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Maldives

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Continuó la represión del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Las autoridades utilizaron el sistema de justicia penal para silenciar a la oposición política, a defensores y defensoras de los derechos humanos, a periodistas y a la sociedad civil. La falta de independencia del poder judicial seguía siendo motivo de preocupación. El presidente insistió en que iban a reanudarse las ejecuciones tras más de 60 años.

Persistía la agitación política al utilizar el presidente el ejército y el poder judicial para reprimir a la oposición. En julio, la oposición presentó una moción de censura para pedir la destitución del presidente del Parlamento, pero los procedimientos se detuvieron con la suspensión de cuatro parlamentarios de la oposición. El 24 de julio se negó la entrada de parlamentarios a la cámara y el presidente dio instrucciones al ejército de emplear pulverizadores de pimienta y gas lacrimógeno para dispersarlos. Se detuvo de forma arbitraria a los parlamentarios Faris Maumoon y Qasim Ibrahim por sobornar presuntamente a legisladores para deponer al presidente del Parlamento.1

Las autoridades hacían caso omiso de las disposiciones constitucionales de protección del derecho a un juicio justo, como ponían de manifiesto las diversas causas penales abiertas contra adversarios políticos. El 18 de julio se detuvo al parlamentario Faris Maumoon en una redada en su domicilio por sobornar presuntamente a legisladores para que firmaran una moción de censura contra el presidente del Parlamento. Faris Maumoon trató de que se retiraran los cargos contra él alegando que las pruebas se habían obtenido ilegalmente.

En abril, Qasim Ibrahim, líder del Partido Jumhooree, fue condenado a 38 meses de prisión tras ser declarado culpable de conspirar para derrocar al gobierno, entre otros cargos. En septiembre, tras reiteradas peticiones de atención médica, el tribunal le concedió permiso para viajar al extranjero a fin de recibir tratamiento.

En abril, el popular bloguero político y activista de redes sociales Yameen Rasheed murió apuñalado en su edificio de apartamentos en la capital, Malé.2 Se cumplieron tres años de la desaparición del periodista Ahmed Rilwan. Al terminar el año, ninguna de las investigaciones —ensombrecidas por injerencias políticas— había desembocado en el procesamiento de las personas responsables.

En marzo, periodistas del canal de televisión Raajje TV denunciaron a la policía de Maldivas que los habían amenazado con matarlos si el canal enviaba periodistas al atolón de Faafu para cubrir la visita del rey de Arabia Saudí. La policía no les ofreció protección adicional. En torno a las mismas fechas, la policía puso bajo “custodia protectora” a dos periodistas del periódico Maldives Independent tras recibir éstos amenazas de miembros del partido gobernante. Los periodistas afirmaron que la policía había leído sus notas de trabajo y los había tratado como si fueran sospechosos.

En julio se detuvo a siete periodistas de Sangu TV y Raajje TV mientras cubrían una protesta con motivo del Día de la Independencia. Permanecieron recluidos durante varias horas acusados de obstruir la labor policial.

Siguieron imponiéndose restricciones arbitrarias a personas que se manifestaban pacíficamente y a quienes defendían los derechos humanos. El 24 de julio, el ejército usó pulverizadores de pimienta y gas lacrimógeno para dispersar a parlamentarios que intentaban entrar en el edificio del Parlamento. El 8 de agosto, agentes de policía de Operaciones Especiales bloquearon una marcha encabezada por familiares y amistades de Ahmed Rilwan con motivo del tercer aniversario de su desaparición, para lo cual emplearon pulverizadores de pimienta, les quitaron las pancartas, rasgaron carteles y detuvieron brevemente a nueve personas. Varios días después, el sobrino de Ahmed Rilwan y la hermana de Yameen Rasheed fueron despedidos de sus empleos de personal civil de apoyo a la policía de Maldivas por participar en la protesta.

El gobierno declaró que se iba a aplicar la pena de muerte “a finales de septiembre”. Estas ejecuciones serían las primeras en más de 60 años. Tres hombres —Hussain Humaam Ahmed, Ahmed Murrath y Mohamed Nabeel— seguían en peligro de ejecución inminente, a pesar de existir graves motivos de preocupación en relación con la imparcialidad de las actuaciones judiciales. Entre los motivos de preocupación estaban el uso de una “confesión” de Hussain Humaam Ahmed obtenida al parecer con coacción y de la que posteriormente se había retractado. El Comité de Derechos Humanos de la ONU había solicitado reiteradamente al gobierno que suspendiera la ejecución de los tres hombres en 2016 y 2017, de conformidad con los compromisos adquiridos por Maldivas en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.3 Había 17 presos en espera de ejecución, de los cuales al menos 5 habían sido condenados por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años.4

  1. Maldives: Opposition MP must get a fair trial (noticia, 22 de septiembre)
  2. Maldives: Killing of popular blogger an attack on freedom of expression (noticia, 23 de abril)
  3. Maldives: Halt first execution in more than 60 years (noticia, 20 de julio)
  4. Maldivas reanudará las ejecuciones en septiembre (ASA 29/7007/2017)
República de las Maldivas
Jefe del Estado y del gobierno: Abdulla Yameen Abdul Gayoom