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Kuwait

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las autoridades continuaron restringiendo indebidamente la libertad de expresión con medidas como enjuiciar y encarcelar a personas críticas con el gobierno y prohibir determinadas publicaciones. Se seguía discriminando a la minoría bidun, a la que se negaban los derechos asociados a la ciudadanía. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes continuaban sin gozar de protección adecuada contra la explotación y los abusos. Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte y, tras un paréntesis de cuatro años, se reanudaron las ejecuciones.

El 6 de abril, el Parlamento anuló una reforma de 2015 de la Ley de Menores y volvió a elevar la mayoría de edad de los 16 a los 18 años. De este modo, las personas menores de 18 años detenidas podían estar protegidas de las penas de cadena perpetua y de muerte.

En julio, las autoridades restablecieron el servicio militar obligatorio, imponiendo medidas de castigo para quienes no se inscribieran para realizarlo en el plazo de 60 días tras cumplir 18 años.

Kuwait lideró los esfuerzos de mediación para resolver la crisis del Golfo que estalló a principios de junio, cuando Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin rompieron relaciones con Qatar. Kuwait seguía formando parte de la coalición encabezada por Arabia Saudí que participaba en el conflicto armado de Yemen (véase el apartado sobre Yemen).

Las autoridades continuaron restringiendo indebidamente el derecho a la libertad de expresión, enjuiciando y encarcelando a detractores del gobierno y ciberactivistas en virtud de disposiciones del Código Penal que penalizaban los comentarios considerados ofensivos para el emir o perjudiciales para las relaciones con los Estados vecinos.

En marzo, un tribunal de apelación condenó in absentia a la escritora y bloguera residente en Reino Unido Rania al Saad a tres años de prisión por el cargo de “insultar a Arabia Saudí” en Twitter. El tribunal anuló su absolución anterior e impuso la condena en sentencia firme.

En mayo, el Tribunal de Casación confirmó la sentencia dictada por un tribunal de apelación en la causa del “grupo de Al Fintas”, integrado por 13 hombres acusados en relación con unas conversaciones de WhatsApp sobre un vídeo en el que unos miembros del gobierno parecían propugnar la salida del poder del emir. Seis fueron absueltos, y los siete restantes, condenados a entre 1 y 10 años de prisión, algunos in absentia. El juicio estuvo plagado de irregularidades.

En julio, el Tribunal de Casación confirmó la pena de 10 años de prisión impuesta al bloguero Waleed Hayes por cargos imprecisos que incluían “difamar” al emir y al poder judicial. Durante su juicio, Waleed Hayes declaró que había sido torturado para obligarlo a “confesar” delitos que no había cometido. Seguía procesado por otros cargos similares.

El exparlamentario Musallam al Barrak fue excarcelado en abril tras cumplir una pena de dos años de prisión por criticar al gobierno. Tenía aún causas pendientes por otros cargos.

El activista bidun Abdulhakim al Fadhli fue excarcelado el 1 de agosto tras cumplir una pena de un año de prisión en relación con una manifestación pacífica de 2012, tras lo cual debía haber sido expulsado de Kuwait. En febrero, el Tribunal de Casación había anulado su absolución, junto con la de otros 25 hombres bidun juzgados por su participación en manifestaciones pacíficas en Taima. El Tribunal restableció sus condenas de dos años de prisión, así como una fianza de 500 dinares kuwaitíes (alrededor de 1.660 dólares estadounidenses) para paralizar la ejecución de la pena de prisión con la condición de que se comprometieran por escrito a no volver a participar en manifestaciones. Abdulhakim al Fadhli firmó el compromiso, lo que, en su caso, anuló también su orden de expulsión.

En agosto, el fiscal impuso una prohibición de las publicaciones con información sobre casos de seguridad nacional que se estaban tramitando ante los tribunales, a pesar de que el Tribunal de Casación había declarado en mayo que ninguna disposición legal penalizaba la violación de la “confidencialidad” ni prohibía la publicación de este tipo de información.

El Tribunal de Casación dictó el 18 de julio sentencia en una causa abierta contra 26 hombres acusados de “espiar para Irán y Hezbolá”, entre otros cargos. Confirmó la pena de muerte de uno de ellos in absentia y conmutó la de otro por cadena perpetua. Asimismo, anuló la absolución de otros 13 y los condenó a entre 5 y 15 años de prisión. Durante el juicio, algunos de los 26 enjuiciados informaron de que habían sido sometidos a tortura durante el periodo de detención preventiva, pero no se investigaron sus denuncias. En agosto, las autoridades detuvieron de nuevo a 14 hombres que habían sido absueltos y excarcelados en apelación.

En marzo, el emir ordenó la devolución de la nacionalidad a algunos detractores del gobierno y a sus familias.

El 2 de enero, el Tribunal de Casación suspendió la decisión del Tribunal de Apelación de devolver la nacionalidad a Ahmad Jabr al Shamari y a su familia hasta que dictara sentencia. A principios de marzo, Ahmad Jabr al Shamari retiró su apelación contra la decisión del gobierno de 2014 de retirarle la nacionalidad, y en abril, el Tribunal de Casación cerró la causa, declarando resuelta la disputa.

Más de 100.000 bidun residentes en Kuwait seguían siendo apátridas. En mayo de 2016, el Parlamento había aprobado un proyecto de ley que concedía la ciudadanía kuwaití a un máximo de 4.000 bidun y lo remitió al gobierno; al finalizar 2017 no se había promulgado aún la ley. En septiembre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó que se garantizara a todas las personas bidun el acceso a unos servicios sociales adecuados y a la educación en condiciones de igualdad con los ciudadanos kuwaitíes y que, en su próximo informe periódico, Kuwait facilitara información sobre el acceso a la educación de los bidun.

Los trabajadores y trabajadoras migrantes, en especial los del servicio doméstico, la construcción y otros sectores, seguían sufriendo explotación y abusos con el sistema oficial de patrocinio laboral (kafala), que les impedía cambiar de trabajo o salir del país sin permiso de sus empleadores.

En mayo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica reconoció que se habían producido mejoras, como el derecho de las mujeres a votar, a presentarse a las elecciones y a recibir la misma remuneración que los hombres. Sin embargo, las mujeres continuaban discriminadas en las leyes sobre herencia, matrimonio, custodia de los hijos e hijas, derechos de nacionalidad y violencia en el ámbito familiar.

El 25 de enero se llevaron a cabo las primeras ejecuciones desde 2013. Los tribunales siguieron imponiendo la pena de muerte por delitos como el asesinato y los relacionados con drogas y con terrorismo.

Estado de Kuwait
Jefe del Estado: Sheij Sabah al Ahmad al Yaber al Sabah
Jefe del gobierno: Sheij Yaber al Mubarak al Hamad al Sabah