Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024
La defensora del Pueblo Parlamentaria expresó honda preocupación por la asistencia sanitaria inadecuada que se prestaba a las personas detenidas que padecían una enfermedad mental. Los lugares de reunión de personas LGBTI seguían en riesgo de sufrir ataques violentos. La prevalencia de la violencia de género contra las mujeres y las niñas continuó siendo elevada. Tras un periodo en que el gobierno incumplió una sentencia del Tribunal Supremo que había resuelto que los parques eólicos de la península de Fosen vulneraban el derecho del pueblo sami al pastoreo de renos, se alcanzó un acuerdo con las comunidades samis del sur de la península. Se aprobaron importantes inversiones en nuevos yacimientos de petróleo y gas a pesar de los objetivos de reducción de emisiones.
Trato cruel, inhumano o degradante
En marzo, un informe publicado por la defensora del Pueblo Parlamentaria expresó preocupación por los problemas de larga data en las prisiones y los centros de detención de Noruega, como el uso de la reclusión en régimen de aislamiento, las carencias en materia de servicios de salud mental y los crecientes índices de suicidio e intentos de suicidio. No se habían implementado aún las recomendaciones formuladas en 2019 por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, entre ellas la de que se permitiera a las personas encarceladas pasar un mínimo de ocho horas al día fuera de la celda. Las cifras más recientes presentadas por Oslo Economics en septiembre mostraban que la población penitenciaria de 24 pabellones repartidos en 17 cárceles no había recibido esta concesión mínima en 2022.
Discriminación
En mayo, el informe oficial sobre el tiroteo masivo ocurrido en un club gay en el que habían muerto 2 personas y al menos 21 habían resultado heridas durante la celebración del Orgullo en Oslo en junio de 2022 concluyó que el ataque podría haberse evitado si el Servicio de Policía de Seguridad se hubiera tomado en serio la información sobre las amenazas existentes. El Servicio de Policía de Seguridad valoró que los lugares de reunión de las personas LGBTI seguían corriendo peligro de sufrir ataques. La organización de un festival arcoíris para niños y niñas durante el Orgullo de Bergen canceló el evento por las amenazas de violencia.
Violencia contra mujeres y niñas
En enero, el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública inició una consulta pública sobre su propuesta de reforma de la definición de violación en el Código Penal. A los organismos de derechos humanos les preocupaba que la nueva disposición propuesta, que penalizaba los actos sexuales realizados sin consentimiento, no cumpliera plenamente la norma del consentimiento prestado libremente que exigía el artículo 36 del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul).1
La prevalencia de la violencia de género contra las mujeres y las niñas en Noruega continuó siendo elevada. En febrero, el Centro Noruego de Estudios sobre la Violencia y el Estrés Traumático reveló que más de una de cada cinco mujeres había denunciado haber sido violada por la fuerza, mediante coacción o mientras estaba incapacitada al menos una vez en la vida. La mayoría de las víctimas habían sido violadas más de una vez, y muchas de ellas habían sufrido la primera violación antes cumplir 18 años.
Derecho a un medioambiente saludable
En febrero se celebraron manifestaciones en Oslo durante una semana para denunciar los 500 días de incumplimiento del gobierno de una sentencia del Tribunal Supremo que declaraba que los permisos de los parques eólicos en la península de Fosen vulneraban los derechos humanos. En marzo, el gobierno ofreció disculpas públicamente a las comunidades indígenas samis por haber vulnerado su derecho al pastoreo de renos en la zona con las turbinas de los parques eólicos, pero los proyectos continuaron plenamente operativos. En diciembre alcanzaron un acuerdo una operadora de parques eólicos y las comunidades samis del distrito meridional de la península, dedicado al pastoreo. Continuaba la mediación para otros proyectos.
Los incentivos fiscales que el gobierno seguía ofreciendo a las petroleras fomentaron que éstas invirtieran 200.000 millones de coronas noruegas (casi 20.000 millones de dólares estadounidenses) en nueva producción; en junio se aprobaron 19 licencias para yacimientos de petróleo y gas pese al objetivo de reducir las emisiones un 55% para 2030.
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