Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024
Se reprimía el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Unos periodistas y un defensor de los derechos humanos fueron víctimas de desaparición forzada, y unas personas críticas con el gobierno fueron detenidas arbitrariamente. Las fuerzas gubernamentales, personal militar extranjero y grupos armados cometieron abusos y violaciones graves de derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilegítimos. La ONU registró cientos de casos de violencia sexual contra mujeres y niñas. Algunos casos relacionados con violencia y discriminación basada en el empleo y la ascendencia dieron lugar a sentencias condenatorias.
Información general
Continuó el conflicto armado entre las fuerzas armadas y grupos armados. El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM, por sus siglas en francés) y el Estado Islámico en el Sahel (EIS) pugnaban por el control de la región de Gao.
Tras ser votada en referéndum, se adoptó una nueva Constitución.
En junio, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la terminación el 31 de diciembre de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA). En el contexto de la salida gradual de las tropas de la ONU y de la ruptura del acuerdo de paz y reconciliación de 2015, en agosto estallaron combates entre fuerzas gubernamentales y la coalición de grupos armados Marco Estratégico Permanente para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo (CSP-PSD, por sus siglas en francés). En noviembre, fuerzas gubernamentales recuperaron la ciudad de Kidal, en manos del CSP-PSD.
Libertad de expresión
En enero, Aminata Dicko, defensora de los derechos humanos, se vio obligada a exiliarse en las ciudades de Ginebra y París luego de denunciar en una sesión informativa ante el Consejo de Seguridad de la ONU abusos cometidos por las fuerzas armadas, tras lo cual la gendarmería la citó para proceder a su interrogatorio en relación con acusaciones de alta traición y difamación.
Cheick Mohamed Cherif Koné y Dramane Diarra, magistrados y miembros de la asociación en favor de la democracia Llamamiento 23 de Febrero, fueron expulsados de sus puestos en la magistratura en agosto y septiembre, respectivamente. En 2021, Cheick Koné fue destituido como primer abogado general del Tribunal Supremo tras criticar investigaciones judiciales, entre ellas la del caso del ex primer ministro Soumeylou Boubèye Maïga, que murió cuando estaba detenido en espera de juicio en 2022.
Libertad de reunión pacífica
En agosto, en el distrito de Bandiagara, región de Moptí, las fuerzas de seguridad mataron a una persona y causaron heridas a otras siete cuando dispararon contra personas que protestaban por los homicidios cometidos por grupos armados.
Detención y reclusión arbitrarias
En marzo, el periodista Mohamed Youssouf Bathily, también conocido como Ras Bath, fue detenido y acusado formalmente de simulación de infracción y de atentado contra la credibilidad del Estado tras haber declarado en la radio que Soumeylou Boubèye Maïga había sido “asesinado” (véase, supra, “Libertad de expresión”). En julio, el periodista fue absuelto del primer cargo, pero continuó detenido.
Ese mismo mes, Rokiatou Boumbia, también conocida como Rose Vie Chère, fue detenida por criticar en TikTok el desempeño económico y las políticas de seguridad del gobierno. Fue acusada de “incitar a la rebelión” y de “alterar el orden público”, condenada a un año de prisión y multada con un millón de francos CFA (1.636 dólares estadounidenses, aproximadamente) en agosto.
En septiembre, Adama Ben Diarra, también conocido como Ben le Cerveau, miembro del Consejo Nacional de Transición, fue detenido tras afirmar en la radio que el gobierno debía organizar elecciones presidenciales para febrero de 2024 de acuerdo con su agenda. Fue condenado a dos años de prisión (uno de ellos condicional) por “atentado contra la credibilidad del Estado”, y quedó apartado del Consejo Nacional de Transición.
Desapariciones forzadas
El 26 de enero, Sory Koné, director de programas de Radio DANAYA, en Souba, región de Segú, fue secuestrado en su domicilio por personas no identificadas, de las que se creía que eran miembros de las fuerzas de seguridad. Seguían sin conocerse su suerte y paradero.
Los periodistas Aliou Touré e Idriss Martinez Konipo estuvieron recluidos, presumiblemente bajo custodia de miembros de las fuerzas de seguridad, en lugares desconocidos durante 5 y 3 días, respectivamente, en abril.
Seguían sin conocerse la suerte y el paradero del defensor de los derechos humanos Hammadoun Dicko, secuestrado en diciembre en Bamako por individuos no identificados.
Violaciones del derecho internacional humanitario
Grupos armados
El 22 de abril, el GSIM atacó bases del ejército en Sevaré, región de Moptí, cerca del aeropuerto y de un campamento de la ONU. El gobierno afirmó que 10 civiles habían muerto y 61 habían resultado heridos. En el ataque se destruyeron 20 casas y albergues que acogían a personas internamente desplazadas.
Entre el 27 y el 28 de junio, combatientes del Estado Islámico en el Sahel atacaron las localidades de Gaina y Boyna, en la región de Gao, y mataron a 17 residentes. Después del ataque, robaron ganado y secuestraron al menos a 4 habitantes de Boyna.
En julio, asaltantes armados atacaron la localidad de Djankoin, en la región de Segú, y mataron al menos a 10 civiles, según fuentes locales y medios de comunicación.
En agosto, según medios de comunicación, combatientes del GSIM perpetraron ataques en la región de Bandiagara y mataron a 15 civiles en Bodio y a 22 en Yarou.
A partir de agosto, el GSIM restringió el acceso a la ciudad de Tombuctú, después de que el ejército ocupara de nuevo los campamentos militares de Goundam y Ber, en la zona de Tombuctú, tras la retirada de la zona de las tropas de la ONU. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), al menos 33.100 personas de Tombuctú se habían trasladado a países vecinos desde que se inició el asedio.
El 7 de septiembre, combatientes armados atacaron un barco de pasajeros civil que partía de Gao destino a Moptí, cerca de la localidad de Zarhoy, y mataron al menos a 49 civiles y 15 soldados.1
Fuerzas gubernamentales y aliadas
En mayo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó sus conclusiones sobre una operación militar llevada a cabo en Moura en marzo de 2022; según el informe, unas 500 personas habían sido ejecutadas sumariamente y al menos 58 mujeres habían sido violadas por soldados malienses y personal militar extranjero en el transcurso de una operación de 5 días. Nadie había rendido cuentas por los homicidios. Las fuerzas armadas y el personal militar extranjero aliado desplegado en Malí siguieron cometiendo violaciones del derecho internacional humanitario.
El 6 de marzo, según Human Rights Watch, soldados y personal militar extranjero detuvieron a 200 hombres en Sossobé —región de Moptí— durante una patrulla conjunta y los llevaron a la mezquita. Según testigos, más tarde se encontraron los cuerpos sin vida de 5 de ellos a las afueras de Sossobé, mientras que seguían sin conocerse la suerte y el paradero de otros 21 a los que habían vendado los ojos y esposado y se habían llevado en helicópteros. Los demás quedaron en libertad.
En una operación militar conjunta llevada a cabo posteriormente ese mismo mes, que también implicó a cazadores dozos, 26 personas perdieron la vida, entre ellas un niño de 6 años, en Ouenkoro, según informaciones de medios de comunicación. Los soldados recogieron los teléfonos móviles de las personas que estaban en el mercado local para impedir que comunicaran las pruebas de las violaciones de derechos humanos.
Según testigos, el 9 de mayo, personal militar extranjero atacó un campamento temporal de pastores en Gogoro, región de Douentza, y mató a 11 civiles. Seguían sin conocerse la suerte y el paradero de 4 personas, entre ellas un niño de 10 años, a las que habían secuestrado.
El 5 de octubre, durante una ofensiva del ejército, unos soldados acompañados por personal militar extranjero ejecutaron extrajudicialmente a 17 residentes en la localidad de Ersane, distrito de Bourem, región de Gao. Según medios de comunicación y fuentes locales, todos habían sido decapitados, y en 15 de los cadáveres se habían colocado bombas trampa.
Violencia sexual y de género
En abril, la ONU informó de que tenía constancia de 470 incidentes de violencia sexual cometida por grupos armados y por fuerzas gubernamentales y aliadas entre enero y marzo, 51 de los cuales estaban relacionados con los conflictos. Todas las víctimas eran mujeres, y 11 eran niñas, en algún caso de sólo 12 años.
Discriminación
La violencia y la discriminación contra personas basadas en el empleo y la ascendencia seguían siendo prácticas generalizadas. En mayo, unos expertos de la ONU pidieron a las autoridades malienses que penalizaran la esclavitud, y señalaron que la esclavitud basada en la ascendencia seguía siendo práctica generalizada. Entre febrero y marzo, el Tribunal de lo Penal de Kayes declaró culpables a 56 personas en relación con ataques que incluían los homicidios de víctimas de discriminación basada en el empleo y la ascendencia que tuvieron lugar en las ciudades de Diandioumé en 2020 y Bafoulabé en 2021.
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