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Líban

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Líbano albergaba a más de un millón de personas refugiadas de Siria, que se sumaban a los centenares de miles de refugiados y refugiadas palestinos que había ya en el país y a más de 20.000 procedentes de otros países. Las autoridades mantuvieron restricciones que cerraban en la práctica las fronteras del país a quienes huían de Siria. El Parlamento derogó una ley que permitía que los acusados de violación eludieran el castigo casándose con sus víctimas y aprobó una nueva ley que penalizaba la tortura. La crisis económica siguió reduciendo el acceso a servicios esenciales. Las autoridades impusieron condenas a muerte. No hubo ejecuciones.

Debido a la crisis económica, el acceso a servicios básicos, como la electricidad y el agua, siguió estando gravemente limitado en todo el país. Continuaron durante el año las protestas públicas y huelgas, protagonizadas, entre otros, por miembros de la judicatura, personal del sector público, padres y madres, trabajadores y trabajadoras, y personas que vivían cerca de vertederos de residuos sin tratar. La mala gestión de los residuos, que había desencadenado las mayores protestas organizadas en años, persistió.

El 4 de noviembre, el primer ministro Hariri anunció su dimisión en un discurso pronunciado desde la capital saudí, Riad, en circunstancias que no quedaron claras. El presidente Aoun no la aceptó.

Las Fuerzas Armadas Libanesas y el grupo armado Hezbolá lanzaron dos operaciones militares en la localidad fronteriza septentrional de Arsal contra los grupos armados Yabhat al Nusra y Estado Islámico en julio y agosto, respectivamente. A finales de agosto, las Fuerzas Armadas Libanesas se habían hecho de nuevo con el control de la localidad y la zona circundante y habían recuperado los cadáveres de 10 soldados libaneses que el Estado Islámico había tomado como rehenes en 2014.

En el campo para población refugiada palestina de Ein el Helweh, en la ciudad meridional de Sidón, estallaron enfrentamientos entre el Estado Islámico y grupos afines, por una parte, y grupos armados palestinos y las Fuerzas Armadas Libanesas, por la otra.

En junio, el Parlamento aprobó una nueva ley electoral y convocó elecciones parlamentarias —las primeras desde 2009, tras haberse aplazado dos veces— para mayo de 2018.

Seguía vigente la decisión adoptada por el gobierno en mayo de 2015 de prohibir al ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la inscripción de personas refugiadas recién llegadas.

Los refugiados y refugiadas sirios tenían problemas pecuniarios y administrativos para obtener o renovar los permisos de residencia, lo que los exponía al riesgo constante de sufrir detención arbitraria y devolución a Siria. En febrero, las autoridades eximieron de la tasa de residencia de 300.000 libras libanesas (200 dólares estadounidenses) a los refugiados y refugiadas sirios registrados en el ACNUR, aunque excluyeron a quienes habían entrado en Líbano después de enero de 2015 o hubieran renovado su permiso de residencia gracias al trabajo o a un patrocinador particular, así como a la población refugiada palestina de Siria. Las autoridades no aplicaron la exención de forma sistemática, por lo que muchas personas refugiadas no pudieron renovar sus permisos de residencia.

La población refugiada siria seguía teniendo graves dificultades económicas. Según la ONU, el 76% de las familias refugiadas sirias vivían por debajo del umbral de pobreza, y más de la mitad soportaban precarias condiciones de vivienda en edificios superpoblados y barrios con gran densidad de población. Además, estas personas soportaban restricciones a la hora de buscar trabajo oficial, y en varios municipios estaban sometidas a toques de queda y otras limitaciones de la libertad de circulación. Varios municipios presentaron notificaciones de desalojo a las personas refugiadas, lo que las obligó a buscar lugares alternativos para vivir, en un entorno cada vez más hostil y xenófobo. En marzo, las Fuerzas Armadas Libanesas notificaron su desalojo a cerca de 12.665 personas refugiadas que vivían en campos de las proximidades de la base aérea de Riyak, en la región de la Becá.

Al concluir el año se había financiado sólo el 56% del llamamiento humanitario de la ONU para la población refugiada siria en Líbano y seguían siendo insuficientes las plazas de reasentamiento en otros países.

El 30 de junio, las Fuerzas Armadas Libanesas irrumpieron en dos campamentos convertidos en asentamientos informales de personas refugiadas sirias en Arsal y detuvieron al menos a 350 hombres. La mayoría quedaron en libertad posteriormente, pero, según algunas fuentes, los soldados sometieron a tortura y otros malos tratos a algunos, y cuatro murieron bajo custodia. Las autoridades no publicaron ninguna conclusión de sus investigaciones sobre estas muertes.

Entre junio y agosto miles de personas de Siria regresaron allí desde Arsal, la mayoría en virtud de acuerdos negociados por Hezbolá con grupos armados de Siria.

La población refugiada palestina, gran parte de ella residente desde hacía tiempo en Líbano, seguía sometida a leyes discriminatorias que le imposibilitaban poseer y heredar propiedades y acceder a la educación y los servicios de salud públicos y le impedían trabajar en al menos 36 profesiones. Al menos 3.000 personas refugiadas palestinas que no poseían documentos de identidad oficiales sufrían restricciones adicionales para registrar nacimientos, matrimonios y defunciones.

Líbano seguía sin ratificar la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967.

Habiendo ratificado la Convención de la ONU contra la Tortura y su protocolo facultativo en 2000 y 2008, respectivamente, Líbano compareció por primera vez ante el Comité de la ONU contra la Tortura en mayo. El 26 de octubre entró en vigor una nueva ley contra la tortura, que era en gran medida conforme con las obligaciones internacionales de Líbano, pero no incorporaba las observaciones del Comité respecto de las normas sobre prescripción y las penas previstas para el delito de tortura. Además, tampoco establecía que los miembros del ejército acusados de tortura fueran juzgados por tribunales civiles.

En agosto, el Parlamento derogó el artículo 522 del Código Penal, que permitía que las personas declaradas culpables de secuestro o violación, incluido el estupro, eludieran el enjuiciamiento si se casaban con la víctima. Las organizaciones de la sociedad civil siguieron pidiendo la derogación de los artículos 505 y 518, que sí permitían el matrimonio con menores de entre 15 y 18 años como vía para eludir el enjuiciamiento.

Los grupos de derechos de las mujeres continuaron defendiendo el derecho de las mujeres casadas con extranjeros a transmitir su nacionalidad a sus esposos, hijos e hijas. El Comité de la ONU de los Derechos del Niño también incluyó esta recomendación en sus observaciones finales sobre Líbano, además de pedir a éste que garantizase la concesión de la ciudadanía a los niños y niñas que de otro modo fueran apátridas.

Las trabajadoras migrantes seguían sometidas a leyes y prácticas discriminatorias que restringían sus derechos a la libertad de circulación, la educación y la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.

Las Fuerzas de Seguridad Interna continuaron deteniendo a personas y presentando cargos en aplicación del artículo 534 del Código Penal, que penalizaba las “relaciones sexuales contra natura” y se utilizaba para enjuiciar a personas LGBTI.

En mayo, las Fuerzas de Seguridad Interna prohibieron varias actividades previstas en todo el país para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, alegando motivos de seguridad tras las amenazas de grupos islamistas radicales.

La Oficina de Ciberdelitos y Propiedad Intelectual de las Fuerzas de Seguridad Interna siguió interrogando, arrestando y sometiendo a detención preventiva a activistas pacíficos por publicar comentarios en redes sociales. La fiscalía dictó al menos cuatro órdenes de detención por cargos que incluían “insultar al presidente [...] la bandera o el emblema nacional”, “difamación” y “libelo y calumnia”. Durante la detención preventiva, que duró varios días, se negó a la mayoría de los activistas el acceso a sus abogados y familias.

En agosto, el organismo público Consejo Disciplinario General confirmó que se estaban utilizando medicamentos caducados y falsos para tratar el cáncer en el Hospital Universitario Rafik Hariri de Beirut —el mayor hospital público de la capital— y tomó medidas disciplinarias contra la dirección de la farmacia del centro.

La sociedad civil denunció ante el poder judicial varios casos de violaciones del derecho a la salud y al agua potable, algunos de ellos relativos a la venta de medicamentos caducados en hospitales públicos y a la mala gestión de los residuos. Sus esfuerzos fueron infructuosos debido a la tardanza de los tribunales en dictar sentencia o a que ésta no se aplicó.

Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte; no se llevaron a cabo ejecuciones.

República Libanesa
Jefe del Estado: Michel Aoun
Jefe del gobierno: Saad Hariri