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Itàlia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Italia cooperaba con las autoridades libias y con actores no estatales para restringir la migración irregular a través del Mediterráneo central, lo que dio lugar a que personas refugiadas y migrantes fueran desembarcadas en Libia, donde quedaban atrapadas y expuestas a sufrir abusos y violaciones de derechos humanos. La población romaní siguió estando sometida a desalojos forzosos y segregada en campos en condiciones de vida precarias; la Comisión Europea no tomó medidas firmes contra Italia por la discriminación que sufría en el acceso a una vivienda adecuada. Se introdujo legislación para penalizar la tortura, pero no cumplía con todos los requisitos de la Convención contra la Tortura.

Según cálculos, más de 2.800 personas refugiadas y migrantes murieron en el mar intentando llegar a Italia desde Libia, hacinadas en barcos no aptos para navegar. La cifra supuso una reducción con respecto a las más de 4.500 muertes registradas en 2016. Más de 119.000 personas sobrevivieron a la travesía y llegaron a Italia, frente a las 181.000 de 2016.

En mayo, la revista italiana L’Espresso publicó información nueva sobre el naufragio ocurrido el 11 de octubre de 2013 en la zona maltesa de búsqueda y salvamento del Mediterráneo central, en el que hubo más de 260 muertes, en su mayoría de personas refugiadas de Siria, entre ellas unos 60 niños y niñas. Según grabaciones de conversaciones telefónicas que había obtenido la revista, antes de que zozobrara la embarcación de los refugiados, los mandos de la guardia costera y la armada italianas se mostraron reacios a enviar el buque de guerra italiano Libra, que era el que se encontraba más cerca, a pesar de las reiteradas peticiones de las autoridades maltesas. En noviembre, un juez del tribunal competente de Roma ordenó presentar cargos contra dos oficiales de la armada y la guardia costera italianas y llevar a cabo más investigaciones sobre la conducta de la capitana del Libra. Se desestimaron los cargos contra otros cuatro miembros de la armada y la guardia costera. El juicio seguía pendiente al terminar el año.

El gobierno continuó sin aprobar los decretos necesarios para abolir el delito de “entrada y estancia ilegales”, a pesar de que el Parlamento le había ordenado hacerlo en abril de 2014.

Cooperación con Libia para controlar la migración

Para reducir las llegadas, Italia firmó en febrero un memorándum de entendimiento con Libia, comprometiéndose a ayudar a las autoridades libias responsables de los centros oficiales de detención de inmigrantes, en los que la tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados. Italia continuó aplicando medidas para aumentar la capacidad de la guardia costera libia para interceptar a personas refugiadas y migrantes y llevarlas de regreso a Libia, a pesar de la evidencia cada vez mayor de su conducta violenta y temeraria durante las interceptaciones de barcos y su implicación en violaciones de derechos humanos. En mayo, Italia suministró a la guardia costera libia cuatro lanchas patrulleras. Asimismo, continuó formando a miembros de la guardia costera y de la armada libias en el marco de la operación naval de la Unión Europea en el Mediterráneo (EUNAVFOR MED). En julio, a petición del gobierno libio, Italia desplegó una misión naval en aguas territoriales libias para combatir la migración irregular y el tráfico de personas refugiadas y migrantes.

En noviembre, una lancha de la guardia costera libia interfirió en una operación de salvamento que se desarrollaba en aguas internacionales y en la que varias personas murieron ahogadas. Se grabó en vídeo cómo la lancha de la guardia costera libia, una de las donadas por Italia, se alejaba a gran velocidad haciendo caso omiso de las personas caídas al mar y con un hombre todavía agarrado a unas cuerdas arrojadas desde ella.

Entre agosto y diciembre, varios expertos y órganos de la ONU, entre ellos el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, así como el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, criticaron la cooperación de Italia con las autoridades libias. El Comité contra la Tortura expresó su preocupación por la falta de garantías de revisión de la cooperación con la guardia costera y otras fuerzas de seguridad libias en vista de las violaciones de derechos humanos.

Operaciones de búsqueda y salvamento de las ONG

Muchas de las personas que llegaron a Italia por mar —más de 45.400— habían sido rescatadas por ONG. En julio, Italia, con el apoyo de la UE, impuso un código de conducta a las ONG que operaban en el mar para limitar su capacidad para rescatar a personas y desembarcarlas en Italia. Durante el año, las ONG de salvamento fueron objeto de ataques de algunas autoridades, que afirmaron de ellas que alentaban las salidas desde Libia. Se iniciaron investigaciones criminales contra algunas ONG por fomentar la migración irregular, y al final del año seguían en curso.

Procedimientos de asilo

Al final del año casi 130.000 personas habían solicitado asilo en Italia, lo que suponía un aumento del 6% con respecto a las casi 122.000 de 2016. A lo largo del año recibieron protección inicial de alguna clase más del 40% de las personas que la solicitaron.

En abril se aprobó una ley para agilizar los procedimientos de asilo y luchar contra la migración irregular que, entre otras cosas, reducía las garantías procesales en las apelaciones contra las solicitudes de asilo rechazadas. La nueva ley no aclaraba debidamente la naturaleza y función de los denominados puntos críticos, centros establecidos por la UE y el gobierno, tras los acuerdos de 2015, para la recepción, identificación y registro iniciales de las personas solicitantes de asilo y migrantes que llegaban a la UE por mar. En su informe de mayo, el mecanismo nacional de prevención de la tortura señaló la ausencia continuada de base legal y normas aplicables para regular la detención de personas en los puntos críticos.

También en mayo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU criticó la detención prolongada de personas refugiadas y migrantes en esos centros, así como la falta de garantías contra la clasificación incorrecta de las personas solicitantes de asilo como migrantes económicos y la falta de investigación de los informes sobre uso excesivo de la fuerza durante los procedimientos de identificación. En diciembre, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por la falta de garantías contra la devolución de personas a países donde pudieran correr peligro de sufrir violaciones de derechos humanos.

En septiembre empezó en Perugia un juicio penal contra siete funcionarios implicados en la expulsión ilegal a Kazajistán, en mayo de 2013, de Alma Shalabayeva y Alua Ablyazova, esposa e hija de Mukhtar Ablyazov, político de la oposición kazaja. Entre los acusados, que se enfrentaban a cargos de secuestro, declaración falsa y abuso de poder, figuraban tres mandos policiales y el juez que había validado la expulsión.

Menores no acompañados

Cerca de 16.000 menores de edad no acompañados llegaron a Italia por mar. Con el fin de reforzar su protección, en abril se promulgó una nueva ley que regulaba el acceso a servicios e introducía garantías contra las expulsiones. Sin embargo, las autoridades siguieron teniendo dificultades para garantizar que su recepción se ajustaba a las normas internacionales.

Programas de reubicación y reasentamiento

De las aproximadamente 35.000 personas solicitantes de asilo que tenían que haber sido trasladadas a otros países de la UE en virtud del programa de reubicación de la UE, sólo 11.464 habían salido de Italia al finalizar el año, y 698 más estaban a punto de ser trasladadas.

Italia continuó autorizando el acceso a su territorio, por razones humanitarias, a personas trasladadas en virtud de un programa financiado por las ONG de carácter religioso Comunità di Sant'Egidio, Federación de Iglesias Evangélicas y Tavola Valdese. Desde su inicio en 2016 se había recibido a más de 1.000 personas en virtud de este programa.

Al final de diciembre, Italia había concedido también acceso a 162 personas refugiadas en situación de riesgo, que habían sido evacuadas desde Libia por el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

La población romaní continuó sufriendo discriminación sistémica en el acceso a una vivienda adecuada. La Comisión Europea continuó sin tomar medidas firmes contra Italia por incumplir la legislación de la UE en materia de discriminación, al negar el derecho a la vivienda, ante la falta, por ejemplo, de garantías contra los desalojos forzosos y la persistencia de la segregación de la población romaní en campos.

En abril, cientos de romaníes que vivían en el asentamiento informal de Gianturco, en Nápoles, fueron víctimas de desalojo forzoso sin que las autoridades hubieran realizado ninguna consulta significativa a las familias afectadas. La única alternativa ofrecida por las autoridades fue realojar a 130 personas en un nuevo campo autorizado segregado. Las restantes, tanto personas adultas y como menores, se quedaron sin hogar. Unas 200 se instalaron en un antiguo mercado de Nápoles donde seguían corriendo riesgo de desalojo forzoso.

En agosto, las autoridades desalojaron forzosamente a cientos de personas, entre ellas muchos niños y niñas, de un edificio del centro de Roma. Muchas habían sido reconocidas como refugiadas y llevaban varios años viviendo y trabajando en la zona. Las autoridades no ofrecieron alternativas adecuadas de vivienda, por lo que decenas de personas tuvieron que dormir a la intemperie durante días, antes de que la policía antidisturbios las echara con violencia de la zona. La policía hirió a varias personas con cañones de agua y porras. Algunas familias fueron finalmente realojadas de forma temporal fuera de Roma.

En julio, Italia aprobó por fin legislación para penalizar la tortura, al haber ratificado la Convención contra la Tortura en 1989. Sin embargo, en diciembre, el Comité contra la Tortura señaló que la definición de la tortura de la nueva ley no se ajustaba a la Convención. La nueva ley tampoco contenía otras disposiciones clave, como la revisión de las políticas de interrogatorio y la provisión de reparación a las víctimas.

En septiembre, el Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura publicó el informe de su visita a Italia de abril de 2016. El Comité había recibido denuncias de malos tratos, como uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley y funcionarios de prisiones en prácticamente todos los centros de detención que había visitado. También señaló que persistía la masificación, a pesar de las reformas recientes.

En octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que el trato dispensado por la policía y el personal médico a 59 personas detenidas en relación con las manifestaciones contra la cumbre del G-8 de 2001 en Génova equivalía a tortura.

También en octubre se presentaron cargos contra 37 agentes de policía destinados en la zona de Lunigiana, en el norte de la Toscana, en relación con numerosos casos de lesiones personales y otros abusos. Muchos de estos abusos se habían cometido contra personas extranjeras, en dos ocasiones con porras eléctricas. El juicio seguía pendiente de resolución al terminar el año.

En julio, tras una segunda investigación policial iniciada en 2016, se presentaron cargos contra cinco agentes de policía en relación con la muerte bajo custodia de Stefano Cucchi en 2009. Tres de ellos fueron acusados de homicidio sin premeditación, y dos, de calumnias y de falso testimonio. Al finalizar el año el juicio seguía pendiente de resolución.

República de Italia
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