Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.
El grupo armado Al Shabaab mató a 17 civiles; las fuerzas armadas y sus aliados cometieron abusos contra la población civil. Se reprimían los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. La policía usó munición real contra miembros y simpatizantes de la oposición durante el periodo electoral, y mató a manifestantes y transeúntes; cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente. Un hombre murió bajo custodia policial en circunstancias sospechosas. La policía no protegía a las personas frente a los secuestros perpetrados por delincuentes.
Información general
Mozambique inició en enero su mandato de dos años en el Consejo de Seguridad de la ONU.
El gobierno estableció la Comisión Interministerial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, pero seguían cometiéndose importantes abusos contra los derechos humanos, impulsados por el conflicto en la provincia de Cabo Delgado y otros factores estructurales.
Aunque Mozambique era responsable de sólo el 0,02% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, era uno de los países más afectados por el cambio climático.
En febrero murieron 12 personas y unas 40.000 se vieron afectadas por las inundaciones en la provincia de Maputo. En marzo, 5 niños y niñas murieron y 20 casas quedaron destruidas como consecuencia de las intensas lluvias en la ciudad de Pemba.
Entre febrero y marzo, el ciclón Freddy afectó a más de 1,3 millones de personas en las provincias de Inhambane, Sofala, Manica, Tete, Zambezia y Niassa; las inundaciones causaron el desplazamiento de 250.000 personas, la muerte de 453 y lesiones a 630. Aproximadamente el 51% de las personas afectadas eran mujeres, niños y niñas. Las autoridades no prestaron asistencia humanitaria a tiempo a las víctimas.
El 11 de octubre se celebraron elecciones municipales en 65 municipios.
Violaciones del derecho internacional humanitario
El grupo armado Al Shabaab, las Fuerzas de Defensa y Seguridad y la Misión de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral en Mozambique (SAMIM) cometieron crímenes de guerra contra civiles en la provincia de Cabo Delgado, en el norte del país, en el contexto del conflicto armado en curso.
Entre junio y septiembre, Al Shabaab llevó a cabo ataques en el distrito de Mocímboa da Praia. El grupo armado mató a un hombre e incendió 10 casas en Limala, y mató a una mujer en Kalugo y a 13 personas en Naquitengue. En julio decapitó a 2 hombres cristianos en Litamanda, distrito de Macomia.
El 24 de julio, un agente de las Fuerzas de Defensa y Seguridad violó a una niña de 17 años en el distrito de Nangade. También en julio, un militar de la SAMIM hirió de un disparo a un hombre en Ingoane, distrito de Mucojo. Las autoridades no abrieron investigaciones sobre ninguno de estos 2 casos.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
Las fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes. En enero, una presencia policial masiva en la que participaban la Unidad de Intervención Rápida y unidades caninas de la policía impidió que 130 miembros del personal del municipio de Namaacha realizasen una marcha en la provincia de Maputo para protestar por la demora de 5 meses en el pago de sus salarios. Un manifestante afirmó que todas las personas que participaban se retiraron por miedo.
El 8 de agosto, la Policía de la República de Mozambique (PRM) impidió que profesionales médicos en huelga prestasen servicios gratuitos de atención de la salud en el barrio de Zimpeto, en la capital, Maputo. El 21 de agosto, un portavoz del gobierno amenazó con el despido al personal médico que aún estaba en periodo de prueba si se mantenía en huelga.
Uso excesivo de la fuerza
El 18 de marzo, en las ciudades de Maputo y Beira, la PRM disparó munición real, balas de goma y gas lacrimógeno contra cientos de personas que asistían a una concentración pacífica en honor del destacado rapero fallecido Edson da Luz. Una mujer conocida como Belarmina murió tras recibir disparos, y decenas de personas resultaron heridas, entre ellas Inocêncio Manhique, que perdió un ojo; otras 22 fueron detenidas en ambas ciudades.
En el periodo previo y posterior a las elecciones municipales, las fuerzas de seguridad usaron munición real para impedir protestas y concentraciones de miembros y simpatizantes del partido opositor Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO). El 12 de octubre, la PRM disparó contra 3 personas, una de las cuales murió, en el distrito de Chiúre, provincia de Cabo Delgado. También disparó contra simpatizantes de RENAMO en la ciudad de Nampula, donde hirió a un niño, y continuó el ataque entre la una y las 4 de la madrugada del día siguiente. Ese mismo día, otra persona resultó herida por disparos efectuados para dispersar a simpatizantes de RENAMO en el municipio de Guruè, provincia de Zambezia.
Tras el anuncio —el 26 de octubre— de que el partido gobernante había ganado las elecciones municipales disputadas por RENAMO, se sucedieron 2 días de protesta de miembros y simpatizantes de este partido. La PRM usó de nuevo fuerza excesiva para dispersar las protestas y mató al menos a 4 transeúntes. En Nampula, Atipo Ajum, de 14 años, murió por disparos cuando vendía bebidas en la calle; Sabonete Saíde perdió la vida al ser alcanzado por una bala en su casa. En el municipio de Nacala, Issa Félix murió por disparos cuando intentaba cruzar la calle, y Braimo Arlindo, de 17 años, murió cuando él y su padre, que estaba herido de gravedad, intentaban ponerse a cubierto de los disparos. Decenas de personas presentaron síntomas de inhalación de gas lacrimógeno. Según afirmaciones de testigos, en Maputo, agentes vestidos de civil y policías antidisturbios que usaban fusiles AK-47 se unieron a los agentes de la PRM. El 27 de octubre, un portavoz de la policía afirmó que se estaban investigando los homicidios pero que la policía haría uso de todos los medios para impedir las protestas violentas.
En diciembre, al menos una persona —un muchacho de 15 años— murió en el distrito de Marromeu y otras 5 resultaron heridas a causa de los disparos efectuados por la policía en Guruè, cuando la PRM utilizó fuerza excesiva para dispersar a simpatizantes de la oposición que protestaban por los resultados de las elecciones de octubre.
Detención y reclusión arbitrarias
Las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a personas, especialmente manifestantes.
El ciudadano angoleño Gerson Emanuel Quintas (también conocido como Man Genas), su esposa y un hijo y una hija continuaban bajo arresto domiciliario en Maputo tras haber sido detenidos por la PRM el 26 de febrero después de haber solicitado asilo. Según informes, Gerson Emanuel Quintas había huido tras recibir amenazas de muerte en Angola, al parecer después de haber denunciado a un alto cargo policial por presunta implicación en tráfico de drogas.
En julio, Macassar Bacar fue hallado sin vida en la Tercera Comisaría de Policía de Maputo, al día siguiente de ser detenido por el Servicio Nacional de Investigación Criminal. La policía afirmó que la muerte obedecía a causas naturales, pero una ONG local sospechaba que el hombre había muerto como consecuencia de tortura.
En noviembre, el ministro del Interior declaró que cientos de personas habían sido detenidas y acusadas formalmente en relación con las protestas de octubre. Sólo 17 de ellas habían quedado en libertad al terminar el año. La mayoría continuaban detenidas (véase, supra, “Uso excesivo de la fuerza”).
Derecho a la vida y a la seguridad de la persona
Los empresarios de origen asiático y sus familias seguían siendo objetivo de secuestradores que exigían rescates por su liberación. La PRM no tomó medidas adecuadas para garantizar su seguridad. Durante el año, la empresaria Sheinaz Gani y los empresarios Sanjay Dhalani y Firoz Mussa Judge quedaron en libertad tras meses de cautiverio, después de haber sido secuestrados en Maputo entre marzo y septiembre. Firoz Mussa Judge fue liberado después de que su familia pagara un rescate a sus captores.