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Kazakhstan

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Dirigir una organización no registrada o participar en ella continuaba siendo delito. Tanto los sindicatos como las ONG sufrieron restricciones indebidas. Persistían la tortura y otros malos tratos en los centros de detención. Se cometieron ataques contra periodistas y se iniciaron procesamientos de motivación política contra algunos de ellos. Las mujeres y las personas con discapacidad seguían sufriendo discriminación.

Los sindicatos independientes se enfrentaban a una legislación restrictiva y al cierre. Se procesó a sindicalistas por cargos falsos de malversación o de incitación a huelgas ilegales.

El 4 de enero, un tribunal ordenó la disolución de la Confederación de Sindicatos Independientes de Kazajistán y de dos de sus organizaciones afiliadas —los sindicatos nacionales de trabajadores y trabajadoras de la salud y de trabajadores y trabajadoras del hogar—, alegando que habían incumplido el plazo para inscribirse en registro. El 5 de enero, cientos de trabajadores del petróleo se declararon en huelga de hambre para protestar contra la disolución de la Confederación y tres dirigentes sindicales fueron detenidos. El 7 de abril se impuso a Nurbek Kushakbaev una pena de dos años y medio de prisión. El 16 de mayo, Amin Yeleusinov fue acusado de apropiación indebida o malversación de bienes y condenado a dos años de cárcel y, el 25 de julio, Larisa Kharkova fue declarada culpable de abuso de poder y condenada a cuatro años de libertad restringida por un tribunal de Shymkent. Del 19 al 24 de enero, 63 trabajadores del petróleo fueron procesados y multados por su participación en la huelga de hambre. En junio, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT expresó su preocupación por el “grave asunto” de la disolución de la confederación sindical e instó a las autoridades a garantizar que tanto ésta como sus organizaciones afiliadas podían “ejercer plenamente sus derechos sindicales”.

El 20 de enero, el Tribunal Regional de Atyrau, en el oeste de Kazajistán, confirmó la condena de cinco años de prisión impuesta a los defensores de los derechos humanos y presos de conciencia Maks Bokaev y Talgat Ayan por su participación en la organización de manifestaciones pacíficas y por sus publicaciones en redes sociales contra el Código de Tierras. A finales de enero, los dos fueron trasladados a una colonia penitenciaria de Petropavlovsk, en el norte del país, a 1.500 kilómetros de su ciudad natal. A ninguno se le comunicó el traslado con antelación ni se le proporcionó ropa adecuada para las condiciones invernales del norte de Kazajistán. El 13 de abril, el Tribunal Supremo desestimó los recursos de Maks Bokaev y Talgat Ayan. El 22 de agosto, tras haberse aprobado la petición de su abogado, Talgat Ayan fue trasladado a una colonia penitenciaria de Aktobe, en el noroeste de Kazajistán, más cerca de sus hijos de corta edad.

Tras presentar su segundo informe periódico al Comité de Derechos Humanos de la ONU, Kazajistán comunicó en abril que la Fiscalía General había recibido 700 denuncias de torturas en centros de detención en 2016 y que, en los últimos cinco años, 158 funcionarios habían sido declarados culpables de tortura.

En junio, el Comité contra la Tortura de la ONU concluyó que Aleksei Ushenin había sufrido tortura y otros malos tratos y que las autoridades no habían llevado a cabo una investigación inmediata, imparcial y efectiva sobre su denuncia. En ella, Aleksei Ushenin afirmaba que, en agosto de 2011, lo habían golpeado durante dos días para obligarlo a confesar un robo. Los agentes de policía le metieron la cabeza en una bolsa de plástico hasta que perdió el conocimiento, le apagaron cigarrillos en el cuerpo y le introdujeron repetidamente una porra de goma por el ano.

Las autoridades no habían investigado exhaustiva y eficazmente las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en relación con los enfrentamientos violentos producidos en Janaozen en diciembre de 2011 entre la policía y los trabajadores del petróleo que se estaban manifestando; según la información recibida, la policía empleó fuerza excesiva contra los manifestantes, con el resultado de al menos 15 personas muertas y más de 100 gravemente heridas.

Se sometió a las ONG a restricciones indebidas, requisitos estrictos sobre presentación de informes en virtud de legislación aprobada a finales de 2015 y frecuentes inspecciones fiscales. No proporcionar puntualmente información exacta para la base central de datos de ONG se sancionaba con multas o con una suspensión temporal de la actividad.

Se impusieron multas de carácter punitivo a dos ONG, Iniciativa Jurídica Internacional y Fundación Libertad, por presunto impago de impuestos. El 6 de abril, el Tribunal Económico Especial Interdistrital de Almaty confirmó la decisión de la Dirección General de Hacienda, según la cual Iniciativa Jurídica Internacional debía pagar el impuesto de sociedades por las subvenciones recibidas de donantes extranjeros, a pesar de que las organizaciones sin ánimo de lucro estaban exentas de impuestos. Además, el 31 de mayo el Tribunal rechazó el recurso de la Fundación Libertad contra la decisión de la Dirección General de Hacienda. Las organizaciones pagaron multas por importe de 1,3 millones y 3 millones de tengués (4.000 y 8.300 euros), respectivamente.

Hubo ataques y procesamientos por motivos políticos contra periodistas independientes que criticaban a las autoridades.

En septiembre, Zhanbolat Mamai, director del periódico independiente Sayasi Kalam Tribuna, de línea crítica con las autoridades, fue condenado a tres años de libertad restringida por blanqueo de dinero, cargos, según el afectado, de motivación política. Zhanbolat Mamai llevaba detenido desde febrero. Ramazan Yesergepov, periodista y presidente de la ONG Periodistas en Dificultades, fue apuñalado el 14 de mayo cuando viajaba en tren a la capital, Astaná, para hablar sobre el caso de Zhanbolat Mamai con diplomáticos extranjeros y expertos internacionales. Ramazan Yesergepov pensaba que el ataque estaba relacionado con las críticas que vertía en su labor informativa y con su interés en el caso de Zhanbolat Mamai.

Organizar una manifestación pacífica sin previa autorización oficial o participar en ella seguía siendo una infracción punible con cuantiosas multas o hasta 75 días de detención con arreglo al Código de Infracciones Administrativas y al Código Penal.

El 13 de julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el procesamiento de Andrei Sviridov en 2009 por un acto de protesta en solitario contra el enjuiciamiento del defensor de los derechos humanos Yevgeny Zhovtis había violado su derecho a la libertad de reunión pacífica. Andrei Sviridov había sido declarado culpable de realizar una manifestación sin autorización previa y condenado a pagar 12.960 tengués (33 euros).

El 1 de agosto se detuvo a los manifestantes pacíficos Askhat Bersalimov y Khalilkhan Ybrahamuly y se los condenó a cumplir cinco y tres días de detención administrativa, respectivamente, por participar en una manifestación no autorizada. Ambos formaban parte de un grupo de una docena de personas que se habían congregado el 29 de julio en el parque Mahatma Gandhi, en la ciudad de Almaty, para caminar hasta la oficina central de correos y enviar llamamientos a gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales en favor de Zhanbolat Mamai y otros presos.

El Ministerio del Interior dijo que se habían dictado 35.253 órdenes de protección en casos de violencia en el ámbito familiar durante la primera mitad del año. Sin embargo, las ONG señalaron que el número de casos de violencia contra las mujeres denunciados era inferior al real y que el índice de enjuiciamientos de estos casos, y de casos de acoso sexual, era bajo.

Las autoridades continuaron negándose a reconocer que Anna Belousova había sido víctima de acoso sexual, a pesar de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer había recomendado en 2015 que Kazajistán le pagara una indemnización adecuada. En marzo, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de un tribunal de Kostanai que había resuelto que a Anna Belousova no se le debía ninguna indemnización. En julio, el tribunal de distrito de Saryarkinsk denegó una reclamación de indemnización contra el Ministerio de Economía. Anna Belousova trabajaba en una escuela primaria de Pertsevka desde 1999. En enero de 2011, el nuevo director del centro había amenazado con despedirla si no tenía relaciones sexuales con él. Anna se negó y perdió su empleo en marzo de 2011.

En abril, la Coalición de ONG en Defensa de Activistas y de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos envió una petición al presidente en la que solicitaba que se adoptara legislación que permitiera aplicar las decisiones de los órganos de tratados de la ONU en relación con Kazajistán. La Coalición afirmó que no se había aplicado ninguna de las 25 decisiones a favor de demandantes de Kazajistán adoptadas desde 2011 porque no existía la legislación necesaria.

La relatora especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, tras visitar el país en septiembre, pidió a Kazajistán que adaptara su legislación nacional sobre capacidad jurídica y salud mental al derecho y las normas internacionales de derechos humanos, y puso de relieve que, con arreglo a la legislación vigente, las personas con discapacidad podían ser ingresadas en residencias y sometidas a intervenciones médicas sin su consentimiento libre e informado.

República de Kazajistán
Jefe del Estado: Nursultán Nazarbáyev
Jefe del gobierno: Bakytzhan Sagintáyev