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Actuem pels drets humans a tot el món

Jordània

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Las autoridades continuaron imponiendo restricciones a la libertad de reunión, expresión y asociación de periodistas, activistas políticos, trabajadores y trabajadoras, mediante detenciones arbitrarias y la aplicación de leyes represivas. Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de vigilancia. Las mujeres y las niñas continuaron sufriendo discriminación en la ley y en la práctica. Las personas refugiadas se enfrentaron a dificultades para acceder a servicios esenciales debido a los recortes en la ayuda internacional.

Información general

El estado de emergencia declarado al inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020 siguió vigente a pesar de que en mayo el rey Abdalá había afirmado que se levantaría en los meses siguientes.

El rey restringió la libertad de circulación y de contacto con el mundo exterior del expríncipe heredero Hamzah bin Hussein, puesto bajo arresto domiciliario en 2021 por la presunta organización de un golpe de Estado, acusación que él negó.

En septiembre, el Parlamento aprobó la Ley sobre Derechos del Niño.

Detención arbitraria

Los gobernadores locales continuaron aplicando la Ley de Prevención del Delito para detener administrativamente a cualquier persona que consideraran “un peligro para el pueblo”, sin presentar cargos en su contra y sin que la persona afectada pudiera impugnar su detención ante una autoridad judicial competente. En marzo, las autoridades utilizaron esta ley para detener al menos a 150 activistas, periodistas, docentes y otras personas en un claro intento de impedir que organizaran diversas protestas, entre ellas una para conmemorar las manifestaciones antigubernamentales lideradas por jóvenes que habían tenido lugar en marzo de 2011. Las autoridades pusieron en libertad a estas personas poco después de su detención.

Libertad de expresión

Las autoridades continuaron utilizando la Ley de Prevención de Delitos Informáticos y las disposiciones sobre difamación del Código Penal para reprimir la libertad de expresión.

En febrero, las autoridades detuvieron a 11 activistas políticos sin orden judicial y los interrogaron por “difusión de información falsa” e “incitación a conflictos sectarios y raciales”, en virtud de la Ley de Prevención de Delitos Informáticos y el Código Penal.

La periodista Taghreed Risheq y el periodista Daoud Kuttab fueron detenidos e interrogados sobre sus escritos al entrar en Jordania, en el aeropuerto internacional de Ammán, la capital, los días 6 y 8 de marzo, respectivamente, en aplicación de la Ley de Prevención de Delitos Informáticos. Taghreed Risheq quedó en libertad bajo fianza el mismo día, mientras que Daoud Kuttab fue liberado bajo la orden de comparecer ante un tribunal de Ammán, cuyo juez ordenó posteriormente la suspensión temporal de su orden de detención. Ese mismo mes, según Reporteros sin Fronteras, las autoridades detuvieron y acusaron a tres periodistas por “difundir noticias falsas” en relación con la cobertura de los “papeles de Pandora”, que incluían documentos filtrados en los que se revelaban los nombres de empresas radicadas en paraísos fiscales, cuentas bancarias secretas y artículos de lujo pertenecientes a personas del ámbito empresarial y político, entre otras, incluido el rey Abdalá.

El 15 de agosto, las autoridades detuvieron a Adnan al Rousan, escritor y activista político, y lo acusaron de “calumniar a un organismo oficial” y de “difundir noticias falsas y exageradas que menoscaba[ba]n el prestigio del Estado”.

Derecho a la privacidad

En enero, una investigación de Front Line Defenders descubrió que el teléfono de Hala Ahed Deeb, abogada jordana y defensora de los derechos humanos de las mujeres, había sido infectado con el software espía Pegasus. En junio, Front Line Defenders y el Citizen Lab de la Universidad de Toronto revelaron que los teléfonos de otros cuatro periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos en Jordania habían sido hackeados con el software espía Pegasus entre agosto de 2019 y diciembre de 2021. Según su investigación, los responsables probablemente fueran agencias del gobierno jordano.

Libertad de asociación

Las autoridades revocaron la decisión de modificar la Ley de Asociaciones, que restringía arbitrariamente las actividades de las ONG y permitía que el gobierno interfiriera en su labor. Las ONG seguían luchando por obtener la aprobación del gobierno para acceder a subvenciones de donantes extranjeros. A principios de 2022, el Gobierno optó por seguir utilizando un mecanismo establecido en 2019 bajo la tutela del gabinete del primer ministro para facilitar la tramitación de las solicitudes de financiación exterior presentadas por las ONG. En septiembre, la ONG Community Media Network presentó una queja ante el Centro Nacional para los Derechos Humanos por el rechazo de las autoridades a una subvención de 35.200 dólares estadounidenses concedida por la agencia alemana de desarrollo GIZ para producir una campaña sobre reciclaje.

Tortura y otros malos tratos

Las autoridades no llevaron a cabo investigaciones rápidas, imparciales e independientes de las denuncias de tortura.

El 6 de septiembre, la familia de Zaid Sudqi Ali Dabash recibió una llamada de las autoridades penitenciarias de Marka, barrio periférico de Ammán, en la que se les informaba de su fallecimiento. Según el abogado de la familia, el cadáver de Zaid Sudqi Ali Dabash presentaba señales de tortura, como hematomas en brazos, piernas, espalda, estómago y orejas, y no se había facilitado a la familia ningún informe forense. El caso se transfirió al sistema de justicia militar para su investigación, y no al sistema de justicia civil, lo que vulneraba las normas de derechos humanos.

Derechos laborales

Según el Banco Mundial, Jordania siguió luchando contra una tasa de desempleo elevada, especialmente entre mujeres y jóvenes.

El 27 de marzo, miembros del Movimiento de Desempleados fueron detenidos tras 43 días de sentada frente a un edificio del gobierno en Al Tafilah, ciudad situada a 300 kilómetros al sur de Ammán, en protesta por la falta de oportunidades de empleo. Todos fueron puestos en libertad al día siguiente.

El 29 de marzo, 163 docentes del Sindicato de Docentes jordano fueron detenidos cuando protestaban frente al Ministerio de Educación en Ammán contra la disolución del sindicato en 2020. Todos quedaron en libertad.

El 26 de junio, el tribunal de primera instancia de Ammán estimó un recurso que pretendía poner fin al procesamiento de los miembros del Sindicato de Docentes detenidos en 2020 por “reunión ilegal e incitación al odio”, pero también confirmó la decisión de disolver el sindicato.

Derechos de las mujeres y de las niñas

En febrero, el Senado modificó el artículo 6 de la Constitución para establecer que los hombres y las mujeres de Jordania eran iguales ante la ley y prohibir “la discriminación entre unos y otras en cuanto a sus derechos y deberes por motivos de raza, lengua o religión”. Sin embargo, no se tomaron medidas para modificar la legislación o la normativa a fin de reflejar la enmienda constitucional. Por ejemplo, las mujeres seguían necesitando el permiso de un tutor varón para casarse o viajar al extranjero con sus hijos e hijas y corrían el riesgo de ser detenidas si huían de sus hogares.

Mujeres y niñas seguían sufriendo violencia de género, y las autoridades no investigaban adecuadamente estos delitos ni reforzaban la protección contra ellos. Una organización local denunció el asesinato de 11 mujeres y niñas, 5 de ellas a manos de familiares. La Ley de Protección contra la Violencia Familiar de 2008 no incluía una definición de violencia de género ni tipificaba como delito la violación marital y otras formas de violencia, como el maltrato económico y psicológico, y excluía de la definición de “miembros de la familia” a excónyuges y parejas de hecho.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

A 30 de septiembre, según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, Jordania acogía a 676.606 personas refugiadas sirias, 65.818 iraquíes, 12.957 yemeníes, 5.522 sudanesas y 650 somalíes. Acogía también a 2 millones de personas refugiadas palestinas inscritas en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas.

Todas las personas refugiadas en Jordania tenían un acceso limitado a servicios esenciales como agua y saneamiento, y educación y atención sanitaria, debido a la insuficiente financiación concedida a la ONU, a sus asociados en la ejecución de los proyectos y a otras organizaciones internacionales, así como a los limitados recursos nacionales. Las organizaciones que intentaban obtener la aprobación de proyectos de ayuda dirigidos a personas refugiadas yemeníes, iraquíes, sudanesas o somalíes se enfrentaban a obstáculos aún mayores.

En enero, el ACNUR anunció que las autoridades habían concedido 62.000 permisos de trabajo a personas refugiadas sirias, el mayor número otorgado desde 2016, cuando se introdujeron los permisos de trabajo para personas refugiadas de ese país.

Actuación deficiente contra la crisis climática

El gobierno no anunció una nueva contribución determinada a nivel nacional; en 2021 había elevado su objetivo macroeconómico de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 14% al 31% para 2030.

Reino Hachemí de Jordania
Jefe del Estado: Abdalá II bin Al Husein
Jefe del gobierno: Bisher al Khasawneh