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Kirguizstan

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las autoridades restringieron el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, sobre todo en el periodo previo a las elecciones presidenciales. Las personas LGBTI continuaban sufriendo discriminación y violencia a manos de agentes estatales y no estatales. Los grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, se enfrentaban a dificultades añadidas en el acceso a la asistencia médica. Se confirmó tras un nuevo juicio la condena a cadena perpetua impuesta al preso de conciencia Azimjan Askarov.

El 24 de enero terminó el nuevo juicio del preso de conciencia Azimjan Askarov, defensor de los derechos humanos de etnia uzbeka, ante el Tribunal Regional de Chui, que confirmó su declaración de culpabilidad y condena a cadena perpetua por “participar en actos de violencia étnica y en el asesinato de un agente de policía” en 2010. En marzo de 2016, el Comité de Derechos Humanos de la ONU había recomendado la liberación inmediata de Azimjan Askarov, reconociendo que había sufrido detención arbitraria, reclusión en condiciones inhumanas, tortura y privación del derecho a un juicio justo. A raíz de la decisión judicial del 24 de enero, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos declaró que la decisión del tribunal ponía de manifiesto las “graves deficiencias del sistema judicial del país”.

En septiembre, un tribunal de la localidad de Bazar-Korgan anuló la decisión judicial de 2010 de confiscar el domicilio familiar de Azimjan Askarov. La orden de confiscación habría dejado sin hogar a su esposa, Khadicha Askarova.

Las personas LGBTI continuaban sufriendo discriminación y violencia a manos de agentes estatales y no estatales. Labrys, grupo de defensa de los derechos LGBTI, persistió en sus intentos de llevar ante la justicia a los presuntos autores de un ataque violento perpetrado contra su sede en 2015 y de otro ataque cometido en un acto privado de celebración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Los procesos penales abiertos contra los miembros del grupo nacionalista juvenil que había organizado los ataques se suspendieron cuando las víctimas citadas en los documentos judiciales “se reconciliaron” con los agresores.

Aunque el trabajo sexual no estaba penalizado, la estigmatización de quienes lo ejercían seguía siendo enorme, y las trabajadoras y trabajadores sexuales sufrían discriminación y violencia. Continuaron durante todo el año las operaciones policiales selectivas contra ellos, en las que se practicaron detenciones arbitrarias por “vandalismo menor” y otras supuestas infracciones administrativas. Eran habituales las extorsiones a trabajadoras y trabajadores sexuales por parte de agentes de policía para obtener dinero.

Los grupos sociales marginados, como las personas que vivían en el medio rural, las que estaban sumidas en la pobreza y las personas con discapacidad, continuaron encontrando barreras en el acceso a una atención adecuada a la salud. Aunque tenían derecho a recibir asistencia médica gratuita o subvencionada, se les negaba sistemáticamente el acceso a centros de salud de calidad y a medicamentos y tratamientos especializados. Los pagos informales al personal médico, afectado por los bajos salarios, eran práctica habitual.

Kirguistán no ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que había firmado en 2011, aduciendo como razón principal las dificultades económicas que atravesaba el país.

Las autoridades impusieron restricciones al derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, sobre todo en el periodo previo a las elecciones presidenciales de octubre.Hubo actos de acoso e intimidación contra periodistas independientes, medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas políticos, incluso a través de procesamientos por cargos de difundir información falsa y desestabilizar el país.

Entre marzo y abril, la Fiscalía General inició varios procedimientos por difamación ante tribunales civiles contra el medio de comunicación en Internet Zanoza.kg, sus cofundadores —los periodistas independientes Narynbek Idinov y Dina Maslova— y la defensora de los derechos humanos Cholpon Dzhakupova, en relación con varios artículos en los que se criticaba al presidente. En junio, el tribunal resolvió a favor del demandante en dos de los juicios y ordenóque Zanoza.kg y los otros tres acusados pagaran cada uno tres millones de soms (44.000 dólares estadounidenses) por daños morales. El Tribunal Supremo confirmó las sentencias el 24 de noviembre.

El 18 de marzo, la policía disolvió una manifestación pacífica en la capital, Bishkek, y detuvo a varios participantes. La marcha había sido organizada por defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros activistas para protestar por el deterioro de la libertad de expresión. El recorrido se había acordado previamente con las autoridades correspondientes. Cinco manifestantes fueron acusados y condenados a cinco días de detención administrativa por interrupción del tráfico. La vista se celebró a puerta cerrada y ni siquiera se permitió acceder a la sala a los abogados de la defensa.

En julio, un tribunal de Bishkek admitió una solicitud de la alcaldía para imponer una prohibición general de todas las manifestaciones públicas en lugares clave hasta que hubieran pasado las elecciones presidenciales. Sin embargo, la prohibición no era aplicable a los actos oficiales organizados por las autoridades.

República Kirguís
Jefe del Estado: Sooronbai Jeenbekov (sustituyó a Almazbek Atambaev en octubre)
Jefe del gobierno: Sapar Isakov (sustituyó a Sooronbai Jeenbekov en agosto)