Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Continuaban encarcelados destacados defensores y defensoras de los derechos humanos. No hubo avances en las investigaciones sobre la desaparición forzada de una serie de activistas y personas de minorías étnicas. Se impidió en todo momento que la minoría étnica hmong chao fa tuviera acceso adecuado a alimentos, agua, servicios de saneamiento y atención médica. Suscitaron grave preocupación las implicaciones de ciertos proyectos hidroeléctricos transfronterizos y de otras actividades empresariales en materia de derechos humanos, que incluían desalojos forzosos, malos tratos y trata de seres humanos.

Información general

En agosto, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad formuló 94 recomendaciones dirigidas a Laos, entre ellas la de incrementar la participación de personas con discapacidad en organizaciones dedicadas a la aplicación y supervisión de sus derechos y la de garantizar una educación inclusiva para el alumnado con discapacidad.

En septiembre, la inflación llegó al 34%, con lo que aumentó de manera considerable el coste de los alimentos, de los bienes de consumo y de los combustibles. La deuda externa repercutió negativamente en la economía nacional. Laos continuó asumiendo préstamos de acreedores extranjeros —sobre todo, de China— para financiar proyectos transfronterizos de infraestructuras y desarrollo.

Libertad de reunión

Una defensora y dos defensores de los derechos humanos —Lodkham Thammavong, Soukane Chaithad y Somphone Phimmasone—, los tres laosianos, llevaban seis años en detención. Habían sido detenidos y juzgados a su regreso a Laos, tras su participación en un acto de protesta celebrado ante la embajada de Laos en Bangkok (Tailandia) en 2016 en el que expresaron sus temores con respecto a los derechos humanos, la corrupción y la deforestación en Laos. El gobierno no tomó medidas para atender la petición de liberación inmediata que le dirigió una experta de la ONU en abril de 2021.

Libertad de expresión

Organizaciones de la sociedad civil siguieron pidiendo la excarcelación de la defensora de los derechos humanos Houayheaung Xayabouly. Había sido declarada culpable de “propaganda contra el Estado”, en aplicación del artículo 117 del Código Penal, por unos comentarios que había publicado en Facebook sobre la ineficaz gestión del gobierno en relación con las inundaciones catastróficas que asolaron el sur de Laos en 2019. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria confirmó en 2021 que su detención era arbitraria, ya que se debía al ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión. Según informes, la activista se encontraba en la prisión provincial de Champasak desde el 12 de septiembre de 2019.

Desapariciones forzadas

Al cumplirse el 15 de diciembre el décimo aniversario de la desaparición del líder de la sociedad civil Sombath Somphone, Amnistía Internacional se sumó a otras 65 organizaciones de la sociedad civil y personas de todo el mundo para pedir a las autoridades laosianas que esclarecieran su suerte y su paradero y proporcionaran justicia, verdad y reparación a sus familiares.

En agosto, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias mencionó 6 casos pendientes de desaparición forzada en Laos. Se trataba de varios activistas de Laos y Tailandia y 4 personas del grupo étnico minoritario hmong chao fa, entre ellas 2 niñas. Asimismo, en su informe de septiembre, el secretario general de la ONU señaló que las familias de las personas desaparecidas de la comunidad hmong chao fa estaban siendo intimidadas por el ejército laosiano desde que habían denunciado las desapariciones ante la ONU en 2020.

También en septiembre, el secretario general de la ONU publicó datos sobre la desaparición de Od Sayavong, refugiado laosiano residente en Tailandia, que había sido visto por última vez el 26 de agosto de 2019 tras haberse reunido con el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Las autoridades tailandesas archivaron la investigación sobre su desaparición, alegando falta de pruebas.

Derechos económicos, sociales y culturales

La comunidad hmong chao fa —facción de la minoría étnica hmong que huyó de la violencia y la persecución ejercidas por las autoridades laosianas en la década de 1980— continuaba oculta en remotas zonas montañosas, como la selva de la región de Phou Bia (provincia de Xiangkhoang). El ejército laosiano destruía reiteradamente sus refugios, sus paneles de energía solar, sus puestos de cocina y sus fuentes de alimentación, con lo que menoscababa gravemente su acceso a alimentos y a viviendas adecuadas. Además, la comunidad tenía acceso limitado a agua potable, servicios e instalaciones de saneamiento y atención médica. El gobierno no respondió a las cartas que le remitieron expertos y expertas de la ONU en agosto de 2020 y abril de 2021 para expresar su preocupación por estas cuestiones. Según el secretario general de la ONU, a fecha de 2022 las autoridades estatales negaban el acceso a esta zona a observadores independientes, agentes humanitarios y organizaciones internacionales.

Rendición de cuentas de las empresas

Expertos y expertas de la ONU remitieron cartas al gobierno de Laos en relación con el derrumbe de una presa auxiliar en la provincia de Attapu, ocurrido el 23 de julio de 2018, y escribieron también al respecto a otros gobiernos y empresas relacionados con los hechos. En las cartas se abordaban las duraderas consecuencias del suceso en materia de derechos humanos, incluida la muerte o desaparición de al menos 71 personas, la desaparición de ganado y la destrucción de tierras de cultivo e infraestructuras. Además, se señalaba que las autoridades no habían facilitado rápidamente a las comunidades y personas afectadas alojamiento a largo plazo ni programas de indemnización transparentes, y se expresaba preocupación por las represalias que sufrían los defensores y defensoras de los derechos humanos que abogaban por los derechos de las personas sobrevivientes.

Trata de personas

A lo largo del año, las autoridades hallaron a cientos de personas extranjeras víctimas de trata que se encontraban cautivas en la zona económica especial del Triángulo Dorado, en el norte de Laos. Estas personas procedían de numerosos países, tales como India, Kenia, Malasia y Pakistán, y eran obligadas a trabajar en ciberestafas de casinos y complejos turísticos gestionados por empresas chinas. Según los informes, sus empleadores las sometían a malos tratos.

No se aplicaban de manera sistemática procedimientos de identificación y derivación de víctimas de trata, los funcionarios de fronteras carecían de la capacidad y la sensibilización necesarias para prevenir la trata de seres humanos, y tampoco había servicios de protección para varones y personas LGBTI víctimas de trata.

Actuación deficiente contra la crisis climática

En los principales instrumentos jurídicos y políticos para abordar el cambio climático —como la contribución determinada a nivel nacional de Laos (revisada en 2021), el Decreto sobre Cambio Climático de 2019 y la Ley de Protección Ambiental de 2012— no se incluían disposiciones sobre igualdad de género ni se tenían en cuenta factores de vulnerabilidad frente al cambio climático relacionados con el género. Sólo el Decreto de Evaluación del Impacto Ambiental de 2019 requería consultas y evaluaciones participativas con inclusión de géneros y etnias.