Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Moldavia

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

No hubo ningún avance tangible en la reducción del número de casos de tortura y otros malos tratos bajo custodia. Persistió la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Se aprobaron nuevas restricciones “temporales” a las reuniones públicas. No se respetaban plenamente los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), lo que dio lugar a casos de hostigamiento, discriminación y violencia. Algunos centros de acogida rechazaron a personas refugiadas de minorías religiosas o étnicas. En la región escindida de Transnistria continuaron los procesamientos y encarcelamientos por ejercer la disidencia pacífica.

Información general

La agresión de Rusia contra la vecina Ucrania y la presencia continua de tropas rusas en la región moldava escindida de Transnistria intensificaron las tensiones políticas. Hubo informes de explosiones en dicha región, lo que llevó a incrementar brevemente el nivel de amenaza terrorista.

Moldavia continuó siendo uno de los países más pobres de Europa. Mujeres, menores de edad, personas mayores, personas con discapacidad y habitantes de zonas rurales estaban entre los grupos más desfavorecidos. La guerra en Ucrania empeoró una inflación ya elevada y disparó los precios de la energía, y en noviembre causó apagones.

El 23 de junio, Moldavia obtuvo la condición de país candidato a ingresar en la Unión Europea (UE), supeditada a la adopción de reformas estructurales.

Tortura y otros malos tratos

No hubo ningún avance tangible para abordar las causas institucionales de la tortura y otros malos tratos bajo custodia. En los centros penitenciarios —ya fueran mixtos, para personas adultas o para menores— eran habituales el hacinamiento, la falta de higiene y otras condiciones de reclusión inadecuadas, así como una provisión deficiente de servicios de salud.

Impunidad

Continuaba siendo endémica la impunidad por violaciones graves de derechos humanos cometidas en el pasado por miembros de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que incluían torturas y otros malos tratos a manifestantes en 2009.

No hubo más avances en el caso del secuestro y la devolución de siete profesores turcos a su país por los servicios de seguridad moldavos en 2018. Aun así, cuando la esposa de uno de ellos emprendió acciones judiciales, las autoridades moldavas se vieron obligadas a desclasificar detalles del proceso penal en el que el exdirector del Servicio de Seguridad e Inteligencia (SIS), Vasilii Botnari, había sido declarado culpable y multado en 2020. La declaración de culpabilidad era sólo por un delito económico, relacionado con el coste de fletar el vuelo en el que habían sido trasladados los profesores. La decisión judicial pertinente se había mantenido en secreto hasta después de expirar el plazo de presentación de recursos por parte de las familias de las víctimas. Aparentemente, no hubo más personas procesadas en relación con el secuestro y la entrega ilegal de los siete profesores, posteriormente encarcelados en Turquía.

A pesar de este y otros casos de abusos, no se reformó el SIS. Por el contrario, en noviembre se presentó al Parlamento un anteproyecto de ley que ampliaba, entre otras, las facultades de vigilancia de los servicios de seguridad.

Libertad de expresión y de reunión

El 19 de abril, la presidenta Sandu firmó la entrada en vigor de una norma que prohibía el uso de símbolos asociados a las actividades militares rusas en el extranjero, entre ellos la cinta de San Jorge y las letras “Z” y “V”. Se esperaba que grupos políticos prorrusos utilizaran estos símbolos en una manifestación tradicional celebrada el 9 de mayo para conmemorar el Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial. Aunque se permitió el desarrollo del acto sin interrupciones, se identificó a quienes exhibían símbolos prohibidos en la manifestación o en sus vehículos y, más tarde, la policía multó a 196 personas, incluidos 16 miembros del bloque parlamentario de comunistas y socialistas.

El 13 de octubre se impusieron restricciones a las manifestaciones; la víspera, la presidenta Sandu había pedido al gobierno que introdujera reformas legislativas temporales para “permitir a la policía garantizar el orden público” durante las protestas del partido de oposición Shor. El defensor del Pueblo (defensor público) criticó esta decisión. El 16 de octubre, la policía confiscó tiendas de campaña de manifestantes plantadas delante de edificios del gobierno central.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Moldavia, realizado en enero, numerosos Estados pidieron que se reforzaran las protecciones para las personas LGBTI. A principios de año, la ONG moldava GenderDoc-M informó de que las ideas anti-LGBTI seguían siendo muy comunes en Moldavia y que la juventud LGBTI seguía sufriendo acoso y violencia.

En febrero, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación y Garantizar la Igualdad afirmó que Marin Pavlescu había sufrido acoso por su orientación sexual durante el servicio militar. A finales de 2021, el Ministerio de Defensa había amenazado con procesar a Marin Pavlescu por deserción cuando éste abandonó el ejército tras sufrir acoso y humillación, pero la fiscalía rehusó abrir una causa penal en su contra en mayo de 2022. Marin Pavlescu continuó sufriendo discriminación a la hora de buscar trabajo porque la publicidad en torno a su caso había revelado en la práctica su condición de gay.

En junio se celebró la mayor marcha del Orgullo de Moldavia en la capital, Chisináu, a pesar de que el alcalde de la ciudad había amenazado con prohibirla.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

A fecha de diciembre, más de 740.000 personas habían entrado a Moldavia desde Ucrania, lo que sometió a una gran presión a los servicios locales. La mayoría continuó viaje a otros países de Europa o regresó a Ucrania; unas 90.000 permanecieron en Moldavia como refugiadas.

El defensor Público señaló que algunos centros de recepción de personas refugiadas habían rechazado a romaníes y miembros de otras minorías étnicas o religiosas procedentes de Ucrania. Al parecer, la policía local se puso en contacto con la dirección de algunos centros para advertirles de que no debían admitir romaníes.

Región de Transnistria

Libertad de expresión

Las autoridades de facto de Transnistria impusieron a Viktor Pleshkanov cinco días de detención administrativa por “vandalismo menor”; según informes, éste había amenazado con colgar de su balcón la bandera ucraniana como afrenta al autodenominado Ministerio de Seguridad del Estado. Su abogado comunicó que posteriormente había sido juzgado a puerta cerrada por cargos de extremismo no revelados y condenado a 38 meses de prisión.

República de Moldavia
Jefa del Estado: Maia Sandu
Jefa del gobierno: Natalia Gavrilița