con las penas para el delito de asesinato, resultó ineficaz. Esta ley, que prescribía la pena de muerte, permitía al juez decidir si el delito “se basaba en el honor”. En algunas causas, los acusados lograron alegar algún otro motivo y fueron indultados por las familias de las víctimas en aplicación de las leyes de qesas y diyat, que permitían el dinero de sangre y el perdón en lugar del castigo.

Se siguió expulsando a personas refugiadas afganas, aunque a un ritmo mucho menor. Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, durante el año hubo 59.020 retornos involuntarios de personas refugiadas afganas, frente a más de 380.000 en 2016 (en las expulsiones colectivas que había desencadenado el aumento de la tensión entre los gobiernos de Pakistán y Afganistán). Más de 2 millones de personas afganas seguían corriendo peligro de ser devueltas, puesto que su situación de residencia legal vencía al concluir el año.

Se amplió dos años más el mandato de los tribunales militares para juzgar a civiles sospechosos de “terrorismo”. Se siguieron recibiendo informes sobre la implicación de las fuerzas de seguridad en violaciones de derechos humanos tales como tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Persistía la impunidad debido a la ausencia de mecanismos independientes e imparciales para investigar y llevar ante la justicia a los responsables. Aunque el número de ataques efectuados por grupos armados descendió, decenas de personas murieron en atentados con explosivos dirigidos contra las fuerzas de seguridad, minorías religiosas y otros grupos.

República Islámica de Pakistán
Jefe del Estado: Mamnoon Hussain
Jefe del gobierno: Shahid Khaqan Abbasi (sustituyó a Muhammad Nawaz Sharif en agosto)