Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Las autoridades continuaron las devoluciones sumarias de personas refugiadas y migrantes a Bielorrusia y aprobaron legislación al efecto. El Tribunal Constitucional anuló legislación sobre la detención de migrantes y solicitantes de asilo. Las personas de nacionalidad bielorrusa o rusa encontraban cada vez más obstáculos para renovar el permiso de residencia y otra documentación. Seguían sin legalizarse las uniones entre personas del mismo sexo.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Continuaban acogidas en Lituania al menos 52.262 personas que habían huido de Ucrania tras la invasión en gran escala de este país por Rusia. Sin embargo, se devolvió a Bielorrusia a otras personas refugiadas y migrantes, en su mayoría procedentes de Oriente Medio y África, y al menos 2.599 fueron objeto de devolución sumaria a pesar del peligro que corrían de sufrir tortura y otros malos tratos a manos de las autoridades bielorrusas. En mayo, a propuesta del gobierno, el Parlamento aprobó reformas legales que conferían a la guardia de fronteras la facultad de llevar a cabo devoluciones sumarias, en contravención del derecho internacional. Las autoridades lituanas concluyeron las obras de una barrera física a lo largo de la frontera terrestre con Bielorrusia e insistieron en que quienes buscaran protección solicitaran asilo en los pasos fronterizos oficiales. Sin embargo, en agosto, el gobierno cerró dos de los seis pasos y anunció el futuro cierre de otros dos.

En junio, el Tribunal Constitucional concluyó que las disposiciones de la Ley sobre la Condición Jurídica de las Personas Extranjeras introducidas en 2021 y abril de 2023, que establecían la detención automática de solicitantes de asilo y de las personas consideradas migrantes en situación irregular, violaban el artículo 20 de la Constitución, que protegía la libertad. En diciembre, el Parlamento aprobó reformas legislativas que introducían algunas garantías frente a la detención arbitraria y limitaban la duración máxima de la detención a cinco meses. La medida no proporcionaba reparación a los miles de personas que habían sufrido detención arbitraria prolongada entre 2021 y 2023. Al final del año, 38 solicitantes de asilo y migrantes permanecían bajo custodia en Lituania.

En junio, una investigación del Colegio de Abogados de Lituania confirmó graves irregularidades en la provisión de asistencia letrada gratuita a personas refugiadas y migrantes.

En septiembre, el Ministerio del Interior comunicó un descenso del número de intentos de entrar al país desde Bielorrusia, pero también un aumento del número de personas refugiadas y migrantes que entraban a través de Letonia. Las autoridades lituanas realizaron controles en la frontera con Letonia y expulsaron sumariamente a ese país a 1.072 personas refugiadas y migrantes entre las que había menores no acompañados.

En la segunda mitad del año, el Ministerio del Interior señaló a un total de 1.654 nacionales de Bielorrusia y Rusia que vivían en Lituania como una amenaza para la seguridad nacional, en parte basándose en un cuestionario de opinión sobre la agresión rusa contra Ucrania. Como consecuencia, muchas de esas personas vieron denegado el asilo, el visado, la renovación del permiso de residencia o la continuación de la nacionalidad lituana. En agosto, Olga Karach, activista bielorrusa que vivía en Lituania, fue declarada una amenaza para la seguridad nacional y se le denegó el asilo, y sólo pudo quedarse en el país en virtud de un permiso de residencia temporal.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró ilegítima la medida adoptada por las autoridades lituanas de censurar un libro de cuentos infantiles en el que se representaban relaciones entre personas del mismo sexo, entre otras. En noviembre, el Parlamento rechazó en votación una propuesta legislativa para anular la prohibición de promover modelos familiares no tradicionales, y al final del año aún no había aprobado otra propuesta para garantizar ciertos derechos a las parejas LGBTI mediante la introducción de uniones civiles sin distinción de género.

Derecho a un medioambiente saludable

El año estuvo marcado por fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático, como sequía, olas de calor y fuertes tormentas, que dañaron los medios de vida y la salud de la población. Lituania no tenía un plan claro para abandonar gradualmente los combustibles fósiles, y la reducción de las emisiones a largo plazo avanzaba a un ritmo más lento que la media de la UE.