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Nova Zelanda

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Nueva Zelanda recibió críticas por sus servicios de salud mental, sus centros de detención, el elevado porcentaje de indígenas maoríes en el sistema de justicia penal y las deficiencias en la salud y el bienestar de la infancia.

El Tribunal de Waitangi, una comisión permanente de investigación, concluyó que el gobierno no había dado prioridad a la reducción de la elevada tasa de reincidencia de la población maorí y había incumplido las obligaciones contraídas en virtud del Tratado de Waitangi. La comisión pidió que se tomaran medidas prácticas urgentes para reducir esta tasa de reincidencia. El Mecanismo Nacional de Prevención determinó que el porcentaje de personas maoríes en todos los centros de detención era desproporcionado. La salud mental y la discapacidad de las personas bajo custodia seguían siendo motivos de preocupación. En sendas evaluaciones realizadas por el Defensor del Pueblo y por un experto independiente designado por la Comisión de Derechos Humanos se hizo hincapié en la elevada utilización de la reclusión prolongada en régimen de aislamiento y de las prácticas de inmovilización en los lugares de detención, así como en el número desproporcionado de miembros de grupos étnicos minoritarios implicados en estos incidentes. Se concluyó que el uso de camas de inmovilización o cinturones de sujeción en las unidades de riesgo constituía trato o pena cruel, inhumano o degradante. Asimismo, se consideró inapropiado separar a niños, niñas y jóvenes en unidades de “atención segura” en las residencias de “atención y protección”.

El gobierno anunció el marco de su programa piloto de patrocinio comunitario para el reasentamiento de personas refugiadas, que comenzaría al terminar el año. Esta nueva categoría de patrocinio permitiría a grupos comunitarios patrocinar la entrada en Nueva Zelanda de 25 personas refugiadas.

Un informe de UNICEF expresó preocupación por la salud y el bienestar de los niños y niñas en Nueva Zelanda ante los elevados índices de embarazo de adolescentes, mortalidad neonatal y suicidio de adolescentes. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó establecer una investigación independiente sobre los abusos sufridos por niños y niñas —en su gran mayoría, maoríes— bajo la tutela del Estado entre las décadas de 1950 y 1990.

Las autoridades se negaron a que se llevara a cabo una investigación independiente sobre las denuncias de que la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda había cometido crímenes de derecho internacional durante un ataque en Afganistán en 2010 en el que murieron civiles. Varios abogados presentaron una demanda civil en la que solicitaban una revisión judicial en nombre de las presuntas víctimas afganas.

El auditor general concluyó que los problemas de acceso a la vivienda, a la rehabilitación y a otros servicios habían dado lugar a que se mantuviera a pacientes en unidades de salud mental durante años.

Nueva Zelanda
Jefa del Estado: reina Isabel II, representada por Patricia Lee Reddy
Jefa del gobierno: Jacinda Ardern (sustituyó a Bill English en octubre)