Myanmar

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

Las autoridades militares continuaron reprimiendo la oposición pacífica e intensificaron las operaciones contra la creciente resistencia armada, con lo que la crisis de derechos humanos del país se agravó. Se siguió enjuiciando sin las debidas garantías a activistas en favor de la democracia y a otras personas consideradas contrarias a las autoridades militares, y más de 1.600 personas fueron condenadas a prisión, a trabajos forzados o a muerte. Más de medio millón de personas se vieron obligadas a desplazarse a causa de los conflictos armados internos. Decenas de miles de rohinyás que se encontraban en situación de desplazamiento forzado desde hacía más de 10 años continuaban viviendo en precarios campos en el estado de Rajine, y las autoridades militares impidieron que les llegara ayuda humanitaria tras un devastador ciclón en mayo. Numerosos países impusieron sanciones a empresas y particulares responsables del suministro de combustible de aviación al ejército de Myanmar, que lo utilizaba para llevar a cabo ataques aéreos contra la población civil, contra domicilios y lugares de culto y contra otras infraestructuras civiles. Los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica seguían gravemente restringidos, y entre las personas detenidas por su trabajo legítimo figuraban periodistas.

Información general

Prosiguió el régimen militar tras el derrocamiento del gobierno democráticamente elegido, que había tenido lugar el 1 de febrero de 2021. Myint Swe, designado por el ejército, siguió ocupando la presidencia, mientras que el general y líder del golpe de Estado Min Aung Hlaing continuó presidiendo el Consejo de Administración del Estado. Las autoridades militares prosiguieron con su campaña de eliminación de toda la oposición, y las iniciativas internacionales no consiguieron frenar la violencia ni evitar que la población civil fuera víctima de violaciones graves de derechos humanos.

El Consejo de Administración del Estado prorrogó en 2 ocasiones el estado de excepción por periodos de 6 meses e incumplió su compromiso de celebrar elecciones multipartidistas en 2023. El Gobierno de Unidad Nacional —formado en 2021 por representantes del depuesto gobierno de la Liga Nacional para la Democracia— y los grupos armados conocidos colectivamente como Fuerza Popular de Defensa continuaron oponiéndose al gobierno militar. Se intensificaron los combates en el centro del país, y en octubre una alianza de 3 grupos armados no estatales conocida como Alianza de las Tres Hermandades lanzó una ofensiva a gran escala, la “Operación 1027”, que le permitió hacerse con bases militares, puestos de control y pasos fronterizos en el noreste de Myanmar. También atacó lugares en los que se obligaba a víctimas de trata de personas a trabajar en ciberestafas.

Homicidios y ataques ilegítimos

Desde el golpe de Estado, en su intento por afianzar su control, el ejército había matado a más de 4.000 personas —de ellas, al menos 1.345 en 2023—, en su mayoría civiles. Se cometieron homicidios ilegítimos principalmente en ataques militares aéreos o terrestres que constituyeron castigos colectivos contra la población civil, y también tras la captura de personas, tanto armadas como pacíficas, que se oponían al golpe de Estado. También hubo informes de más de 30 muertes bajo custodia, algunas de ellas a consecuencia de tortura y otros malos tratos. El ejército intensificó los ataques aéreos, que a menudo eran indiscriminados o se dirigían deliberadamente contra la población civil y contra bienes de carácter civil.

Los ataques aéreos, que antes se producían sobre todo en zonas fronterizas, se intensificaron en la zona central de Myanmar. La región de Sagaing, situada en la zona noroccidental y central del país, sufrió cada vez más ataques, con devastadoras consecuencias. El 11 de abril, en el más mortífero ataque aéreo lanzado desde el golpe de Estado, la aviación militar bombardeó una reunión de personas que estaban inaugurando una nueva oficina administrativa en la localidad de Pa Zyi Gyi (municipio de Kanbulu). Murieron al menos un centenar de civiles , entre ellos 35 niños y niñas, y 18 personas vinculadas a grupos armados de oposición. El ejército reconoció haber lanzado el ataque, pero afirmó que el elevado número de víctimas mortales se debía a los explosivos que había almacenados en el lugar de la reunión. El 27 de junio, un ataque aéreo efectuado en las proximidades de un monasterio en la localidad de Nyaung Kone (municipio de Pale, región de Sagaing), acabó, según informes, con la vida de un monje y de al menos 9 civiles más. De acuerdo con las noticias aparecidas en los medios de comunicación, también se produjeron muertes de civiles a consecuencia de ataques o bombardeos aéreos en la región de Bago y en los estados de Chin, Kachin, Kayah, Kayin, Mon y Rajine.

El 9 de octubre murieron como mínimo 28 civiles —incluidos menores— y al menos 57 más sufrieron lesiones en un ataque aéreo del ejército contra un campo para personas internamente desplazadas en la localidad de Mung Lai Hkye (estado de Kachin), seguido por fuego de mortero de las fuerzas de tierra. Las investigaciones de Amnistía Internacional apuntaron al empleo de una bomba aérea no guiada, arma que carecía de precisión y cuyos efectos no podían limitarse, como exige el derecho internacional humanitario.¹

También se llevaron a cabo operaciones terrestres intensivas en la región de Sagaing y en otros lugares, en el transcurso de las cuales, según informes, hubo ejecuciones extrajudiciales y actos de violencia sexual. Una unidad militar conocida como “columna Ogro” fue identificada como responsable de ataques de especial brutalidad, en los que se llegaba a decapitar a las víctimas y a desmembrar y mutilar sus cadáveres. Según informes, el 11 de marzo las fuerzas militares mataron al menos a 22 civiles en un monasterio de la localidad de Nan Nein, en el sur del estado de Shan.

Detenciones arbitrarias y juicios injustos

Al concluir 2023, la cifra de personas detenidas por las autoridades desde el golpe de Estado había superado ya las 25.000. Según la Asociación de Apoyo a los Presos Políticos, en diciembre continuaban bajo custodia cerca de 20.000 personas, entre ellas, dirigentes y activistas de la oposición política, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, estudiantes, profesionales del derecho y personal médico.

Continuaron celebrándose juicios manifiestamente injustos, en los que más de 1.600 personas fueron condenadas a prisión, a trabajos forzados y, en algunos casos, a muerte. Los juicios tenían lugar ante tribunales improvisados constituidos en las prisiones y ante tribunales militares, y las personas acusadas solían tener acceso limitado o nulo a asistencia letrada. En mayo, el activista político y escritor Wai Moe Naing fue declarado culpable de alta traición y condenado a 20 años de prisión. Había sido detenido en 2021 por haber liderado protestas pacíficas, y cumplía ya una pena de 34 años de prisión por cargos conexos. Según informes, el conocido artista de hip-hop Byu Har fue condenado a 20 años de prisión en agosto, tras haber sido detenido en mayo por criticar públicamente a la cúpula militar en relación con los cortes reiterados de electricidad.

En septiembre, las autoridades militares detuvieron a Kyaw Aye, padre del prominente activista político Kyaw Ko Ko, buscado por las autoridades militares. La detención de familiares de adversarios políticos se había convertido en una forma habitual de castigo.

A lo largo del año, las autoridades militares anunciaron varias amnistías, durante las cuales quedaron en libertad más de 20.000 personas que se encontraban presas. La mayoría de ellas estaban recluidas por cargos penales, aunque 2.153 de las que quedaron en libertad en mayo cumplían condena en aplicación del artículo 505.a del Código Penal, que tipificaba como delito la discrepancia con el ejército, y que había sido ampliamente utilizado desde el golpe de Estado para reprimir la oposición pacífica. En una ocasión, el ejército afirmó que concedía la amnistía por razones “humanitarias” para celebrar una festividad budista, pero amenazó con volver a encarcelar a cualquiera que volviera a “delinquir”.²

En agosto, en virtud de un indulto, se redujeron en 6 y 4 años, respectivamente, las condenas del derrocado presidente Win Myint y de la exconsejera de Estado Aung San Suu Kyi. Aun así, tenían que cumplir aún 8 y 27 años de cárcel, respectivamente, tras haber sido declarados culpables de una serie de cargos de motivación política.

Como no se permitía el acceso de observadores independientes a los centros penitenciarios, la información sobre la salud de la población reclusa era escasa, si bien en octubre el ejército comunicó que podían reanudarse las visitas de familiares a personas presas, suspendidas durante la pandemia de COVID-19. Según informes, estas visitas se les negaban a las personas que estaban condenadas a muerte o a cadena perpetua. Las condiciones de reclusión siguieron siendo inhumanas, y continuaron recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos bajo custodia. Asimismo, se tuvo noticia de homicidios de personas presas por motivos políticos, y de presos o presas políticos que habían acabado en paradero desconocido en su traslado de un centro de detención a otro.

Trata de personas

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) calculaba que había unas 120.000 personas recluidas en recintos situados en zonas a menudo controladas por milicias afines al ejército, fronterizas con Tailandia y China, que eran obligadas a trabajar en ciberestafas y en juegos ilegales bajo el control de bandas criminales. En noviembre, la Alianza de las Tres Hermandades, vinculada a China, afirmó haber liberado a víctimas que estaban en recintos de estas características a lo largo de la frontera con China en las operaciones para tomar el municipio de Laukkai (estado de Shan), conocido centro de ciberestafas. Muchas de las personas que trabajaban en estas actividades habían llegado a Myanmar desde países vecinos, como China y Vietnam, atraídas por la promesa de un puesto de trabajo, y después habían sido obligadas a participar en ciberestafas, a menudo bajo amenaza de violencia.

Derechos de las personas internamente desplazadas

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, había más de 2,6 millones de personas internamente desplazadas. De éstas, al menos 500.000 se habían visto obligadas a desplazarse debido a la intensificación de los combates desde el comienzo de la “Operación 1027”, a finales de octubre. Gran parte de la población desplazada seguía viviendo en condiciones nefastas, a menudo sin artículos ni servicios esenciales y expuesta constantemente a ataques aéreos y otras operaciones militares.

Unas 148.000 personas rohinyás y de otras etnias también musulmanas continuaban internamente desplazadas y sometidas a un arraigado e institucionalizado sistema de segregación y discriminación patrocinado por el Estado, tan estricto que era constitutivo del crimen de lesa humanidad de apartheid. La mayoría de ellas seguían confinadas en los precarios centros de internamiento del estado de Rajine en los que se encontraban desde 2012.

Se estimaba que las lamentables condiciones en que vivía la población rohinyá habían contribuido considerablemente al número de víctimas mortales del ciclón Mocha que golpeó el oeste de Myanmar en mayo. Según informes, murieron al menos un centenar de rohinyás que vivían en campos de internamiento del municipio de Sittwe (estado de Rajine). Además de su fuerte impacto sobre los campos de internamiento, el ciclón Mocha destruyó también viviendas e infraestructuras en los municipios de Rathedaung y Sittwe, el estado de Chin y las regiones de Sagaing y Magway, y afectó de manera desproporcionada a las personas internamente desplazadas y otras comunidades vulnerables.

Tras el paso del ciclón Mocha, las autoridades militares obstaculizaron —y, en algunos casos, impidieron— la llegada de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas. Según las noticias recibidas, las autoridades militares demoraron la concesión de permisos a organizaciones humanitarias internacionales que trataban de intensificar su actividad para proporcionar ayuda humanitaria a la región.³

Rendición de cuentas de las empresas

En vista de los indicios que vinculaban a empresas extranjeras y nacionales al suministro de combustible de aviación al ejército de Myanmar, Canadá, Estados Unidos, Suiza, Reino Unido y la Unión Europea impusieron sanciones más o menos severas a empresas y particulares de Myanmar y Singapur implicados en el abastecimiento y distribución de este producto. En agosto, Estados Unidos amplió el alcance de las posibles sanciones, al afirmar que toda persona que interviniera en dicha actividad corría peligro. Con la intención aparente de eludir las sanciones, se modificó la cadena de suministro, de modo que, en lugar de transportar el combustible de aviación desde los proveedores directamente a Myanmar, se pasó a efectuar transferencias indirectas vía Vietnam y Singapur.⁴

La empresa sueca de ropa H&M anunció su retirada gradual de Myanmar, tras haber publicado en agosto la ONG Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos un informe en el que daba cuenta de abusos graves en el sector textil del país, tales como la baja cuantía o el impago de salarios, así como actos de violencia de género y represión de la actividad sindical. En julio, la empresa española propietaria de la marca de moda Zara había anunciado medidas similares.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

La represión militar imposibilitó prácticamente toda protesta pacífica. Según informes, casi un centenar de personas fueron detenidas por llevar puestas, vender o comprar flores el 19 de junio, cumpleaños de Aung San Suu Kyi.

La vigilancia era generalizada. Se siguieron efectuando detenciones por publicaciones de Internet, con lo que se creó un ambiente de autocensura.

El ejército continuó utilizando la legislación sobre asociación ilícita para procesar a presuntos opositores. En abril, un tribunal constituido en el interior de la prisión de Myitkyina (estado de Kachin) condenó a seis años de prisión al destacado líder religioso y defensor de los derechos humanos Hkalam Samson por asociación ilícita, terrorismo e incitación a la oposición.

La libertad de los medios de comunicación seguía sometida a graves restricciones. A lo largo del año se detuvo o condenó a prisión al menos a seis periodistas o personas que trabajaban en medios de comunicación. Entre ellas figuraba el reportero gráfico Sai Zaw Thaike, acusado de difundir información susceptible de provocar alarma o malentendidos entre el público en relación con las autoridades militares. En septiembre, un tribunal militar constituido en la prisión de Insein, en Yangón, lo declaró culpable de un cargo falso de sedición y lo condenó a 20 años de prisión con trabajos forzados. Sai Zaw Thaike había trabajado para el sitio web de noticias Myanmar Now, prohibido por el ejército tras el golpe de Estado. En mayo, un tribunal de Yangón condenó a la reportera gráfica Hmu Yadanar Khet Moh Moh Tun a 10 años de prisión con trabajos forzados por cargos de terrorismo. La periodista se encontraba cumpliendo ya una condena de 3 años de prisión por incitación a la rebelión y difusión de “noticias falsas”.

Según Reporteros sin Fronteras, en diciembre había más de 60 personas encarceladas, entre periodistas y otro personal de medios de comunicación. El 10 de junio, las autoridades revocaron la licencia del sitio web independiente de noticias Ayeyarwaddy Times por la presunta publicación de información que perturbaba la paz y la tranquilidad públicas. Según informes, las autoridades militares irrumpieron el 29 de octubre en las oficinas de la agencia de noticias Development Media Group, situadas en el municipio de Sittwe, y detuvieron a un periodista y un vigilante.

Pena de muerte

Se siguió condenando a muerte a presos o presas políticos y a otras personas, aunque no se tenía constancia de ninguna ejecución. Según informes, en virtud de una amnistía concedida en mayo se conmutaron por cadenas perpetuas las condenas a muerte de 38 personas.

Abusos cometidos por grupos armados

Según la OACNUDH, los grupos armados de oposición atacaban de manera habitual a civiles e infraestructuras civiles. Según informes, entre las víctimas de ataques hubo administradores locales, funcionarios públicos y otras personas que eran consideradas partidarias o colaboradoras del ejército. También hubo atentados con explosivos y granadas contra centros públicos, como el perpetrado en junio contra una oficina fiscal de Yangón, en el que resultaron heridos 4 empleados y otras 2 personas. La OACNUDH comunicó que, según la información que le había facilitado el Gobierno de Unidad Nacional, éste había respondido positivamente a su petición de que se adoptaran medidas para garantizar que los grupos armados vinculados a él y opuestos al ejército cumplieran con las disposiciones pertinentes de derecho internacional.