Saltar al contenido
Actuem pels drets humans a tot el món
Buscar

Malàisia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El espacio de la sociedad continuó reduciéndose a consecuencia de la persistente represión de los derechos civiles y políticos. Aumentó el empleo de prohibiciones de viajar difusas y arbitrarias para limitar y amenazar la libertad de circulación de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Se detuvo e investigó a periodistas y activistas de los derechos indígenas por hacer campaña para combatir los abusos contra los derechos humanos y denunciarlos.

El gobierno siguió hostigando, deteniendo y enjuiciando a personas críticas mediante el uso de legislación restrictiva, como la Ley contra la Sedición y la Ley sobre Comunicaciones y Materiales Multimedia. Más de 60 personas fueron detenidas, acusadas o encarceladas en aplicación de una serie de leyes. Se utilizó el apartado 233 de la Ley sobre Comunicaciones y Materiales Multimedia, que penalizaba, entre otras cosas, el “uso indebido de instalaciones de red”, para presentar cargos contra cuatro personas y condenar a una quinta por criticar o satirizar al gobierno.

En julio, el Tribunal de Apelación resolvió que el gobierno tenía discrecionalidad absoluta para prohibir a cualquier ciudadano viajar al extranjero, sin necesidad de justificar la prohibición.1 Esta sentencia facilitaba que siguiera violándose el derecho a la libertad de circulación y obstaculizándose el trabajo de defensores y defensoras de los derechos humanos, entre ellos el humorista gráfico Zunar y el activista Hishamuddin Rais. Asimismo, las autoridades impidieron entrar en Malasia a varios defensores y defensoras de los derechos humanos, como el activista bangladeshí Adilur Rahman Khan2 y la activista singapuresa Han Hui Hui, que fueron expulsados tras haber intentado asistir a unas conferencias sobre derechos humanos. Estas prohibiciones eran de naturaleza secretista y arbitraria, y no se podían recurrir ni se notificaban con antelación.

Continuaron los juicios contra defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la oposición parlamentaria por haber participado en protestas pacíficas. En julio, el Tribunal Superior de Kota Kinabalu revocó la sentencia absolutoria del tribunal de primera instancia en la causa de la activista Jannie Lasimbang, que había sido encausada en aplicación del apartado 9 de la Ley de Reunión Pacífica de 2012. Su juicio estaba en curso al concluir el año. Se presentaron cargos contra parlamentarios y activistas —entre ellos el parlamentario Sim Tze Tzin, Maria Chin Abdullah, Mandeep Singh y Adam Adli— por haber participado en la concentración pacífica de protesta convocada bajo la etiqueta de Twitter #KitaLawan (Luchamos). Inicialmente, los tribunales desestimaron los cargos contra Maria Chin Abdullah, Mandeep Singh y Sim Tze Tzin, que volvieron a ser acusados en octubre. Adam Adli fue absuelto por el tribunal de primera instancia en noviembre.

En enero fueron detenidas 21 personas indígenas defensoras de los derechos humanos pertenecientes al pueblo temiar del estado de Kelantan, al norte del país, en relación con unas protestas pacíficas contra la concesión de permisos de explotación forestal por las autoridades. También fueron detenidos dos periodistas.3 Aunque estas personas quedaron en libertad 48 horas más tarde, los derechos de los temiar a sus tierras ancestrales siguieron amenazados, ya que las actividades de explotación forestal prosiguieron sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. En agosto, la policía detuvo en Perak a 11 defensores indígenas de los derechos humanos que se manifestaban pacíficamente contra una empresa maderera.

Siguió utilizándose la legislación sobre detención preventiva —en concreto la Ley de Prevención del Terrorismo y la Ley de Delitos contra la Seguridad (Medidas Especiales)— para detener, juzgar y encarcelar a presuntos responsables de delitos contra la seguridad. Se decidió que el periodo máximo de detención de 28 días previsto en la Ley de Delitos contra la Seguridad (Medidas Especiales) seguiría en vigor durante cinco años, contados a partir del 31 de julio, tras haber sometido la medida a votación en el Parlamento.

El 26 de abril, el Tribunal Superior de Kuala Lumpur condenó a cinco años de cárcel a Siti Noor Aishah por estar en posesión de 12 libros, en aplicación de una drástica disposición de la Ley de Delitos contra la Seguridad (Medidas Especiales) que prohibía la posesión, custodia o control de cualquier objeto relacionado con grupos terroristas o con la comisión de actos terroristas.4 Los libros en cuestión no estaban prohibidos, lo que suscitó más preocupación aún por la naturaleza arbitraria de la ley y su aplicación.

Persistía la impunidad por las muertes bajo custodia y el uso excesivo de la fuerza y de armas de fuego. A lo largo del año se produjeron al menos cinco muertes bajo custodia, entre ellas la de S. Balamurugan, quien, según el relato de sus compañeros de celda, había sido golpeado por la policía durante el interrogatorio. Una jueza de primera instancia había ordenado que fuera puesto en libertad y recibiera atención médica. No se tuvo constancia de que se hubiera iniciado ninguna investigación policial sobre su muerte.

Siguió aplicándose la pena de muerte preceptiva por delitos como los de tráfico de drogas, asesinato y disparo de armas de fuego con la intención de matar o herir en ciertas circunstancias. También continuaron las ejecuciones a lo largo del año, sin que hubiera aún ningún procedimiento específico para la notificación de las ejecuciones previstas.5 En noviembre, el Parlamento aprobó una reforma de la Ley de Drogas Peligrosas que concedía a la judicatura discrecionalidad con respecto a la pena de muerte preceptiva en caso de que la persona acusada se dedicara al transporte de droga y cooperara con los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley para “frustrar actividades de tráfico de drogas”. Esta disposición prescribía 15 latigazos como pena preceptiva.

Las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación en la ley y en la práctica, y el apartado 377A del Código Penal penalizaba las relaciones sexuales consentidas entre hombres. En junio, el Ministerio de Salud recibió críticas tanto dentro como fuera del país por su decisión de lanzar un concurso de vídeos entre la población adolescente sobre cómo “evitar la confusión de género”, con mención específica de “gays, lesbianas, transgénero, travestis y marimachos”. Estas palabras fueron suprimidas posteriormente.

En julio, la asamblea del estado de Kelantan aprobó una reforma de la Ley de Procedimiento Penal Islámico de 2002, que permitía azotar con vara en público a los delincuentes. Ni el Código Penal Islámico de ese estado ni el Código Penal de Malasia definían de manera adecuada la tortura ni la prohibían.

  1. Malaysia: Open-ended travel bans violate the rights of human rights defenders (ASA 28/6697/2017)
  2. Malaysia: Bangladeshi human rights activist detained (noticia, 20 de julio)
  3. Malasia: Terminar con el hostigamiento de los defensores y defensoras de los derechos indígenas (ASA 28/5549/2017)
  4. Malasia: Estudiante condenada por posesión de libros “ilegales” (ASA 28/6136/2017)
  5. Malaysia: Stop execution of prisoners due to be hanged on Friday (noticia, 23 de marzo)
Malasia
Jefe del Estado: rey Muhammad V
Jefe del gobierno: Najib Tun Razak