Saltar al contenido
Actuem pels drets humans a tot el món
Buscar

Mali

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

La Asamblea Nacional adoptó en diciembre un proyecto de ley para la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos. El gobierno aplazó la revisión de la Constitución después de que se produjeran protestas. Continuaban las demoras en la aplicación plena del acuerdo de paz de Argel de 2015. Se iniciaron operaciones conjuntas de las fuerzas armadas malienses y algunos grupos armados en Gao en virtud del Mecanismo Operativo de Coordinación.

El experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Malí y la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) plantearon su preocupación por las graves amenazas de seguridad en las regiones septentrional y central, que ponían en peligro a la población civil y dificultaban su acceso a servicios sociales básicos. Durante el año, la MINUSMA documentó 252 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y grupos armados, con un saldo de más de 650 víctimas. Entre los casos había 21 de ejecuciones extrajudiciales y homicidios deliberados y arbitrarios, 12 de desapariciones forzadas y 31 de tortura y otros malos tratos.

Las autoridades francesas abrieron una investigación sobre la muerte de un niño ocurrida durante la Operación Barkhane en noviembre de 2016 en la que estuvieron implicados soldados franceses. Al terminar 2017 no se habían hecho públicos los resultados. En diciembre, el portavoz de las fuerzas armadas francesas afirmó que la investigación interna no había revelado responsabilidad individual o colectiva alguna.

Aumentaron durante el año los ataques en las regiones de Mopti y Ségou, en el centro del país. El incremento de la presencia de grupos armados y del reclutamiento local agravaron las tensiones entre diferentes grupos étnicos. En febrero, 20 personas murieron y 18 resultaron heridas cuando unos agresores no identificados atacaron a miembros de la comunidad fulani. El ataque tuvo lugar tras el homicidio de un conocido oponente de influencias radicales en la región de Ségou.

Entre enero y septiembre, la MINUSMA registró al menos 155 ataques contra sus propias fuerzas de mantenimiento de la paz, las fuerzas de seguridad malienses y los soldados franceses que intervenían en la Operación Barkhane. Durante el año, más de 30 personas que desarrollaban actividades relacionadas con la MINUSMA, incluidos civiles y contratistas, murieron a manos de grupos armados. El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes reivindicó la responsabilidad de la mayoría de los ataques. Entre las víctimas había ocho menores de edad.

En junio, 5 personas murieron y 10 resultaron heridas durante un ataque de un grupo armado contra un hotel a las afueras de la capital, Bamako.

En julio, unos hombres armados golpearon a 10 mujeres que participaban en una fiesta nupcial. En agosto, 12 mujeres que no llevaban velo fueron azotadas en Mopti.

Al terminar el año, al menos ocho personas secuestradas en Malí, Burkina Faso y Níger en los tres años anteriores continuaban siendo rehenes de grupos armados. Se trataba de las misioneras Beatrice Stockly y Gloria Cecilia Agoti Narváez, de nacionalidad suiza y colombiana, respectivamente; la francesa Sophie Petronin; el rumano Julian Ghergut; el estadounidense Jeffery Woodke; el australiano Ken Eliott, y los malienses Mamadou Diawara y Soungalo.

La libertad de expresión estuvo amenazada en el periodo previo a un referéndum sobre enmiendas a la Constitución.

En junio, al menos ocho personas resultaron heridas tras un enfrentamiento entre manifestantes —que protestaban contra los cambios constitucionales— y la policía, que usó gas lacrimógeno y porras.

En julio se informó de amenazas físicas y verbales contra personas contrarias al referéndum. También en julio, el periodista de Radio Maliba FM Mohamed Youssouf Bathily, conocido como Ras Bath, fue condenado a un año de prisión por “incitación a la desobediencia militar” tras criticar al ejército en 2016. En noviembre fue absuelto por el Tribunal de Apelación de Bamako.

La situación en las cárceles seguía siendo de hacinamiento y las condiciones de reclusión eran deficientes. Al terminar el año, la Prisión Central de Bamako albergaba a 1.947 reclusos, pese a que su capacidad era de 400. De las personas recluidas, 581 habían sido condenadas y 1.366 estaban en espera de juicio. A las personas recluidas desde 2013 por cargos de terrorismo no se les permitía salir de sus celdas abarrotadas y mal ventiladas, ni siquiera para hacer ejercicio.

Seguía habiendo personas recluidas en un centro de detención no oficial conocido como “Sécurité d’État”.

Los esfuerzos para abordar la impunidad decayeron al no registrarse avances dignos de mención en varios juicios de gran resonancia relacionados con abusos cometidos en el norte de Malí durante la ocupación de 2012-2013. El acuerdo de paz de 2015, que recomendaba el establecimiento de una comisión internacional de investigación para indagar sobre crímenes de derecho internacional tales como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos, no se había implementado al terminar el año.

En agosto, el exjefe de la unidad policial del Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental, Aliou Mahamane Touré, fue declarado culpable de “atentado contra la seguridad interna, posesión ilegal de armas de guerra, conspiración criminal, agresión con agravantes y atentado contra la seguridad nacional” por el tribunal penal de Bamako, y condenado a 10 años de prisión.

El juicio del general Amadou Haya Sanogo, en relación con el secuestro y asesinato de 21 soldados en abril de 2012, no se había reanudado tras su aplazamiento en diciembre de 2016. El aplazamiento tuvo lugar después de un fallo según el cual las pruebas de ADN eran inadmisibles por no haberse seguido el procedimiento judicial correcto.

El experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Malí expresó su preocupación por el elevado número de escuelas cerradas debido a la inseguridad en zonas del centro y el norte del país, un problema que privaba a más de 150.000 niños y niñas de su derecho a la educación.

Durante todo el año, más de 500 escuelas de Gao, Kidal, Ségou, Mopti y Tombuctú permanecieron cerradas. Muchas escuelas, sobre todo en Niono, Macina y Tenenkou, sufrieron amenazas de ataques de grupos armados si no cerraban o se convertían a las enseñanzas coránicas. En mayo, un grupo armado incendió una escuela en Mopti y amenazó con nuevos ataques contra escuelas no coránicas.

Los grupos armados seguían ocupando algunas escuelas, a pesar de que el artículo 39 del acuerdo de paz obligaba a todos los signatarios a prestar especial atención a la educación para todas las personas.

En agosto, la Corte Penal Internacional declaró a Ahmad Al Faqi Al Mahdi responsable del pago de 2,7 millones de euros en concepto de reparaciones individuales y colectivas. Ahmad Al Faqi Al Mahdi había sido declarado culpable en 2016 del crimen de guerra de dirigir intencionadamente ataques contra edificios religiosos e históricos de Tombuctú, y había sido condenado a nueve años de prisión. Estaban en curso las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos desde enero de 2012 en Malí.

República de Malí
Jefe del Estado: Ibrahim Boubacar Keïta
Jefe del gobierno: Soumeylou Boubeye Maiga (sustituyó en diciembre a Abdoulaye Idrissa Maïga, quien a su vez había sustituido a Modibo Keïta en abril)