Información extraída de nuestro informe 2022/2023

La fiscal general retiró los cargos de asesinato que pesaban sobre el ex primer ministro y la ex primera dama. Las protestas estaban prohibidas y, hasta agosto, las autoridades utilizaban el pretexto de la normativa sobre la COVID-19 para negar los permisos para celebrar reuniones. La brutalidad policial, incluidos casos denunciados de tortura y otros malos tratos y de un homicidio ilegítimo, seguía suscitando honda preocupación. La violencia de género continuaba aumentando mientras a las mujeres se las marginaba de los ámbitos económico y político. El acceso a asistencia médica era limitado, especialmente para las mujeres y las niñas en las zonas rurales.

Información general

El Parlamento se disolvió en julio como paso previo a la celebración de elecciones generales en octubre. La cámara se restituyó, bajo estado de excepción, el 24 de agosto, y finalmente el 31 de agosto aprobó las reformas constitucionales pendientes desde hacía mucho. Después de esto, el Tribunal Superior resolvió que el estado de excepción era inconstitucional y que, por tanto, el Parlamento carecía de autoridad legal para aprobar los proyectos de ley que reformaban la Constitución.

Impunidad

El 26 de julio, la fiscal general, alegando falta de testigos, retiró los cargos formulados contra el ex primer ministro Thomas Thabane y su esposa, Maesaiah Thabane, por el asesinato de la exesposa del primer ministro, Lipolelo Thabane, y la tentativa de asesinato de la amiga de ésta, Thato Sebolla. Algunas personas que habían presenciado el asesinato habían muerto en circunstancias extrañas, y otras habían abandonado el país entre 2017 y 2020 temiendo por su vida.

Tortura y otros malos tratos

La brutalidad policial continuaba siendo un motivo de honda preocupación y había varios miembros de las fuerzas de seguridad implicados en el homicidio de un manifestante y en la tortura y otros malos tratos infligidos a otros. Las autoridades policiales hacían frente a varias reclamaciones judiciales por daños y perjuicios que ascendían a millones de dólares estadounidenses, entre ellas las denuncias por presunta tortura infligida al abogado Napo Mafaesa, en la comisaría de Ha Mabote donde estaba recluido, en enero; y a una mujer de Ha Pita llamada Mateboho Matekane, en la comisaría de Lithoteng (en la capital, Maseru), en noviembre de 2021.

El 19 de mayo, 35 personas, entre ellas 16 mujeres, fueron torturadas por agentes de policía y miembros de las Fuerzas de Defensa de Lesoto tras protestar —con métodos tales como el bloqueo de carreteras mediante barricadas— contra los cortes de electricidad en la aldea de Liseleng, en el distrito de Thaba-Tseka. Estas personas fueron golpeadas y obligadas a rodar, ida y vuelta, varios metros por un camino embarrado que daba al cercano río Matsoku, y posteriormente fueron detenidas y acusadas de alterar la paz por manifestarse. Más tarde quedaron en libertad bajo fianza y, en mayo y junio, comparecieron ante el tribunal de primera instancia de Thaba-Tseka. El caso estaba pendiente al terminar el año.

El director general de la Policía contó a Amnistía Internacional que siete agentes del Servicio de Policía Montada de Lesoto habían sido suspendidos tras disparar el 16 de junio contra estudiantes que se manifestaban en la Universidad Nacional de Lesoto, y matar a Kopano Francis Mokutoane y herir varias personas más, y que estos agentes estaban siendo sometidos a investigación.

Libertad de reunión y de asociación

Las restricciones del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación establecidas en 2020 so pretexto de contener la COVID-19 se levantaron en agosto, y se permitió la celebración de reuniones políticas y la apertura de locales de ocio nocturno.

Derechos de las mujeres

La violencia de género, especialmente la violencia intrafamiliar, continuó aumentando y afectaba sobre todo a mujeres, niños y niñas. El acceso de las mujeres a la justicia, especialmente en las comunidades rurales, estaba limitado en parte por las deficiencias del transporte y la pobreza, que les impedían acudir a las comisarías de policía y a los tribunales de las ciudades.

Las mujeres seguían excluidas de la participación en los ámbitos económico y político, y soportaban la triple carga de la pobreza, el desempleo y la desigualdad.

Derechos económicos, sociales y culturales

La pobreza y la desigualdad continuaban siendo generalizadas y se veían exacerbadas por los efectos adversos de la pandemia de COVID-19 en la economía. La evolución económica continuó siendo lenta, con el agravante de la pandemia, y afectaba a sectores tales como el industrial —en particular el textil—, el minero, el de la construcción y el de servicios. Esto afectó negativamente a los ingresos de la mayoría de los hogares. El Banco Mundial afirmó que la reducción de la pobreza se limitaría a progresar lentamente, ya que los precios de los alimentos y de la energía estaban aumentando y el frágil contexto económico estaba limitando los presupuestos y los medios de subsistencia de los hogares más pobres. Se preveía que los índices de pobreza mejoraran ligeramente y bajaran al 35,2% en 2022, frente al 36% de 2021.

Derecho a la salud

En 2022, unas 300.000 personas, de una población de 2,3 millones, vivían con el VIH/sida; la mayoría eran mujeres y niñas adolescentes que también tenían más probabilidades de sufrir estigmatización social. La población —especialmente las mujeres que necesitaban servicios de salud materna y otros servicios de salud esenciales— veía obstaculizado su acceso a centros de salud, en parte debido a la deficiente red de carreteras rurales. Además, las deficiencias del transporte continuaban obligando a las mujeres a dar a luz en sus casas en lugar de hacerlo en centros de salud.