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Kenya

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

La policía usó fuerza excesiva contra manifestantes de la oposición después de las elecciones, causando la muerte de decenas de personas. El partido gobernante hizo declaraciones que amenazaban la independencia del poder judicial cuando el Tribunal Supremo anuló los resultados de los comicios. La Junta de Coordinación de ONG amenazó con el cierre y otras medidas punitivas a organizaciones que trabajaban en los derechos humanos y la gobernanza y que habían criticado el proceso electoral. Las huelgas prolongadas de profesionales de la medicina afectaron al acceso a la atención de la salud pública, teniendo una incidencia desproporciona para las personas pobres.

Las elecciones generales celebradas el 8 de agosto fueron cuestionadas tanto por el gobernante Partido del Jubileo, liderado por el presidente en ejercicio, Uhuru Kenyatta, como por la coalición opositora, Súper Alianza Nacional (NASA), presidida por el ex primer ministro Raila Odinga. El 11 de agosto, la Comisión Electoral y de Circunscripciones Independiente proclamó que el presidente Kenyatta había obtenido el 54% de los votos, y Raila Odinga el 44%. La NASA rechazó los resultados de las elecciones presidenciales alegando irregularidades en el proceso de recuento y la manera en que se transmitieron los resultados, y el 18 de agosto presentó ante el Tribunal Supremo una petición de anulación.

El 1 de septiembre, el Tribunal resolvió anular los resultados electorales por ser éstos “inválidos, nulos y sin efecto” y ordenó la repetición de las elecciones presidenciales. La NASA afirmó que no participaría en los comicios si no se satisfacían sus exigencias, entre ellas el nombramiento de nuevos presidentes de mesas electorales en las 291 circunscripciones y la participación de expertos internacionales independientes que supervisaran el sistema tecnológico de información y comunicación electoral. El 10 de octubre, Raila Odinga anunció su retirada de la contienda por no haber acometido la Comisión las reformas necesarias.

La repetición de las elecciones se fijó para el 26 de octubre. El 30 de octubre, la Comisión proclamó vencedor a Uhuru Kenyatta con el 98% de los votos y una participación inferior al 40% del electorado, menos de la mitad que en agosto. El 31 de octubre, Raila Odinga llamó a crear un “movimiento de resistencia nacional” y a la formación de una “asamblea del pueblo” que aglutinase a los grupos de la sociedad civil para “restablecer la democracia”.

Miembros de alto rango del Partido del Jubileo atacaron verbalmente al Tribunal Supremo tras su sentencia del 1 de septiembre por la que anulaba la victoria del presidente Kenyatta en las elecciones de agosto. El 2 de septiembre, el presidente Kenyatta declaró que había un problema con el poder judicial. Los medios de comunicación publicaron un registro de las llamadas telefónicas de un juez de ese tribunal, lo que lo impulsó a emprender acciones judiciales por difamación contra el director general de Innovación, Comunicación Digital y Diáspora de la Oficina de la Presidencia.

El 24 de octubre, un hombre armado no identificado disparó e hirió al conductor de la vicepresidenta del Tribunal Supremo en la capital, Nairobi. El incidente tuvo lugar la víspera de la sentencia del Tribunal que confirmó la repetición de las elecciones para el 26 de octubre.

En el periodo previo a las elecciones del 8 de agosto, la policía clasificó zonas de Nairobi que eran baluartes de la oposición, incluida Mathare, como probables “puntos críticos” para la violencia relacionada con las elecciones.

En el periodo posterior a las elecciones de agosto y a la decisión del Tribunal Supremo de anularlas, simpatizantes de los dos partidos salieron a la calle para protestar.

La policía usó fuerza excesiva, incluidos munición real y gas lacrimógeno, para dispersar a manifestantes que apoyaban al partido opositor y protestaban contra el proceso electoral. La violencia se cobró decenas de víctimas mortales, al menos 33 de ellas —incluidas dos niñas— por disparos de la policía. Mientras tanto, se permitió que los manifestantes progubernamentales se manifestaran sin injerencias.

El 19 de septiembre, simpatizantes del Partido del Jubileo protestaron en el exterior del Tribunal Supremo en Nairobi contra la decisión de éste de anular las elecciones, y acusaron al Tribunal de “robarles” la victoria.

Bloquearon una carretera principal y quemaron neumáticos. Hubo manifestaciones semejantes en las ciudades de Nakuru, Kikuyu, Nyeri y Eldoret. Las personas que se manifestaban, en su mayoría jóvenes, acusaban a los jueces de haber dictado una sentencia ilegal.

El 28 de septiembre se produjo un enfrentamiento entre estudiantes de la Universidad de Nairobi y policías de la Unidad de Servicios Generales durante una protesta en el exterior del recinto universitario contra la detención del parlamentario y ex líder estudiantil Paul Ongili. Paul Ongili había sido detenido ese mismo día por haber hecho presuntamente comentarios ofensivos sobre el presidente Kenyatta en relación con las elecciones. Tras la protesta, la policía irrumpió en los edificios universitarios y golpeó con porras a estudiantes, hiriendo a 27. El inspector general de la policía afirmó que la administración universitaria había invitado a la policía a entrar cuando los estudiantes que protestaban apedrearon a automovilistas. El consejo de gobierno de la universidad cerró el centro el 3 de octubre, y al terminar el año no lo había abierto de nuevo.

Tras las elecciones del 26 de octubre tuvieron lugar nuevos homicidios al disparar la policía con munición real contra manifestantes. Se desconocía el verdadero número de muertes en este periodo; los familiares de las víctimas no denunciaban los homicidios por temor a represalias de la policía.

Las autoridades seguían utilizando medidas judiciales y administrativas para restringir las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en asuntos de derechos humanos y gobernanza. En mayo, el Tribunal Superior de Nairobi ordenó al gobierno promulgar la Ley de Organizaciones Benéficas, de 2013. Si se cumpliera, esta ley supondría una mejora del entorno de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y las ONG. Contenía disposiciones que, de conformidad con la Constitución, garantizaban el derecho a la libertad de asociación. No obstante, las autoridades siguieron aplicando la Ley de Organizaciones No Gubernamentales, que restringía la realización plena de estos derechos.

Entre el 14 y el 16 de agosto, la Junta de Coordinación de ONG (adscrita al Ministerio del Interior y de Coordinación del Gobierno Nacional) acusó a dos organizaciones de derechos humanos —la Comisión Keniana de Derechos Humanos (KHRC, por sus siglas en inglés) y el Centro Africano de Gobernanza Abierta (AfriCOG, por sus siglas en inglés)— de irregularidades financieras y normativas. La Junta pidió a la Autoridad Tributaria de Kenia, la Dirección General de Investigaciones Criminales y el Banco Central de Kenia que tomaran medidas contra ellas, incluidos el bloqueo de sus cuentas y la detención y enjuiciamiento de la dirección y la junta directiva de AfriCOG.1 El 16 de agosto, la Junta de Coordinación de ONG amenazó con detener a los máximos dirigentes de las dos organizaciones y a un ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, que también era miembro de la junta directiva de AfriCOG. El mismo día, funcionarios de la Autoridad Tributaria de Kenia, acompañados de policías, intentaron acceder a las oficinas de AfriCOG provistos de órdenes de registro irregulares. Detuvieron el allanamiento por orden de un funcionario del Ministerio del Interior y de Coordinación del Gobierno Nacional, que también suspendió la amenaza de cierre durante 90 días. AfriCOG y KHRC habían estado al frente de las denuncias de irregularidades electorales.

Kenia seguía albergando a casi 500.000 personas refugiadas, la mayoría de las cuales residían en los campos de refugiados de Dadaab (condado de Garissa) y Kakuma (condado de Turkana). También había personas refugiadas en Nairobi. La mayoría de las personas refugiadas de Dadaab procedían de Somalia, y la mayoría de las de Kakuma eran de Sudán del Sur. En septiembre, las peticiones de ayuda internacional hechas por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en relación con la crisis de refugiados regional sólo habían conseguido el 27% de la financiación necesaria.

En febrero, el Tribunal Superior declaró que la directiva promulgada por el gobierno en 2016 para cerrar el campo de refugiados de Dadaab a más tardar en mayo de 2017 violaba la Constitución y las obligaciones contraídas por Kenia en virtud el derecho internacional respecto al principio de no devolución (non-refoulement) y a la prohibición de la discriminación por motivos de raza o etnia. Así pues, el campo de refugiados de Dadaab continuó abierto. La sentencia afirmaba también que la iniciativa del gobierno para revocar la supuesta condición de refugiados de las personas de nacionalidad somalí que habían huido a Kenia era inconstitucional y violaba derechos garantizados en instrumentos nacionales e internacionales.

Las autoridades prosiguieron con la repatriación voluntaria de personas refugiadas somalíes, iniciada en 2014 en el marco del Acuerdo Tripartito. Entre mayo de 2016 y septiembre de 2017, más de 70.000 personas refugiadas fueron repatriadas desde Dadaab a Somalia.

El 17 de febrero, el Tribunal de Apelación confirmó una sentencia dictada en 2013 por el Tribunal Superior que anulaba unas directivas del gobierno que ordenaban reunir a todas las personas refugiadas que vivían en zonas urbanas y reubicarlas en campos de refugiados, como parte de un plan de repatriación.

El 25 de abril, el Tribunal Superior de Garissa ordenó la expulsión a Somalia de 29 solicitantes de asilo somalíes. El grupo había sido detenido en Mwingi en marzo y acusado formalmente ante un tribunal de primera instancia de estar ilegalmente en Kenia. El juez ordenó su traslado al campo de refugiados de Dadaab y su registro por la Secretaría de Asuntos de Refugiados; sin embargo, el funcionario de este organismo se negó a registrarlas. La orden del juez fue anulada finalmente por el Tribunal Superior, y las 29 personas, entre las que había 10 niños y niñas, expulsadas a Somalia el 4 de mayo.

El 5 de abril, un guarda del Servicio Forestal de Kenia disparó y golpeó en el bosque de Embobut a Elias Kimaiyo, líder de la comunidad indígena sengwer y defensor de los derechos humanos, quien resultó con fractura de clavícula. La agresión se produjo cuando Elias Kimaiyo fotografiaba a unos guardias que quemaban cabañas del pueblo sengwer, violando la orden dictada en 2013 por el Tribunal Superior de Eldoret de poner fin a las detenciones y los desalojos de personas de esta etnia.

El 26 de mayo, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos falló que el gobierno había desalojado ilegalmente a personas indígenas ogieks del bosque de Mau sin respaldar su pretensión de que el desalojo serviría para conservar el bosque.

En marzo de 2017 concluyó la huelga de profesionales de la medicina en hospitales públicos que había comenzado en diciembre de 2016 tras la ruptura, después de varios años, de las negociaciones entre el gobierno y el Sindicato de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas de Kenia en relación con el Acuerdo de Negociación Colectiva firmado en 2013. La huelga tuvo lugar sobre un trasfondo de presunta corrupción económica masiva en el Ministerio de Salud. Le siguió en junio una huelga del personal de enfermería de los hospitales públicos que se prolongó hasta noviembre, cuando el gobierno y el sindicato de enfermería firmaron el Acuerdo de 2013.

Las huelgas afectaron negativamente a los servicios de salud pública en todo el país, y obstaculizaron de modo desproporcionado el acceso a atención de la salud de las personas que no podían costearse una cobertura de seguro médico privado, en particular las residentes en asentamientos informales.

  1. Kenia: Intentos de cerrar grupos de derechos humanos son ilegítimos e irresponsables (noticia, 15 de agosto)
República de Kenia
Jefe del Estado y del gobierno: Uhuru Muigai Kenyatta