Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU instó a Montenegro a enjuiciar efectivamente los crímenes de guerra, investigar sin demora la tortura y reforzar el poder judicial.

Información general

Las elecciones presidenciales de abril pusieron fin a tres decenios de gobierno de Milo Djukanović. Tras las elecciones parlamentarias de junio, a finales de octubre se formó un gobierno de coalición centrado en la reforma económica y judicial. En noviembre, el Parlamento zanjó varios meses de bloqueo con el nombramiento del séptimo magistrado del Tribunal Constitucional.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Continuó el único enjuiciamiento en curso por crímenes de guerra contra un exsoldado del ejército serbobosnio acusado de violación y asesinato cometidos en Bosnia y Herzegovina en 1992.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no reconoció como víctimas a los familiares de al menos 66 personas refugiadas bosniacas que habían sido objeto de desaparición forzada y deportación a la República Serbia (Republika Srpska) en 1992 —y asesinadas en su mayoría— basándose en que habían recibido una indemnización del Estado y en que los 9 agentes de policía responsables habían sido absueltos de crímenes de guerra. Las actuaciones, de 2012, no habían respetado el derecho internacional humanitario.

En diciembre se retiró una reforma legislativa aprobada en mayo que negaba una indemnización a las víctimas de la guerra civil asesinadas o sometidas a desaparición forzada fuera de Montenegro y se propuso una nueva reforma para incluir a todas las víctimas civiles de la guerra. Esto incluiría a las familias de las 20 personas que fueron secuestradas por paramilitares serbobosnios en 1993 cuando viajaban en un tren que atravesaba Bosnia y Herzegovina y que posteriormente fueron asesinadas.

Tortura y otros malos tratos

En julio, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura pidió a Montenegro que pusiera fin a la cultura de impunidad que rodeaba la tortura y otros malos tratos, y garantizara la investigación efectiva de todas las denuncias. Unas 200 denuncias seguían pendientes.

Tras nueve meses de inacción, el ministro del Interior suspendió a los agentes de policía acusados de haber torturado a Marko Boljević y a Benjamin Mugoša; los procedimientos se iniciaron en abril y mayo, respectivamente. La negativa a procesar a 10 agentes de policía por la tortura de Jovan Grujičić se revocó finalmente en octubre.

Libertad de expresión

Aumentó el respeto a la libertad de prensa, pero rara vez se dio respuesta a las solicitudes de periodistas basadas en la libertad de información. Persistió la impunidad por los ataques a periodistas, incluido el asesinato de Duško Jovanović, director del periódico Dan, en 2004.

En enero, el Tribunal de Apelaciones anuló las actuaciones contra el periodista de investigación Jovo Martinović, injustamente condenado a prisión por tráfico de drogas.

Violencia contra mujeres y niñas

Las autoridades no garantizaron el acceso de las mujeres a protección, apoyo y justicia en los casos de violencia de género en el ámbito familiar, y discriminaron especialmente a las mujeres romaníes y egipcianas, y a las mujeres con discapacidad.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Se negó tratamiento reproductivo a mujeres lesbianas o bisexuales que formaban parte de una pareja de hecho, y aún no se aplicaba íntegramente la legislación de 2020 sobre parejas de hecho. El gobierno no había concluido la redacción del proyecto de ley de reconocimiento de género, y aplazó su aplicación a 2024. Persistía la impunidad por los ataques, las amenazas online y las declaraciones discriminatorias por parte de figuras políticas.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, observó una disminución del 35% en el número de personas refugiadas y migrantes que llegaban a Montenegro. Dos guardias de fronteras montenegrinos fueron formalmente acusados en febrero de agredir a personas migrantes en 2022.

Derecho a un medioambiente saludable

En octubre, 27 ONG se dirigieron a la presidenta de la Comisión Europea para pedir a la UE que no apoyara la construcción de una terminal de gas natural licuado en el puerto de Bar que podría incrementar el uso de combustibles fósiles en la región.