Laos

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Tanto dentro como fuera del país se recrudecieron los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, que fueron víctimas de constantes detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y homicidios. Dos disidentes chinos fueron deportados de Laos a China, donde se enfrentaban a amenazas de tortura y otros malos tratos y a ser juzgados sin garantías por su activismo. El gobierno redobló sus esfuerzos por reprimir las críticas en Internet. Siguieron aumentando las inversiones tanto gubernamentales como privadas en la construcción de infraestructuras hidroeléctricas, pese a la preocupación que suscitaba su impacto ambiental, social y económico.

Información general

Laos continuaba sumido en una grave crisis económica debido al aumento de la inflación y a la constante devaluación de la moneda nacional. El Fondo Monetario Internacional determinó que la deuda bruta del país equivalía al 121,7% de su PIB en 2023 e incluyó a Laos entre los países “sobreendeudados”. La crisis amenazó la seguridad alimentaria de la población, ya que, según la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), varios productos básicos de alimentación —como el trigo, la harina, los huevos, la carne y el aceite— alcanzaron precios sin precedentes en junio.

El gobierno siguió invirtiendo en proyectos de generación de electricidad, incluidas presas hidroeléctricas, pese al crecimiento de la deuda pública y a la preocupación por la falta de indemnizaciones adecuadas para las comunidades afectadas.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En un comunicado de prensa emitido en septiembre, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos se mostró preocupada por “las constantes y graves violaciones de derechos humanos perpetradas contra defensores y defensoras de los derechos humanos” en Laos. Estas violaciones, que venían produciéndose desde hacía decenios, eran detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones del derecho a un juicio justo y actos de intimidación contra personas que se dedicaban al trabajo de derechos humanos.

El 29 de abril, en una cafetería de la capital laosiana, Vientián, un hombre no identificado disparó en el rostro y el pecho al defensor de los derechos humanos Anousa “Jack” Luangsouphom, de 25 años, que resultó herido de gravedad. Jack era abiertamente crítico con el gobierno y administraba dos páginas de Facebook —“Driven by the Keyboard” (Impulsados por el teclado) y “Sor Tor Lor – the Republic” (Sor Tor Lor – la República)— en las que se comentaban asuntos sociales, ambientales, económicos y políticos de Laos, como la contaminación por bruma, los derechos humanos de los niños y niñas en edad escolar y los derechos de las personas LGBTI.¹ Las autoridades laosianas afirmaron que probablemente la agresión estuviera relacionada con algún asunto amoroso o algún conflicto de negocios, pero no informaron sobre ninguna investigación acerca de esa tentativa de asesinato.

Hubo ataques contra defensores y defensoras laosianos de los derechos humanos tanto dentro como fuera del país. El 17 de mayo, el defensor de los derechos humanos Bounsuan Kitiyano —de 56 años y reconocido como refugiado por el ACNUR— murió abatido a tiros en la provincia tailandesa de Ubon Ratchathani. Se instó al gobierno laosiano y al tailandés a investigar estos casos sin demora y de manera exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente, así como a evitar nuevos actos de violencia contra personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos.²

Se expulsó a disidentes chinos que habían llegado a Laos huyendo de la persecución en su país, pese a que corrían peligro de sufrir violaciones de derechos humanos, tales como torturas y otros malos tratos y juicios injustos, a su regreso. Yang Zewei, fundador del grupo “Ban the Great Firewall” (Acabemos con la Gran Muralla Cortafuegos), que luchaba contra la censura en Internet en China, desapareció entre el 31 de mayo y el 2 de junio en Vientián, donde residía como exiliado. No se conoció su paradero hasta el 7 de julio, fecha en que las autoridades chinas emitieron una orden de arresto contra él y lo recluyeron en el Centro de Detención Juvenil de Hengyang, en China, por presunta “incitación a la subversión del poder el Estado”.

En un incidente similar, el 28 de julio las autoridades laosianas detuvieron y recluyeron al renombrado abogado chino de derechos humanos Lu Siwei cuando viajaba con rumbo a Estados Unidos para reunirse con su familia. Expertas de la ONU señalaron la naturaleza arbitraria de la detención. Las autoridades laosianas se negaron a revelar su suerte y su paradero. El 4 de octubre Amnistía Internacional recibió confirmación de que las autoridades de Laos habían devuelto a Lu Siwei a China, pese a los llamamientos de organizaciones de derechos humanos para que lo liberaran.³

Rendición de cuentas de las empresas

El gobierno siguió construyendo presas para generar energía hidroeléctrica con ayuda de inversores extranjeros, entre ellos empresas chinas, tailandesas y surcoreanas. En septiembre, los promotores de la presa de Pak Beng, en la provincia de Oudomxai (norte de Laos), firmaron un contrato de compra de energía con la Autoridad de Generación de Electricidad de Tailandia, pese a la preocupación que habían manifestado grupos de derechos humanos y otras voces por la falta de información sobre las indemnizaciones para residentes que resultaran desplazados. El informe resultante de la evaluación sobre impacto ambiental del proyecto indicaba que la construcción supondría el reasentamiento de 4.700 personas de 26 localidades.

Trata de personas

Seguía habiendo cientos de víctimas de trata, que se encontraban cautivas y obligadas a trabajar en centros de estafas de la zona económica especial del Triángulo Dorado, en el noroeste de Laos. Las víctimas, en su mayoría con titulación universitaria, procedían de numerosos países —más de 100 eran de nacionalidad srilankesa, y 7 eran de nacionalidad camboyana— y eran obligadas a entregar sus pasaportes al llegar y a estafar a “clientes” con la venta de criptomonedas falsas, entre otras operaciones fraudulentas. Se recibieron noticias sobre víctimas atrapadas en situaciones de servidumbre por deudas de viaje y sometidas a duras condiciones laborales, que incluían castigos físicos, tales como descargas eléctricas.

La situación se veía agravada por el hecho de que en la zona económica especial del Triángulo Dorado no regía la legislación económica y laboral del país. Según investigaciones de la ONU, los organismos encargados de hacer cumplir la ley tenían restringido el acceso a la zona, por lo que en ella la autoridad del gobierno era poco eficaz y resultaba difícil garantizar la rendición de cuentas por abusos contra los derechos humanos.