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Jordània

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El Parlamento aprobó varias reformas, entre ellas la derogación de una ley que permitía que los violadores eludieran el enjuiciamiento casándose con sus víctimas. Las mujeres continuaban estando discriminadas en la legislación y en la práctica. El Parlamento aprobó una ley que garantizaba ciertos derechos a las personas en prisión preventiva y reducía la duración de las penas privativas de libertad. Los gobernadores locales seguían dictando órdenes de detención prolongada sin cargos. El derecho a la libertad de expresión y de asociación continuaba restringido. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes no gozaban de protección adecuada contra la explotación y los abusos. Alrededor de 50.000 personas refugiadas de Siria seguían bloqueadas en condiciones terribles en una zona desértica de la frontera con Siria. Se impusieron condenas de muerte y se llevaron a cabo ejecuciones.

Jordania seguía formando parte de la coalición militar encabezada por Estados Unidos que luchaba contra el grupo armado Estado Islámico (véanse los apartados sobre Irak y Siria) y de la coalición dirigida por Arabia Saudí que participaba en el conflicto armado de Yemen (véase el apartado sobre Yemen).

En agosto se celebraron elecciones locales, y por primera vez se incluyeron en ellas los consejos de las gobernaciones, con arreglo a la Ley de Descentralización de 2015.

En febrero, en medio de protestas públicas desencadenadas sobre todo por el aumento del desempleo y los bajos salarios, el gobierno adoptó varias medidas para abordar la crisis económica, entre ellas recortes de subvenciones y la subida de los impuestos que gravaban el combustible y los productos básicos, así como los servicios de telecomunicaciones.

En mayo entró en vigor en todo el país la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyas disposiciones eran en su mayoría compatibles con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Jordania había ratificado en 2008.

En julio, el Parlamento celebró sesiones ordinarias y extraordinarias para debatir un paquete de 16 anteproyectos de ley y reglamentos propuestos por el Real Comité para el Desarrollo de la Judicatura y el Fomento del Estado de Derecho, órgano que había establecido el rey en octubre de 2016.

En abril, el Centro Nacional de Derechos Humanos publicó un informe que detallaba constantes violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad en el momento de la detención —como registros de seguridad nocturnos en los que se empleaba fuerza excesiva— y durante la reclusión preventiva en centros de detención temporal. Las personas detenidas no tenían acceso a un abogado durante los interrogatorios y estaban expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos. El informe documentaba también condiciones de reclusión precarias y la inexistencia de un sistema de clasificación para proteger la seguridad de las personas detenidas que impidiera, por ejemplo, recluir en la misma celda a personas de categorías de detención incompatibles.

A mediados de 2017, el Parlamento aprobó una serie de leyes que garantizaban el derecho a acceder a un abogado tras la detención, creaban un fondo para asistencia letrada gratuita y limitaban el uso de la reclusión preventiva en cuanto “medida excepcional” con fines concretos, fijándola en un periodo máximo de 3 meses para los delitos menores y de hasta 18 meses para los graves. Esta legislación introducía también alternativas a la reclusión preventiva, como la vigilancia electrónica, la prohibición de viajar y el arresto domiciliario, pero no afectaba a las detenciones ordenadas por la Dirección General de Inteligencia.

Detención administrativa

Las autoridades seguían recluyendo a personas en aplicación de la Ley de Prevención del Delito de 1954, que permitía la detención sin cargos, juicio ni recurso legal alguno por periodos de hasta un año. Esta medida se empleaba sobre todo en casos de terrorismo, espionaje, traición, drogas y falsificación.

La ONG Instituto para la Solidaridad Internacional de las Mujeres en Jordania informó de que se sometía a detención administrativa a mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar o en riesgo de sufrir homicidio en nombre del “honor” al objeto de protegerlas. Había más de 1.700 mujeres en esa situación, lo que representaba una disminución del 16% desde 2015.

En agosto, el Departamento de Control de Empresas notificó al fiscal general que el Centro para la Defensa de la Libertad de los Periodistas había violado la Ley de Sociedades de 1997 al recibir financiación extranjera estando inscrito como “sociedad civil” y no como “sociedad sin fines lucrativos”. El Centro recibió copia de la notificación, en la que se le ordenaba que dejase de recibir financiación extranjera o nacional y de autodenominarse sociedad sin fines lucrativos.

El Centro llevaba funcionando 19 años con la misión expresa de proteger la libertad de prensa, reformar las leyes a tal fin y abordar las violaciones de los derechos de los profesionales del periodismo, y no había recibido hasta entonces ninguna advertencia oficial sobre su financiación.

La Comisión Audiovisual seguía bloqueando el acceso a varios sitios web y plataformas en Internet en aplicación del artículo 49 de la Ley de Prensa y Publicaciones, que exigía que toda “publicación electrónica que publi[cara] noticias, investigaciones, artículos o comentarios relacionados con los asuntos internos o externos del reino” tuviera licencia, y confería a las autoridades ejecutivas la facultad de cerrar los sitios que no la tuvieran.

En febrero, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) tomó nota de los esfuerzos de Jordania para abordar la discriminación de las mujeres en el matrimonio y en la familia, pero siguió expresando preocupación por que se siguieran aplicando disposiciones discriminatorias de la Ley del Estado Civil, sobre todo en relación con la tutela de las mujeres. También expresó inquietud por la persistencia del matrimonio precoz con arreglo a legislación que dejaba al arbitrio de los tribunales islámicos y los tutores legales permitir en determinadas circunstancias el matrimonio de niñas de 15 años o más. El Comité tomó asimismo nota de la discriminación persistente en la ley sobre herencias y de la tendencia de los tribunales islámicos a resolver a favor del esposo en las actuaciones sobre divorcio, pensión alimentaria y custodia de hijos e hijas.

En julio, el Parlamento abolió el artículo 98 del Código Penal, que se invocaba en los casos de homicidio en nombre del “honor” y permitía reducir la pena al hombre condenado por matar a una mujer de su familia si se consideraba que lo había hecho en un “acceso de ira causado por un acto ilegítimo o peligroso de la víctima”. Sin embargo, continuaba vigente el artículo 340, que permitía reducir la pena por circunstancias atenuantes en los casos en que el hombre hubiera asesinado a su esposa o a cualquier mujer de su familia tras descubrirlas en una “situación adúltera”. Aunque esta disposición se aplicaba tanto a hombres como a mujeres, era menos probable que los primeros fueran acusados de adulterio en un sistema polígamo.

En agosto, el Parlamento derogó el artículo 308, que permitía que los violadores eludieran el enjuiciamiento casándose con sus víctimas.

La ONG Tamkeen Fields for Aid informó de que en Jordania vivían casi 1,2 millones de trabajadores y trabajadoras migrantes, de los que sólo 315.016 tenían permiso de trabajo. Estas personas seguían estando expuestas a sufrir explotación y abusos, como confiscación del pasaporte por su empleador, condiciones laborales y de vida precarias, negación del derecho a cambiar de empleo, trabajo forzoso y trata de personas.

Las trabajadoras domésticas migrantes seguían sin tener derecho a disfrutar de unas vacaciones anuales y estaban sometidas a horarios de trabajo imprecisos, malos tratos verbales y físicos, abusos sexuales, confinamiento en el domicilio de sus empleadores e impago del salario.

En febrero, el CEDAW expresó satisfacción por las medidas adoptadas para proteger los derechos de las trabajadoras domésticas migrantes, como la publicación de contratos estándar unificados, protección en virtud de las disposiciones del Código de Trabajo, la regulación de las agencias de empleo y la aprobación de una ley que penalizaba la trata de personas. Sin embargo, siguió expresando preocupación por que las medidas fueran insuficientes debido a la falta de albergues, el acceso limitado a la justicia, la aplicación en gran medida inefectiva del Código de Trabajo y la ausencia de visitas de inspección periódicas a los lugares de trabajo.

Jordania acogía a alrededor de 655.000 personas refugiadas sirias registradas en el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, además de a más de 13.000 personas refugiadas palestinas de Siria y a más de 2 millones de personas refugiadas palestinas residentes desde hacía tiempo en Jordania, entre otras.

Había alrededor de 50.000 refugiados y refugiadas sirios atrapados en Rukban, en una zona desértica situada entre Jordania y Siria denominada “la berma”, donde el acceso humanitario estaba bloqueado en la práctica desde junio de 2016, a excepción del reparto de ayuda que permitieron las autoridades en junio de 2017. Soportaban condiciones humanitarias terribles, con comida, asistencia médica y alojamiento muy limitados y acceso esporádico al agua.

En octubre, Jordania puso fin incluso a la limitada ayuda transfronteriza y dijo que sólo podía entregarse ayuda desde Siria. La comunidad internacional y Jordania no acordaron una solución a largo plazo para los refugiados y refugiadas bloqueados, a quienes se negaba el acceso a procedimientos de asilo y de oportunidades de ser reasentados en terceros países.

Según las agencias humanitarias, en septiembre las autoridades habían devuelto a más de 2.330 personas refugiadas a Siria.

En diciembre, la Corte Penal Internacional resolvió que Jordania no había cumplido sus obligaciones como Estado Parte en el Estatuto de Roma al no ejecutar su solicitud de detención del presidente sudanés Omar al Bashir y decidió remitir el asunto a la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma y al Consejo de seguridad de la ONU. Las autoridades jordanas no habían detenido al presidente Al Bashir cuando este visitó el país en marzo para asistir a la cumbre de la Liga Árabe, pese a haber dictado la Corte dos órdenes de detención contra él por cargos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur, Sudán.

Los tribunales continuaron imponiendo condenas a muerte, y fueron ejecutadas varias personas.

Reino Hachemí de Jordania
Jefe del Estado: rey Abdalá II bin al Husein
Jefe del gobierno: Hani al Mulki