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Nepal

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Casi el 70% de las personas que se habían quedado sin hogar tras el terremoto de 2015 seguían viviendo en refugios temporales. No se proporcionó asistencia adecuada, incluida vivienda, a miles de personas afectadas por las inundaciones causadas por el monzón en la región del Terai. Seguían sin abordarse los motivos de preocupación de las personas indígenas y madhesíes relativos a las cláusulas de la Constitución de 2015 que consideraban discriminatorias. No se emprendió ninguna investigación efectiva sobre el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en la región del Terai. Los esfuerzos encaminados a garantizar verdad, justicia y reparaciones para miles de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante los diez años de conflicto armado fueron inadecuados. Los trabajadores y trabajadoras migrantes nepalíes continuaron siendo víctimas de extorsión, fraude y trabajo cautivo, y corriendo el riesgo de sufrir más abusos contra sus derechos humanos al trabajar en el extranjero.

Por primera vez en más de veinte años se celebraron elecciones locales. En noviembre y diciembre hubo elecciones parlamentarias y provinciales. En octubre, Nepal fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Cientos de miles de personas que habían sobrevivido al terremoto de 2015 (casi el 70% de las afectadas) seguían viviendo en refugios temporales. El gobierno estableció como condición para recibir subvenciones para la reconstrucción la aportación de pruebas de titularidad de las tierras. No obstante, según se consideraba, un 25% de la población no había cumplido este criterio, lo que hizo que decenas de miles de sobrevivientes del terremoto no pudieran optar a las subvenciones. Esta situación afectaba principalmente a grupos marginados y desfavorecidos, entre ellos las mujeres, los dalits y otras minorías étnicas y basadas en el sistema de castas.

En agosto, las lluvias del monzón que inundaron una extensa área de la región meridional del Terai se cobraron la vida de 143 personas y afectaron a 1,7 millones más. Más de 400.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus casas, y más de 1.000 viviendas quedaron arrasadas. Las víctimas no recibieron la asistencia adecuada del gobierno, que bloqueó las iniciativas privadas de distribución de ayuda. Muchas continuaban viviendo en viviendas inadecuadas y en condiciones deficientes.

Las fuerzas de seguridad continuaron utilizando fuerza innecesaria o excesiva para responder a las protestas en la región del Terai, en particular por reivindicaciones relativas a la Constitución. En marzo, 5 manifestantes murieron y otros 16 resultaron heridos cuando la policía empleó armas de fuego para dispersar a madhesíes que protestaban en el distrito de Saptari.

El gobierno no brindó protección efectiva a los trabajadores y trabajadoras migrantes ni puso fin a la cultura de impunidad por prácticas ilícitas y delictivas de contratación de personal. Las empresas y agentes de contratación de personal sometían sistemáticamente a estas personas a actos ilícitos y delictivos, cobrándoles de forma habitual honorarios ilegales y excesivos, engañándolas sobre las condiciones de su empleo fuera del país y manipulando su consentimiento al trabajo en el extranjero mediante la acumulación de deudas por contratación. Algunas empresas de contratación estaban directamente implicadas en la trata de personas, punible en virtud de la Ley sobre el Control de la Trata y Transporte de Seres Humanos.

Las personas migrantes atrapadas en situaciones de trabajo forzoso en el extranjero se encontraban con enormes dificultades a la hora de acceder a ayuda de las embajadas nepalíes para regresar al país. Las empresas de contratación raras veces brindaban a los trabajadores y trabajadoras apoyo para la repatriación cuando surgían problemas en el extranjero, a pesar de las obligaciones establecidas en la Ley de Trabajo en el Extranjero. Las autoridades no investigaron —tampoco mediante autopsias— el elevado número de muertes de personas trabajadoras migrantes en el extranjero.

No hubo mejoras en la aplicación de la política gubernamental de “visado gratis, billete gratis”, cuyo propósito era restringir los gastos de contratación cobrados por las agencias. El gobierno, que en reiteradas ocasiones se había comprometido públicamente a reducir los gastos de migración de los trabajadores y trabajadoras y a protegerlos para que no contrajeran deudas, aumentó sin embargo la carga que soportaban las personas migrantes al incrementar los gastos previos a la partida. En julio, la Junta de Promoción de Empleo en el Extranjero aumentó el importe que las personas trabajadoras migrantes debían aportar al fondo de previsión gestionado por el gobierno.

A pesar de que más de 8.000 trabajadores y trabajadoras migrantes habían presentado denuncias contra agentes de contratación de personal, menos de 100 de estas agencias fueron multadas o llevadas ante el Tribunal de Trabajo en el Extranjero por infringir la legislación de Nepal en ese ámbito. La Ley de Trabajo en el Extranjero de 2007 establecía que las víctimas debían presentar sus denuncias ante el Departamento de Trabajo en el Extranjero y ponía límites a que la policía investigara activamente a las empresas de contratación por violar la legislación penal nepalí. Las empresas de contratación de personal continuaron utilizando su influencia política para evitar investigaciones, procesamientos y reparaciones por su constante explotación y abuso de personas migrantes.

El sistema de investigación penal seguía siendo arcaico y draconiano. El uso de la tortura y otros malos tratos para obtener “confesiones” durante la detención en espera de juicio era generalizado.

El nuevo Código Penal aprobado por el Parlamento en agosto contenía disposiciones que penalizaban la tortura y otros malos tratos con un máximo de cinco años de prisión. Continuaba pendiente de aprobación en el Parlamento un proyecto de ley contra la tortura que distaba mucho de ajustarse a los requisitos jurídicos internacionales.

El gobierno no reformó la Ley de 2014 sobre la Comisión para la Investigación de Personas Desaparecidas, la Verdad y la Reconciliación como había ordenado el Tribunal Supremo en 2014 y 2015. Al concluir el año, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la Comisión para la Investigación de las Personas Desaparecidas habían recibido, respectivamente, más de 60.000 y 3.000 denuncias de violaciones de derechos humanos, como asesinatos, tortura y desapariciones forzadas, cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado y por los maoístas durante el conflicto de 1996 a 2006. No se llevó a cabo ninguna investigación efectiva. La grave escasez de recursos y capacidad afectó negativamente a la posibilidad de que estos organismos ofrecieran verdad, justicia y reparación.

La impunidad seguía estando arraigada. Los partidos políticos se resistían a reformar las leyes de justicia transicional, lo que en general se percibía como una decisión de priorizar la reconciliación y las indemnizaciones económicas en detrimento de la verdad, la justicia y otras medidas de reparación, incluidas las garantías de no repetición. No se habían llevado a cabo investigaciones efectivas sobre los cientos de homicidios de manifestantes cometidos por las fuerzas de seguridad desde 1990 en varias partes del país, incluida la región del Terai.

Persistía la discriminación por motivos de género, casta, clase social, origen étnico, orientación sexual, identidad de género y religión. La reforma constitucional no garantizaba plenamente a las mujeres los mismos derechos de ciudadanía que a los hombres. Tampoco protegía frente a la discriminación a las comunidades marginadas —como la dalit y otras minorías étnicas y basadas en el sistema de castas—, ni a lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales.

Las disposiciones del Código Penal relativas al castigo y el plazo de prescripción de la violación seguían distando mucho de cumplir el derecho y las normas internacionales. La discriminación por motivos de género seguía socavando la capacidad de las mujeres y las niñas para controlar su sexualidad y tomar decisiones informadas en materia de reproducción, para oponerse a matrimonios precoces y forzados y para recibir cuidados adecuados de salud prenatal y materna.

República Federal Democrática de Nepal
Jefa del Estado: Bidhya Devi Bhandari
Jefe del gobierno: Sher Bahadur Deuba (sustituyó a Pushpa Kamal Dahal en junio)