Pakistan

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Aumentó la inestabilidad política y las autoridades continuaron atacando a la disidencia, la oposición política y las voces críticas con el gobierno y con el estamento militar. Continuaron perpetrándose violaciones de derechos humanos tales como desapariciones forzadas, arrestos y detenciones arbitrarios, restricciones excesivas a las protestas y violencia contra las minorías religiosas, con escasa o nula justicia para las víctimas. Las personas transgénero se enfrentaron a una avalancha de actos de violencia, hostigamiento y discriminación tras una feroz campaña de desinformación y ataques a la legislación que protegía sus derechos. Pakistán luchó contra el aumento de fenómenos meteorológicos extremos y catástrofes naturales debidos al cambio climático.

Información general

La agudización de la crisis económica se caracterizó por una inflación galopante que alcanzó el 29,66% en diciembre, según la Oficina de Estadística de Pakistán. El aumento del coste de la vida y de los precios del combustible afectaron gravemente a la población, en un contexto de crecientes tensiones políticas.

El primer ministro interino, Anwar ul Haq Kakar, asumió el cargo el 14 de agosto, antes de las elecciones generales que, según la Constitución, debían celebrarse en un plazo de 90 días a partir del nombramiento de un gobierno interino. Sin embargo, la Comisión Electoral de Pakistán solicitó la ampliación de este plazo a fin de actualizar la delimitación de las circunscripciones según los nuevos resultados del censo. En noviembre, tras la intervención del Tribunal Supremo, se fijó la fecha de las elecciones para el 8 de febrero de 2024.

Libertad de reunión pacífica

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, horas antes de la celebración anual de la Marcha de las Mujeres (Aurat March), el mayor movimiento de mujeres del país, y de una concentración del partido político de la oposición Movimiento de Pakistán por la Justicia (PTI), el Departamento del Interior de Punyab emitió una notificación por la que se prohibía “todo tipo de protestas, manifestaciones y sentadas” durante los siete días siguientes en el distrito de Lahore. Esta prohibición general fue considerada ilegal, ya que las autoridades no demostraron suficientemente su necesidad y se limitaron a esgrimir razones imprecisas, como “la situación general de seguridad”.¹

La prohibición se impuso en virtud del artículo 144 del Código de Procedimiento Penal, una ley de la época colonial (1898) muy utilizada por las administraciones de distrito para restringir concentraciones. Varios días antes, el 3 de marzo, la administración del distrito de Lahore había denegado el permiso para la Marcha de las Mujeres en Lahore, justificando la negativa, entre otras razones, por la exhibición de “polémicos letreros y pancartas para concienciar sobre los derechos de las mujeres”. La decisión fue recurrida con éxito ante el Tribunal Superior de Lahore, que autorizó la marcha, antes de que en la mañana en que estaba convocada se estableciera la prohibición general de celebrarla.

El 8 de marzo, la policía dispersó violentamente a personas que participaban pacíficamente en la Marcha de las Mujeres de la capital, Islamabad, y utilizó alambre de espino y contenedores para bloquear el lugar de la protesta. En el transcurso de la dura respuesta oficial resultaron heridas tanto mujeres como personas transgénero (khawajasara). En la concentración del PTI murió una persona.

El ex primer ministro Imran Khan fue detenido el 9 de mayo por cargos de corrupción. Ese mismo día, sus simpatizantes salieron a la calle por todo el país para protestar por su detención. Algunos grupos entraron por la fuerza en el cuartel general del ejército de la ciudad de Rawalpindi y otros incendiaron la residencia oficial de un alto mando del ejército en Lahore. Aunque hubo focos de violencia entre quienes protestaban, el ejército y la policía emplearon la fuerza de manera ilegítima para responder a ella, lo que, según los medios de comunicación, provocó la muerte a al menos ocho personas y heridas a cientos más.

En diciembre, la policía cargó con porras y empleó gas lacrimógeno y cañones de agua contra la Larga Marcha Baluchi de Islamabad, en la que detuvo a más de 200 personas que se manifestaban pacíficamente, entre ellas un elevado número de mujeres, niños y niñas y personas de edad avanzada. Posteriormente estas personas quedaron en libertad.

Detención y reclusión arbitrarias

Las autoridades utilizaron la Ordenanza de Mantenimiento del Orden Público y la imprecisa Ley Antiterrorista para reprimir a la oposición política. En mayo detuvieron arbitrariamente a más de 4.000 personas, entre las que había dirigentes del ámbito político, acusándolas de haber cometido delitos durante las protestas del 9 de mayo. Las autoridades explicaron que habían utilizado servicios de geolocalización, vigilado las redes sociales y empleado cámaras de seguridad para identificar a los presuntos autores.

En contravención del derecho a un juicio justo y de las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se remitieron a tribunales militares las causas de 103 personas civiles acusadas en relación con las protestas del 9 de mayo. Los juicios siguieron adelante, pese a la existencia de causas pendientes de resolución ante el Tribunal Supremo que impugnaban la constitucionalidad de los tribunales militares. La Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó irregularidades en los procedimientos de arresto y en las normas penitenciarias. El 9 de junio, se habían registrado ya 295 casos en Punyab, la provincia con más detenciones, 52 de ellas en aplicación de la Ley Antiterrorista de 1997. Muchos manifestantes, entre quienes figuraba la destacada simpatizante del PTI Khadija Shah, que había pasado más de siete meses detenida, corrían peligro de ser nuevamente detenidos, pese a haber quedado en libertad bajo fianza. Según informes, se obligó a dimitir y abandonar el partido a gran número de dirigentes del PTI.

El abogado de derechos humanos Jibran Nasir fue secuestrado durante breve tiempo el 1 de junio. El 20 de agosto, la abogada y defensora de los derechos humanos Imaan Mazari, activistas del Movimiento para la Protección de la Etnia Pastún (PTM) y uno de los líderes de este movimiento, Ali Wazir, fueron detenidos por presuntos delitos de sedición, daño a bienes públicos y obstrucción de la labor de funcionarios públicos. Las detenciones se produjeron tras su participación en la jalsa o concentración pública del PTM, celebrada en Islamabad el 18 de agosto, y violaron su derecho a la libertad de reunión, asociación y expresión. La detención de Imaan Mazari no se ajustó al debido proceso. Imaan Mazari y Ali Wazir quedaron en libertad bajo fianza el 28 de agosto, pero ese mismo día volvieron a ser detenidos por cargos de terrorismo. Al mes siguiente, ambos quedaron en libertad bajo fianza. Ali Wazir volvió a ser detenido el 14 de noviembre, acusado de pronunciar discursos contra las instituciones del Estado, y quedó en libertad 8 días después. El dirigente del PTM Manzoor Pashteen fue detenido el 4 de diciembre tras haber hablado en una sentada organizada en Chaman (Baluchistán) contra la exigencia de pasaporte y visado en la frontera entre Pakistán y Afganistán. Al concluir el año continuaba bajo custodia.

Libertad de expresión

El 4 de febrero, la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán bloqueó Wikipedia por haberse negado esta plataforma a retirar “contenidos sacrílegos”. El bloqueo se levantó dos días después.

El 5 de marzo, el Consejo Nacional Regulador de Medios de Comunicación Electrónicos de Pakistán prohibió totalmente la emisión de discursos de Imran Khan y suspendió las retransmisiones del canal privado de noticias ARY TV. El organismo acusó a Imran Khan de atacar a las instituciones del Estado y promover el odio. A partir del 9 de mayo, tras la detención de Imran Khan, la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán impuso una prohibición “indefinida” de Internet en dispositivos móviles y bloqueó las principales plataformas de redes sociales, como YouTube, Twitter (ahora X) y Facebook. Aunque las autoridades afirmaban haber restablecido el acceso a Internet en dispositivos móviles el 12 de mayo, la población siguió teniendo dificultades para acceder a las redes sociales. En diciembre se bloqueó durante horas el acceso a las redes sociales en todo el país mientras se celebraba la concentración “virtual” del PTI.

Antes del nombramiento del gobierno provisional en agosto, el Parlamento aprobó al menos seis leyes y enmiendas que pretendían restringir la libertad de expresión y el espacio cívico, incluido el espacio para el debate parlamentario y la disidencia.

El 15 de agosto, el presidente Arif Alvi sancionó la imprecisa Ley de Reforma del Consejo Nacional Regulador de Medios de Comunicación Electrónicos de Pakistán de 2023. Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como los medios de comunicación se mostraron preocupados por el posible empleo de esta ley para restringir aún más la libertad de expresión.

Derechos de las mujeres y de las niñas

La violencia contra las mujeres y las niñas siguió siendo endémica, y para muchas de ellas continuó siendo imposible acceder a la justicia. El gobierno siguió sin tomar medidas concretas para aprobar el proyecto de Ley de Prevención y Protección frente a la Violencia de Género Intrafamiliar de 2021, a pesar de haberse comprometido a hacerlo durante su cuarto Examen Periódico Universal.

El 16 de agosto se presentó en Hyderabad una denuncia por asesinato tras la muerte de una niña de 9 años empleada como trabajadora doméstica. En unos vídeos que se publicaron de la niña en casa de sus empleadores se apreciaban en ella signos de malos tratos físicos, y el informe de la autopsia demostró que había sido violada y agredida. En julio, una niña de 15 años empleada como trabajadora doméstica fue hospitalizada con signos de malos tratos físicos, abandono y desnutrición. En noviembre, una mujer murió en Kohistán, víctima de un “homicidio por honor” ordenado por un jirga (consejo tribal).²

Desapariciones forzadas

Como en años anteriores, las autoridades sometieron impunemente a desaparición forzada a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y voces críticas con el gobierno y con el estamento militar. Las familias continuaron haciendo campaña pública en favor de la verdad y la justicia para sus seres queridos desaparecidos.

Tras las violentas protestas del 9 de mayo se produjo un aluvión de desapariciones de personas críticas con el gobierno. Entre ellas figuraban el youtuber Imran Riaz Khan, que desapareció el 11 de mayo,³ y dirigentes del ámbito político, como Usman Dar. Ambos reaparecieron al cabo de 4 meses y un mes, respectivamente, sin que se presentaran cargos contra ellos. Nadie rindió cuentas por su desaparición ni por las de otras personas.

A lo largo del año hubo muchos informes de desapariciones en la provincia de Baluchistán y de estudiantes baluchis en otras partes del país. Dos estudiantes baluchis, Salim Baloch y Ikram Naeem, desaparecieron el 4 de julio, y el destacado periodista baluchi Abid Mir desapareció el 8 de marzo. Ikram Naeem y Abid Mir quedaron en libertad 3 y 5 días después de su desaparición, respectivamente, y Salim Baloch fue liberado al cabo de más de un mes. Al concluir el año seguían sin conocerse ni la situación de seguridad ni el paradero de otras muchas personas de etnia baluchi, algunas de ellas estudiantes. También hubo informes de ejecuciones extrajudiciales, como la de Balach Mola Bakhsh, ejecutado por el Departamento Antiterrorista en noviembre.

Derecho a un medioambiente saludable

El cambio climático siguió cobrándose un elevadísimo precio sobre Pakistán, a pesar de la escasa contribución histórica del país a las emisiones de gases de efecto invernadero.⁴ Pakistán había registrado algunas de las temperaturas más altas del mundo en los últimos años, y la OMS pronosticó que las olas de calor se intensificarían y aumentarían en frecuencia.

Las investigaciones de Amnistía Internacional revelaron que las olas de calor derivadas del cambio climático repercutían en la salud de la población de las ciudades de Jacobabad y Lahore, causando insolaciones, fatiga, dificultades respiratorias y fiebre, entre otros efectos. Esto afectaba especialmente a quienes vivían en la pobreza o trabajaban en el sector informal, que tenían acceso limitado o nulo a medidas de supervivencia. Los planes de gestión de olas de calor y catástrofes naturales no incluían salvaguardias sociales sólidas, y muchas personas no estaban en condiciones de seguir ciertos consejos de salud pública, como reducir las horas de trabajo y mantener frescas las casas.

Según un informe de la empresa suiza de tecnología de calidad del aire IQAir, Lahore figuraba sistemáticamente entre las ciudades más contaminadas del mundo, lo que afectaba a los derechos de la población a la vida, la salud y un medioambiente saludable.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Aumentaron los casos de violencia, asesinato, acoso e intimidación contra personas transgénero (khawajasara) y de género diverso.⁵ Grupos políticos e islamistas lideraron una peligrosa campaña de desinformación contra la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Transgénero de 2018 (Ley de Personas Transgénero), que proporcionaba a éstas el reconocimiento legal de su género basado en la autodeterminación y las protegía contra la discriminación por su identidad de género real o supuesta. En abril, el Comité Permanente sobre Derechos Humanos del Senado confirmó la propuesta de un nuevo proyecto de ley para derogar y sustituir la Ley de Personas Transgénero a fin “garantizar su coherencia con los mandamientos del islam”. El proyecto de ley propuesto eliminaba la disposición que permitía la autoidentificación sin someterse a ningún examen médico, sustituía la palabra “transgénero” por “intersexual” y tipificaba como delito la prestación de asistencia sanitaria para la afirmación de género.

Posteriormente, el Tribunal Federal de la Ley Islámica (sharia) anuló ciertas disposiciones de la Ley de Personas Transgénero relativas a la identidad de género, al derecho a la identidad de género autopercibida y al derecho de herencia de las personas transgénero, alegando que dichas disposiciones eran “contrarias al islam”. El fallo fue recurrido ante el Tribunal Supremo.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Muchas personas afganas huyeron a Pakistán tras la toma de Afganistán por los talibanes en 2021. Posteriormente, la población afgana refugiada en Pakistán sufrió oleadas de arrestos arbitrarios, detenciones y hostigamiento por parte de las autoridades, incluida la amenaza de expulsión.⁶ En octubre, el gobierno anunció enérgicas medidas contra la “inmigración ilegal” e impuso un plazo de 30 días para abandonar el país. Desde septiembre hasta acabar el año, Pakistán devolvió a más de 490.891 personas refugiadas de nacionalidad afgana. Tras el anuncio del plazo se intensificaron en todo el país el hostigamiento, la discriminación, los arrestos y las detenciones arbitrarias de la población refugiada. A estas personas, recluidas en centros de detención instalados por todo el país, se les negaban las debidas salvaguardias jurídicas, el acceso a asistencia letrada y la comunicación con su familia.

Libertad de religión o de creencias

Las minorías religiosas seguían siendo objeto de violencia y hostigamiento. Con el fin de perseguirlas, se utilizaba sistemáticamente una imprecisa y draconiana legislación sobre blasfemia que, además, permitía a los grupos extremistas actuar con impunidad.

En febrero, una muchedumbre sacó a rastras de una comisaría de policía a un hombre de Nankana Sahib acusado de profanar el Corán y lo golpeó hasta matarlo. El 7 de agosto mataron a tiros en Turbat a un profesor acusado de blasfemia. El 16 de agosto, tras haber sido acusados de blasfemia 2 cristianos de la ciudad de Jaranwala (distrito de Faisalabad), al menos 24 iglesias y al menos 80 viviendas cristianas fueron atacadas por muchedumbres. Según los medios de comunicación, al menos un centenar de personas fueron detenidas en relación con estos actos de violencia y se presentaron 21 partes iniciales de denuncia para poner en marcha los correspondientes procedimientos judiciales. La policía afirmó que los juicios comenzarían a principios de 2024. Siguieron profanándose lugares de culto y tumbas ahmadíes sin que se exigieran responsabilidades ni se hiciera justicia. El 19 de enero y el 2 de febrero, 2 mezquitas ahmadíes de la zona de Martin Quarters, en Karachi, fueron atacadas por grupos de hombres. El 25 de julio fue atacada una mezquita ahmadí de la colonia Shah Faisal, en Karachi, y en su recinto se pintaron grafitis antiahmadíes. Asimismo, en agosto, los medios de comunicación informaron de que 8 musulmanes ahmadíes habían sido detenidos en Lahore por la presunta “predicación de sus creencias”. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó de al menos 34 agresiones contra lugares de culto musulmán ahmadí entre enero y septiembre. Un portavoz de la comunidad explicó a los medios de comunicación que en septiembre habían sido profanadas en el plazo de 2 semanas 74 tumbas de ahmadíes en la ciudad de Daska (provincia de Punyab). En varias zonas de Punyab, se impidió a la población musulmana ahmadí llevar a cabo el sacrificio ritual de animales en Eid al Adha, importante festividad musulmana.