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Montenegro

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

No se esclarecieron asesinatos y ataques perpetrados en el pasado contra periodistas y profesionales de los medios de comunicación. El Tribunal Constitucional resolvió que las investigaciones sobre presuntas torturas y malos tratos no se ajustaban a las normas internacionales. La financiación de las ONG estaba en peligro y los medios de comunicación afines al gobierno llevaron a cabo campañas de difamación contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Montenegro se incorporó a la OTAN en junio. Persistía la gran preocupación por las actuaciones penales contra 14 hombres, entre ellos varios agentes de inteligencia rusos y líderes de la oposición, que en mayo fueron acusados formalmente de intentar el “derrocamiento violento del gobierno” y “evitar la adhesión a la OTAN” el día de las elecciones de octubre de 2016.

Según informes, la Fiscalía del Estado revisó siete causas por crímenes de guerra en las que todos los acusados, excepto cuatro, habían sido absueltos, para determinar si existían motivos fundados para reabrirlas. En septiembre, el gobierno informó que pagaría a las víctimas 1,35 millones de euros en indemnizaciones.

En septiembre se iniciaron procedimientos contra Vlado Zmajević, detenido en Montenegro en 2016 y acusado formalmente —en un principio por Serbia— de crímenes de guerra en Kosovo.

En junio y en julio, el Tribunal Constitucional resolvió que la Fiscalía no había llevado a cabo investigaciones efectivas sobre las presuntas torturas y malos tratos infligidos a Branimir Vukčević y Momčilo Baranin , y a Milorad Martinović, respectivamente, durante unas manifestaciones en noviembre de 2015.

Los abogados de los funcionarios de prisiones acusados formalmente en 2016 de cometer abusos contra presos siguieron retrasando las actuaciones judiciales, y en diciembre aún no había sentencia.

En junio, el gobierno propuso modificar la Ley sobre Reuniones Públicas para prohibir las protestas frente al Parlamento. Las ONG temían que la modificación de la legislación sobre sus fuentes de ingresos pudiera reducir su financiación y permitir que el gobierno decidiera sobre la inscripción de nuevas ONG en el registro.

periodistas

A los miembros de la sociedad civil de una comisión encargada de dar seguimiento a las investigaciones sobre violencia contra periodistas se les seguía negando el acceso a documentos clasificados.

Jovo Martinović, periodista de investigación detenido en 2015, fue puesto en libertad en febrero tras llamamientos internacionales en su favor, pero al acabar el año continuaban las actuaciones judiciales por su presunta pertenencia a una banda de narcotraficantes a la que estaba investigando.

En octubre, el Tribunal Constitucional concedió 7.000 euros al periodista Tufik Softić en concepto de indemnización por la ineficacia de la investigación sobre el atentado contra su vida cometido en 2007, las amenazas constantes y su temor a sufrir otro atentado letal.

En abril, un grupo de activistas LGBTI propuso una ley modelo sobre identidad de género. En agosto fueron agredidos varios miembros de la ONG LGBT Forum Progress, uno de los cuales tuvo que ser hospitalizado.

En enero, el gobierno recortó un 25% una prestación vitalicia destinada, en virtud de la Ley de Protección Social e Infantil de 2016, a las madres de tres o más hijos que dejaban de trabajar. La decisión desencadenó protestas, incluida una huelga de hambre de 14 días en marzo. En junio, el gobierno suprimió la prestación en su totalidad. A pesar de que la ley podría ser discriminatoria, las beneficiarias temían que, sin contar con apoyo suficiente para reincorporarse al mercado laboral, la pérdida de la prestación tendría un impacto drástico en los ingresos familiares.

Casi 1.000 personas refugiadas romaníes y egipcianas que habían huido de Kosovo en 1999 continuaban en el campo de Konik, en las afueras de la capital, Podgorica, a la espera de ser reasentadas en apartamentos adecuados financiados por la UE, 120 de los cuales quedaron terminados en noviembre.

Cerca de 800 personas romaníes y egipcianas seguían en riesgo de apatridia, al continuar pendientes de resolución sus solicitudes para obtener el permiso de residencia. De éstas, unas 379 sólo tenían un permiso de residencia temporal de tres años. En mayo, el gobierno retiró de un proyecto de Ley de Extranjería un procedimiento para determinar la apatridia.

En diciembre, cuatro hombres declarados culpables en mayo de graves delitos contra la seguridad general por sobrecargar una embarcación en 1999, provocando la muerte de 35 personas refugiadas romaníes, fueron condenados a entre seis y ocho años de cárcel.

Montenegro
Jefe del Estado: Filip Vujanović
Jefe del gobierno: Duško Marković