Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Se amenazó aún más el derecho a la libertad de reunión pacífica. La crisis de saneamiento continuó y la inseguridad alimentaria aguda aumentó. Una sentencia judicial reconoció derechos a algunas parejas homosexuales. Se negó a pueblos indígenas el derecho a participar en conversaciones sobre reparaciones. Se socavó el derecho a un medioambiente saludable.

Libertad de reunión pacífica

En marzo se celebró en la capital, Windhoek, una protesta juvenil contra el desempleo, en contra de una sentencia del Tribunal Superior que la prohibía. La policía detuvo a varios activistas y figuras políticas que se habían concentrado en el Centro Juvenil de Katutura para manifestarse. Entre ellos se encontraban los activistas por la justicia social Michael Amushelelo y Dimbulukeni Nauyoma, así como la parlamentaria Inna Hengari.

Derecho a la salud

Había una grave crisis de saneamiento. En mayo, un informe del Centro de Periodismo de investigación Colaborativo (CCIJ) afirmó que el 50% de la población no tenía acceso a retretes seguros e higiénicos. La crisis era más grave en los asentamientos informales, donde hasta el 90% de las personas residentes carecían de acceso adecuado a letrinas y se veían obligadas a defecar al aire libre, lo que contaminaba el medioambiente y propagaba con rapidez enfermedades como el cólera, el tifus y diarreas debilitantes.

Derecho a la alimentación

Entre julio y septiembre, la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria informó de que la inseguridad alimentaria aguda había experimentado un fuerte aumento y ya afectaba al 22% de la población (579.000 personas, frente a las 350.000 de 2022). El aumento se atribuía a la grave sequía, la disminución del rendimiento agrícola y ganadero, la subida de los precios de los alimentos, la recesión económica y las elevadas tasas de desempleo.

Discriminación

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En febrero, una sentencia del Tribunal Supremo reconoció el derecho de mujeres y hombres cónyuges de personas de nacionalidad namibia a regularizar su situación migratoria al conceder legitimidad a los matrimonios del mismo sexo contraídos fuera del país, anulando una sentencia anterior del Tribunal Superior. Sin embargo, en julio el Parlamento aprobó legislación que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo y que, de ser promulgada, podría retirar a las parejas homosexuales el derecho al reconocimiento de su matrimonio, incluso si éste se celebraba conforme a la legislación de otro país; esto podría anular la resolución judicial de febrero, de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución, que permitía revocar una decisión del Tribunal Supremo si entraba “en contradicción con una ley parlamentaria promulgada legítimamente”.

Derechos de los pueblos indígenas

En febrero, siete relatores y relatoras especiales de la ONU expresaron su preocupación por la presunta inacción del gobierno para garantizar la participación significativa de los pueblos indígenas nama y ovaherero en las negociaciones sobre las reparaciones, y por la negativa a concederles medidas de reparación efectivas directas. Los pueblos nama y ovaherero habían sido víctimas de genocidio a manos del régimen colonial alemán. Alemania había reconocido su responsabilidad en 2015, pero se negaba a proporcionar reparaciones directas a las víctimas y, en lugar de ello, se había comprometido a financiar proyectos de desarrollo. Las relatorías especiales afirmaban que ninguno de los gobiernos había facilitado una consulta y un intercambio de información suficientes, lo que menoscababa la capacidad de las comunidades afectadas para participar en la definición del acuerdo de reparaciones.

Derecho a un medioambiente saludable

En abril, el ministro de Medioambiente examinó varios recursos relacionados con la empresa petrolera canadiense ReconAfrica. En uno, organizaciones comunitarias de las regiones de Kavango Oriental y Kavango Occidental sostenían que ReconAfrica no había celebrado consultas suficientes con ellas sobre sus actividades petroleras, que no les había proporcionado suficiente información sobre las repercusiones sociales y medioambientales que dichas actividades tendrían, y que no había obtenido su consentimiento libre, previo e informado. ReconAfrica refutó las denuncias, afirmando que había consultado a las comunidades y obtenido su consentimiento. En septiembre, una investigación parlamentaria reveló, según informes, que la empresa había violado la legislación nacional.