Información extraída de nuestro INFORME La situación de los derechos humamos en el mundo, abril 2024

Continuaron las violaciones de derechos humanos relacionadas con los conflictos armados en el norte de Mozambique, lo que agravó la crisis humanitaria. Los grupos armados siguieron incendiando aldeas, decapitando a hombres y secuestrando a mujeres y niñas. A su vez, las fuerzas de seguridad gubernamentales que actuaban en la zona también cometieron violaciones de derechos humanos contra la población, como desapariciones forzadas, hostigamiento e intimidación de civiles, y extorsionaron a comerciantes. Las personas internamente desplazadas continuaban viviendo en condiciones deplorables, con escaso acceso a alimentos, agua y vivienda. Se reprimió el derecho de reunión pacífica y de expresión. Una nueva ley sobre ONG amenazaba con limitar el espacio de la sociedad civil en caso de aplicarse.

Información general

El juicio contra varios conspiradores en el escándalo de los préstamos secretos, en el que estaban implicados tanto el presidente entonces en ejercicio como el anterior, dejó al descubierto la traición de la confianza de la población y el abuso de las instituciones del Estado para la obtención de beneficios económicos personales. Además, el juicio reveló la profundidad y la amplitud de las vulnerabilidades económicas, sociales y políticas a las que el país había estado expuesto bajo los sucesivos gobiernos del Frente de Liberación de Mozambique.

Por otra parte, continuó sin remitir el conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados conocidos localmente como Al Shabaab (sin relación conocida con Al Shabaab en Somalia) en la provincia septentrional de Cabo Delgado. Las ofensivas conjuntas de fuerzas mozambiqueñas, ruandesas y de la Misión de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo en Mozambique contra los grupos armados no lograron poner fin a la insurgencia. Los grupos armados se dispersaron e iniciaron nuevos frentes de ataque en regiones que hasta entonces no se habían visto afectadas, moviéndose, hacia el oeste y el sur, a las provincias de Niassa y Nampula. Simultáneamente, el prohibitivo costo de la vida, sustentado sobre todo por el aumento de los precios de los combustibles, incrementó el malestar de la población. Todos estos factores erosionaron la confianza de la población en el gobierno del presidente Nyusi.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Grupos armados de Al Shabaab cometieron crímenes de guerra, tales como decapitar a civiles, secuestrar a mujeres y niñas, y saquear y quemar aldeas. Sólo el 21 de mayo, estos grupos atacaron las aldeas de Chicomo, Nguida y Nova Zambezia, en el distrito de Macomia, e incendiaron casas, saquearon cultivos, decapitaron a 10 hombres y secuestraron a mujeres y niñas. En junio, los insurgentes de Al Shabaab atacaron la aldea de Mitopue, en el distrito de Memba (provincia de Nampula), donde quemaron casas y saquearon bienes. El 6 de septiembre, en ese mismo distrito, incendiaron más casas y un hospital, saquearon bienes de la población y mataron a 6 civiles, entre ellos una monja católica. La noche del 2 de septiembre, los insurgentes prendieron fuego a casas, a una clínica y a una escuela, lo que provocó el desplazamiento de 40.000 personas del distrito de Erati. Al concluir el año, todas las provincias septentrionales —Cabo Delgado, Nampula y Niassa— habían sufrido ataques.

Las fuerzas de seguridad mozambiqueñas de la provincia de Cabo Delgado secuestraron y sometieron a desaparición forzada a comerciantes con el propósito de extorsionarlos. El 13 de mayo, los residentes de Macomia pidieron que se retirara la Unidad de Intervención Rápida de la policía después de que unos agentes maltrataran a la población civil mediante actos que incluían la extorsión, el secuestro de comerciantes para pedir un rescate, y amenazas. Los soldados destacados en la base naval de la ciudad de Pemba sometían a la población civil que atravesaba la zona a agresiones físicas, extorsión y robo de bienes.

Derechos de las personas internamente desplazadas

La expansión del conflicto armado exacerbó la situación de crisis humanitaria. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH) estimó que había 1,5 millones de personas desplazadas en las provincias de Cabo Delgado, Nampula y Niassa que necesitaban algún tipo de ayuda humanitaria y protección a causa del conflicto. La inseguridad en materia de alimentos y agua, la malnutrición, la precaria salud y las viviendas inadecuadas marcaban las condiciones en las que vivía esa población. Según la OCAH, los distritos más afectados de la provincia de Cabo Delgado eran Chiure, Macomia, Metuge, Mocímboa da Praia, Montepuez, Mueda, Nangade, Palma, Pemba y Quissanga. Por ejemplo, la ciudad de Pemba sumó 152.000 personas internamente desplazadas a su población original de 224.000 habitantes, mientras que la población de Metuge pasó de 101.000 a 228.000. Aproximadamente el 80% de las personas desplazadas se alojaban en viviendas de familiares y amigos, lo que suponía una gran carga para los limitados recursos de quienes las acogían.

Libertad de reunión y de asociación

Los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación se reprimían al tiempo que se producían intentos jurídicos de reducir el espacio de la sociedad civil. El 5 de febrero, unos policías fuertemente armados y con perros impidieron a un grupo de jóvenes celebrar una protesta pacífica contra las tarifas de peaje de la carretera de circunvalación de Maputo, la capital. El líder del grupo, Clemente Carlos, fue detenido y recluido en la comisaría policial 18, donde fue objeto de agresiones físicas y verbales. Quedó en libertad sin cargos varias horas más tarde.

El 18 de agosto, la policía reprimió con violencia una manifestación pacífica de comerciantes en el distrito de Gondola, provincia de Sofala; éstos protestaban contra su desalojo, sin consulta previa ni notificación adecuada, por las autoridades municipales. La policía empleó munición real y disparó e hirió a tres manifestantes.

En septiembre, en un contexto de creciente represión, el Consejo de Ministros elaboró un nuevo proyecto de Ley de Organizaciones sin Ánimo de Lucro que otorgaba al gobierno enormes poderes discrecionales para seguir reduciendo el espacio de la sociedad civil. El proyecto de ley se encontraba pendiente de aprobación en el Parlamento a la espera de que en febrero de 2023 se iniciaran consultas públicas sobre sus disposiciones.

Libertad de expresión

Se sometió a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos a amenazas, intimidación y detención arbitraria por criticar al gobierno y a sus autoridades. El 22 de enero, unas personas no identificadas sospechosas de ser agentes estatales irrumpieron en la oficina del abogado de derechos humanos João Nhampossa y le robaron el ordenador, memorias USB, teléfonos móviles y varios documentos. El letrado había estado trabajando en casos delicados, como el del tristemente famoso escándalo de los préstamos secretos, y en casos relacionados con los puestos de peaje y el sector extractivo. Durante la segunda semana de abril, el gobernador de la provincia de Tete y el alcalde de la localidad homónima ordenaron que se detuviera, recluyera e interrogara a un hombre conocido como Anastácio después de que éste acusara a dos autoridades gubernamentales de conflicto de intereses porque eran propietarios de unos terrenos en la zona de Chingodzi, un área reservada exclusivamente a personal militar.

El 16 de agosto, Adriano Nuvunga, director ejecutivo de la organización de la sociedad civil Centro para la Democracia y el Desarrollo, recibió amenazas de muerte. En el patio delantero de su vivienda se encontraron dos balas sin disparar envueltas en un papel con el mensaje: “Cuidado, Nuvunga”. El 19 de septiembre, dos hombres no identificados entregaron una bala sin disparar a Armando Nenane, periodista y director de la revista Crónica Jurídica e Judiciária, en el centro de Maputo. Los hombres afirmaron que cumplían órdenes de sus superiores, después de que un tribunal hubiera absuelto al periodista de unos cargos de falsificación de documentos y difamación presentados por el exministro de Defensa Nacional. Tras haberse probado su inocencia, Armando Nenane presentó cargos de “denuncia falsa” y difamación contra el exministro y miembros de los servicios de inteligencia y contrainteligencia.