Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.
Las fuerzas de seguridad continuaron utilizando fuerza excesiva e innecesaria para dispersar y detener a manifestantes, lo que provocó cuatro víctimas mortales. Las autoridades prohibieron TikTok y efectuaron detenciones para limitar la libertad de expresión. El gobierno no ofreció verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto del periodo 1996-2006. Se recibieron informes sobre tortura y otros malos tratos por las fuerzas de seguridad, y las autoridades no llevaron a cabo investigaciones creíbles e independientes sobre las muertes bajo custodia. La discriminación por motivos de género seguía presente en la ley y en la práctica. Por primera vez se inscribió en los registros oficiales el matrimonio de una pareja LGBTI. La mano de obra migrante fue víctima de prácticas de contratación abusivas e ilegales.
Libertad de expresión y de reunión
Las fuerzas de seguridad continuaron deteniendo a activistas y personas críticas con el gobierno o con políticos del partido gobernante, y recurrieron con frecuencia a fuerza ilegítima contra manifestantes.
En febrero, la policía detuvo a cinco manifestantes que reivindicaban justicia para casos de violencia sexual. En marzo, Padam Limbu murió tras haber sido golpeado durante una carga policial en un acto de protesta indígena en el distrito de Morang. Posteriormente, el gobierno lo declaró “mártir”, y prometió ayuda humanitaria a su familia.
Las autoridades continuaron reprimiendo las protestas de víctimas de usureros, la mayor parte de ellas personas de bajos ingresos dedicadas a la agricultura que se concentraban en la capital, Katmandú, para pedir justicia por delitos económicos. En abril, utilizando porras y cañones de agua, la policía hirió al menos a 40 manifestantes y detuvo como mínimo a 20. Días más tarde, el ministro del Interior pidió disculpas por el empleo de fuerza policial excesiva.
En mayo, en el distrito de Kanchanpur, la policía detuvo y sometió a malos tratos a dos periodistas que habían estado informando sobre un enfrentamiento con las fuerzas policiales. Los hechos fueron condenados por la federación de periodistas, tras lo cual la máxima autoridad policial del distrito se comprometió a castigar a los agentes responsables.
En junio, la policía detuvo en Katmandú al menos a 16 activistas que protestaban por un caso de corrupción, en el que al parecer funcionarios públicos habían cobrado dinero a cientos de nepalíes a cambio de conseguirles la condición de refugiados butaneses, con la que podrían reasentarse en países de altos ingresos.
En agosto, la policía utilizó fuerza innecesaria contra manifestantes indígenas, muchos de los cuales fueron detenidos y agredidos. Aunque el primer ministro aseguró que se castigaría a los responsables, al concluir el año no se había presentado ningún cargo.
En noviembre, el gobierno prohibió la aplicación TikTok para “proteger la armonía social y la unidad familiar”.
En diciembre, un manifestante murió por disparos en el distrito de Bara, y 2 fallecieron debido al uso de fuerza excesiva por la policía en el distrito de Lalitpur.
Derecho a verdad, justicia y reparación
El gobierno siguió sin realizar avances significativos a la hora de ofrecer verdad, justicia y reparación a las decenas de miles de víctimas de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos por ambos bandos durante el conflicto del periodo 1996-2006. Ni la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ni la Comisión para la Investigación de las Personas Desaparecidas resolvieron un solo caso en 2023, pese a haber recibido más de 60.000 y 3.000 denuncias de víctimas respectivamente. En marzo, el gobierno presentó ante el Parlamento un proyecto de reforma de la Ley de la Comisión para la Investigación de las Personas Desaparecidas y de la Verdad y la Reconciliación de 2014 sin haber consultado antes, de manera adecuada, a las víctimas del conflicto. El proyecto de ley en cuestión no se ajustaba a la sentencia dictada en 2015 por el Tribunal Supremo, que ordenaba su armonización con las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, y más bien parecía concebido para impedir el procesamiento de los presuntos responsables de ciertos crímenes de derecho internacional.1 Al concluir el año, el proyecto de ley seguía pendiente de aprobación por la cámara baja.
En un contexto de preocupación generalizada por el uso indebido por parte del gobierno de las disposiciones de gracia para excarcelar arbitrariamente a personas vinculadas a su partido, en noviembre el Tribunal Supremo anuló un indulto presidencial concedido a un hombre condenado por asesinato, al determinar que se necesitaba el consentimiento de las familias de las víctimas.
Tortura y otros malos tratos
Siguieron recibiéndose informes sobre tortura y otros malos tratos infligidos impunemente a personas recluidas en espera de juicio. Al concluir el año, no se había dictado ninguna sentencia condenatoria en aplicación del Código Penal de 2017, que penalizaba esas prácticas. Además, las autoridades no investigaron ni dieron a conocer informes de investigaciones sobre muertes bajo custodia ocurridas en el pasado presuntamente a consecuencia de torturas.
En enero, guardias forestales del gobierno golpearon a tres mujeres por haber entrado en un bosque del distrito de Bara a recoger hierba; la policía se negó a registrar las denuncias presentadas contra los guardias. En julio, el defensor de los derechos humanos Manohar Kumar Pokharel fue agredido en la Oficina de la Policía del distrito de Saptari, cuando visitaba a una persona detenida. En agosto, dos hombres que estaban bajo custodia murieron en la prisión de Sankhuwasabha, presuntamente a consecuencia de las torturas a las que los habían sometido los policías que los custodiaban. El tribunal de distrito de Sankhuwasabha ordenó prisión provisional para 7 agentes de policía y 8 presos que estaban siendo juzgados por delitos relacionados con la muerte de los 2 hombres.
Discriminación
La discriminación por motivos de género seguía presente en la ley y en la práctica. En mayo, el presidente ratificó el proyecto de primera reforma de la Ley sobre Ciudadanía Nepalí, que negaba a las mujeres derechos de ciudadanía igualitarios. En septiembre, en una decisión positiva para las mujeres musulmanas, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la práctica del divorcio islámico inmediato o “triple talaq”.
En junio, el Tribunal Supremo dictó una orden provisional, por la que, en espera de su sentencia definitiva, ordenaba al gobierno inscribir en el registro a los matrimonios homosexuales con “documentación provisional”. Sin embargo, las parejas homosexuales siguieron enfrentándose a obstáculos en la práctica, ya que los tribunales inferiores se negaban a inscribir en el registro sus matrimonios, alegando que no existía ningún instrumento legal que lo permitiera. En noviembre, las autoridades del distrito de Lamjung inscribieron en el registro por primera vez una unión matrimonial entre dos nepalíes del mismo sexo a efectos legales.
Pese a la existencia de disposiciones legales y políticas para abordar el problema de la discriminación por razón de casta, hubo numerosos informes de actos de discriminación contra dalits perpetrados impunemente, incluso, por personas que ocupaban cargos designados por elección. En diciembre, el Tribunal de Distrito de Rukum Occidental declaró a 26 personas culpables del homicidio de 6 hombres a causa de la relación que uno de ellos mantenía con una joven de una casta dominante.2
Derechos económicos, sociales y culturales
Cientos de familias residentes en asentamientos informales de todo el país seguían expuestas a ser desalojadas por las autoridades locales sin ninguna salvaguardia jurídica. En marzo, la Oficina Metropolitana de Katmandú emitió una directiva dirigida a quienes vivían en la capital en chabolas y asentamientos informales a la orilla del río para que evacuaran la zona en el plazo de una semana. El Tribunal Superior de Patan suspendió la orden de demolición y ordenó al gobierno —incluida la Oficina Metropolitana— que preparara alojamientos para las personas que quedaran sin vivienda a consecuencia de los desalojos.
El gobierno no supervisó, investigó ni sancionó adecuadamente las actividades ilegales de agencias y agentes de contratación que cobraban tasas exorbitantes a trabajadores y trabajadoras migrantes. Tampoco se tomaron medidas efectivas —a través, por ejemplo, de conversaciones bilaterales con los países de destino— para impedir, investigar y aclarar las muertes de trabajadores o trabajadoras migrantes. Muchas familias de personas migrantes fallecidas quedaron sin ninguna ayuda debido a las dificultades para acceder al Fondo de Previsión para Trabajadores.3
En noviembre se produjo un terremoto en la provincia de Karnali que ocasionó 150 muertes y daños en unas 25.000 viviendas e infraestructuras públicas. El gobierno no facilitó ayuda humanitaria suficiente —habida cuenta, sobre todo, de la dureza del invierno—, y murieron como mínimo 24 personas afectadas por el terremoto que se habían refugiado en tiendas de campaña improvisadas.
- Nepal: Transitional justice bill needs to protect victims, not abusers. Proposed law disregards domestic and international legal standards, 24 de marzo
- Nepal: La sentencia histórica del tribunal de distrito es un paso positivo en favor de la justicia para la comunidad dalit, 7 de diciembre
- Saudi Arabia: ‘Don’t worry, it’s a branch of Amazon’. Exploitation of migrant workers contracted to Amazon in Saudi Arabia, 10 de octubre
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