Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

La crisis política en curso se caracterizaba por graves violaciones de los derechos humanos, como la privación de la nacionalidad nicaragüense a integrantes de la oposición política y la detención arbitraria de personas defensoras de los derechos humanos, líderes y lideresas religiosos y miembros de las dirigencias indígenas. Se vulneró la libertad religiosa de miembros de la iglesia católica y continuó el cierre de ONG. Persistía la impunidad por los crímenes de lesa humanidad. Continuó la persecución de los pueblos indígenas, que fueron objeto de ataques letales efectuados por grupos armados.

Información general

Desde el inicio de la crisis política en 2018 se registraba una violenta represión estatal contra la disidencia. La brutalidad de la represión había provocado al menos 355 muertes documentadas, lesiones a más de 2.000 personas, una oleada de detenciones arbitrarias y despidos injustificados, y la expulsión y privación arbitraria de la nacionalidad de más de 300 personas.

Privación arbitraria de la nacionalidad

El 9 de febrero, el gobierno excarceló y expulsó inesperadamente a más de 200 personas de la oposición política que habían sido detenidas arbitrariamente entre 2018 y 2021. La mayoría de ellas estaban acusadas de delitos de traición y terrorismo formulados en procesos judiciales carentes de las debidas garantías.

La Asamblea Nacional (órgano legislativo de Nicaragua) aprobó una reforma constitucional que determinaba que las personas declaradas culpables de delitos políticos perdían la nacionalidad nicaragüense. Esta política se aplicó de forma arbitraria para retirar la nacionalidad a todas las personas expulsadas en febrero, así como a otras que ya estaban exiliadas, entre ellas integrantes de la oposición política, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la iglesia católica.

En respuesta a esta situación, otros países se ofrecieron a nacionalizar a la población nicaragüense que había quedado apátrida; pese a ello, muchas de las personas exiliadas se enfrentaban a importantes obstáculos —como barreras lingüísticas y discriminación— que les impedían integrarse y ejercer derechos humanos como el acceso a la educación, el empleo o la salud. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), de la ONU, instó a los países de acogida a que brindaran apoyo —especialmente enseñanza del idioma y formación profesional— y lucharan contra la discriminación a fin de facilitar la integración efectiva de esa población nicaragüense en sus nuevas sociedades.

Al mismo tiempo, el gobierno inició el proceso de confiscación de bienes de esas personas, sin el debido proceso, y dejó a muchas de ellas en situación de vulnerabilidad económica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó la privación de la nacionalidad y la confiscación de bienes de “violaciones graves de derechos humanos” y exigió al gobierno que permitiera su retorno voluntario y seguro al país, pusiera fin a esas prácticas y restituyera los derechos de las personas afectadas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirmó las medidas provisionales dictadas en favor de activistas privados de su nacionalidad, como los defensores de los derechos humanos Guillermo Gonzalo Carrión Maradiaga y Vilma Núñez de Escorcia. Además, la Corte exigió al Estado que dejase sin efecto los procesos penales emprendidos contra estas dos personas y se abstuviera de detenerlas.

Libertad de asociación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos describió la situación de Nicaragua como uno de los casos más graves de cierre del espacio cívico en la región, mediante la cancelación de la personería jurídica y la disolución forzosa de organizaciones de la sociedad civil de forma masiva.

Entre agosto de 2022 y septiembre de 2023, Nicaragua revocó la personería jurídica de más de 2.000 ONG, lo que implicaba el cese de sus actividades en el país; con ellas, el número total de entidades de este tipo que se habían visto afectadas desde 2018 ascendía a 3.394.

Durante el año, las autoridades cerraron la Universidad Centroamericana, a la que acusaron de ser un “centro de terrorismo”, y confiscaron los bienes de organizaciones como Cruz Roja y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).

Detención y reclusión arbitrarias

La ONU denunció vulneraciones de la libertad religiosa contra la iglesia católica cometidas mediante sanciones, actos de hostigamiento y detenciones arbitrarias de sacerdotes y seglares.

Al menos 119 personas seguían recluidas arbitrariamente tras juicios celebrados sin las debidas garantías; entre ellas figuraba Rolando Álvarez, el obispo católico de Matagalpa condenado a 26 años de prisión por conspiración y propagación de noticias falsas. Tres estudiantes fueron detenidas por cargos similares en agosto, tras el cierre de la Universidad Centroamericana. En diciembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó la desaparición forzada del obispo Isidoro Mora y la oleada de detenciones de personalidades religiosas, incluida la de monseñor Carlos Avilés.

Impunidad

En marzo, el GHREN concluyó que tenía motivos razonables para creer que las autoridades al más alto nivel, incluidos el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, llevaban participando desde abril de 2018 en violaciones de derechos humanos y actos que constituían crímenes de lesa humanidad. Asimismo, recomendó a la comunidad internacional que investigara las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua y apoyara a la sociedad civil.

La OACNUDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea pidieron al gobierno del presidente Ortega que investigara las violaciones de derechos humanos y garantizara la justicia. Al concluir el año, sin embargo, no se había emprendido investigación alguna y los delitos seguían impunes. Además, el gobierno había seguido aplicando sus tácticas represivas, lo que hacía casi imposible defender los derechos humanos en el país.

Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas siguieron siendo objeto de violaciones graves de derechos humanos, pese a la condena internacional. Se denunciaron detenciones arbitrarias y juicios injustos de líderes y lideresas indígenas, junto con ataques letales efectuados por grupos armados. A pesar de las muertes y lesiones que se registraron en comunidades como las de Wilú, Musawas y Sabakitang, persistió la impunidad y el gobierno no investigó ni reparó los abusos cometidos. La legislación represiva empeoró la situación al amparar la cancelación de la personería jurídica de organizaciones indígenas y la prohibición de las manifestaciones públicas, previstas en la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que llevaba en vigor desde julio de 2018.