Saltar al contenido
Actuem pels drets humans a tot el món
Buscar

Israel i Territoris Palestins Ocupats

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

En junio se cumplieron 50 años de la ocupación por Israel de los Territorios Palestinos y 10 de su bloqueo ilegal de la Franja de Gaza, con el que sometía a sus alrededor de 2 millones de habitantes a un castigo colectivo y a una creciente crisis humanitaria. Las autoridades israelíes intensificaron la expansión de los asentamientos y de infraestructura conexa en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y restringieron severamente la libertad de circulación de la población palestina. Las fuerzas israelíes cometieron homicidios ilegítimos de personas civiles palestinas, entre ellas niños y niñas, y mantuvieron recluidos ilegalmente en Israel a miles de palestinos y palestinas de los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), sometiendo a centenares a detención administrativa sin cargos ni juicio. La tortura y otros malos tratos bajo custodia, también de niños y niñas, seguían siendo prácticas muy extendidas y quedaban impunes. Israel continuó demoliendo viviendas palestinas en Cisjordania y en pueblos palestinos de Israel, sometiendo a sus ocupantes a desalojo forzoso. Se encarceló a objetores y objetoras de conciencia al servicio militar. Se amenazó con la expulsión a miles de solicitantes de asilo de África.

Las autoridades israelíes intensificaron la expansión de los asentamientos y la apropiación de tierras en los TPO. Fracasaron las iniciativas de Estados Unidos e internacionales para reanudar las negociaciones, y las relaciones entre Israel y Palestina siguieron siendo tensas. En enero, las autoridades israelíes aprobaron la denominada “ley de regularización”, que legalizó con carácter retroactivo la apropiación por colonos de miles de hectáreas de tierras palestinas de propiedad privada y alrededor de 4.500 viviendas de colonos. Además, anunciaron y sacaron a concurso decenas de miles de nuevas viviendas en asentamientos de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.

Se produjeron apuñalamientos, atropellos con automóviles, disparos y otras agresiones de personas palestinas contra israelíes en Cisjordania e Israel. Los ataques, cometidos en su mayoría por personas no afiliadas a grupos armados, causaron la muerte de 14 israelíes y de una mujer extranjera. Las fuerzas israelíes mataron a 76 personas palestinas y a un hombre extranjero. Algunos de estos homicidios fueron ilegítimos, pues las víctimas no constituían una amenaza para la vida cuando las mataron.

En marzo, la Comisión Económica y Social de la ONU para Asia Occidental publicó, y luego retiró, un informe en el que se declaraba a Israel culpable del crimen de apartheid contra la población palestina. En mayo, una resolución de la UNESCO confirmó la condición de territorio ocupado de Jerusalén Oriental y criticó la conducta de Israel en la ciudad. En julio, tras el homicidio de dos policías israelíes a manos de palestinos, Israel instaló detectores de metales para registrar a los fieles musulmanes en las entradas al Monte del Templo/Haram al Sharif. Las nuevas medidas de seguridad intensificaron las tensiones y las protestas multitudinarias de la población palestina, en especial las plegarias colectivas, en toda Cisjordania. Las plegarias de protesta, a las que muchas veces se respondió con fuerza excesiva, finalizaron tras la retirada de los detectores.

En septiembre, la administración de facto de Hamás en Gaza y el gobierno de “consenso nacional” de Cisjordania iniciaron un proceso de reconciliación que Israel rechazó.

En diciembre, el presidente estadounidense Donald Trump reconoció Jerusalén como capital de Israel, en contra del derecho internacional, desencadenando protestas generalizadas en los Territorios Palestinos Ocupados y en todo el mundo.

El ilegal bloqueo aéreo, marítimo y terrestre israelí de la Franja de Gaza entró en su undécimo año, por lo que se mantuvieron las persistentes restricciones impuestas a la entrada y salida de personas y bienes de la zona, que representaban un castigo colectivo a toda su población. Este bloqueo, combinado con el cierre casi total del paso fronterizo de Rafá por parte de Egipto y las medidas punitivas de las autoridades de Cisjordania, desencadenó una crisis humanitaria, con cortes de electricidad que redujeron el suministro de una media de 8 horas diarias a entre 2 y 4 solamente, lo que afectó al agua potable y al saneamiento y redujo el acceso a los servicios de salud, creando una situación cada vez más “invivible” en Gaza, según la ONU. La economía de Gaza se deterioró aún más, y la reconstrucción posconflicto de infraestructuras civiles siguió encontrando serios impedimentos; continuaba habiendo alrededor de 23.500 personas desplazadas desde el conflicto de 2014. Muchas personas con enfermedades potencialmente mortales no pudieron acceder a tratamiento fuera de Gaza debido a las restricciones israelíes y a los retrasos de las autoridades de Cisjordania en tramitar los traslados. Las fuerzas israelíes mantenían una “zona de seguridad” dentro de la frontera de Gaza con Israel y dispararon con munición real contra palestinos que entraron o se aproximaron a ella, hiriendo a agricultores que trabajaban en esa parte del territorio. También dispararon contra pescadores palestinos que estaban dentro o cerca de la “zona de exclusión” de la costa gazatí, matando al menos a uno e hiriendo a varios.

En Cisjordania, Israel mantenía diversos puestos de control militares, carreteras de circunvalación y zonas militares y campos de tiro que limitaban el acceso y los desplazamientos de la población palestina. Israel estableció nuevos puestos de control y barreras, especialmente en Jerusalén Oriental. En respuesta a los ataques palestinos contra israelíes, las autoridades militares impusieron castigos colectivos, revocando permisos de trabajo de familiares de los atacantes y cerrando zonas y pueblos enteros, como Silwad, Deir Abu Mishal y Beit Surik.

En Hebrón seguían vigentes las limitaciones impuestas hacía tiempo a la presencia palestina, endurecidas en octubre de 2015. En el barrio de Tel Rumeida, declarado “zona militar cerrada”, las fuerzas israelíes sometían a la población palestina residente a opresivos registros e impedían la entrada de otros palestinos mientras que permitían circular libremente a los colonos israelíes. En mayo, Israel erigió un nuevo puesto de control y una nueva valla dentro de la zona H2 de Hebrón, confinando arbitrariamente el barrio palestino de Gheith y separando una calle que recorría la zona.

Israel recluyó o continuó manteniendo recluidos a miles de palestinos de los TPO, a la mayoría en prisiones situadas en Israel, lo que contravenía el derecho internacional. No permitía entrar en Israel para visitarlos a las familias de muchos de ellos, especialmente a las que vivían en Gaza.

Las autoridades siguieron utilizando la detención administrativa, en lugar del enjuiciamiento penal, para recluir sin cargos ni juicio a cientos de palestinos, incluidos menores de edad, líderes de la sociedad civil y personas que trabajaban en ONG, en virtud de órdenes de detención renovables, basadas en información que no se revelaba ni a los propios detenidos ni a sus abogados. Al concluir el año había más de 6.100 palestinos recluidos en prisiones israelíes, 441 de ellos sometidos a detención administrativa. Las autoridades israelíes también sometieron a detención administrativa a seis ciudadanos palestinos de Israel.

En abril, alrededor de 1.500 palestinos presos o detenidos emprendieron una huelga de hambre de 41 días para reclamar mejores condiciones, visitas familiares, el fin del régimen de aislamiento y de la detención administrativa y acceso a la educación. El Servicio de Instituciones Penitenciarias israelí los castigó sometiéndolos a aislamiento, imponiéndoles multas y negándoles las visitas familiares.

Los palestinos de Cisjordania contra quienes se presentaban cargos relacionados con protestas y otros delitos eran sometidos a juicios militares sin garantías, mientras que los tribunales civiles israelíes que juzgaban a palestinos de Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza imponían penas severas, incluso por delitos menores.

En abril, el Tribunal Superior de Justicia israelí resolvió reducir las penas excesivas que imponía el sistema de justicia militar a los palestinos y ordenó que se reformase la legislación para aplicar condenas más breves a partir de mayo de 2018. A pesar de esta resolución, las penas seguirían siendo más duras que las del sistema judicial civil israelí.

Khalida Jarrar, miembro del Consejo Legislativo palestino y de la junta directiva de la ONG Addameer, y Salah Hammouri, miembro del personal de esta organización, seguían sometidos a detención administrativa al concluir 2017.

Comenzó en el Tribunal de Distrito de Beer Sheva el juicio de Mohammed al Halabi, trabajador de ayuda humanitaria de Gaza, por el cargo de malversación de fondos de la ONG World Vision para financiar a Hamás. Ni la investigación a que el gobierno australiano sometió a World Vision Gaza ni una auditoría interna de la organización hallaron ningún indicio que respaldase el cargo. Mohammed al Halabi declaró en el juicio que lo habían torturado durante el interrogatorio y bajo custodia.

Soldados y policías israelíes, así como agentes de la Agencia de Seguridad de Israel, sometían con impunidad a tortura y otros malos tratos a los palestinos detenidos, incluidos los menores de edad, especialmente en el momento de su detención y durante el interrogatorio. Entre los métodos denunciados figuraban actos como palizas, bofetadas, aplicación dolorosa de grilletes, privación del sueño, inmovilización en posturas en tensión y amenazas. No se abrió ninguna investigación criminal sobre más de 1.000 denuncias presentadas desde 2001. Las denuncias de tortura y otros malos tratos de la policía israelí a solicitantes de asilo y miembros de la comunidad etíope seguían siendo habituales.

En diciembre, el Tribunal Superior de Justicia israelí aceptó la decisión del fiscal general de no abrir una investigación penal sobre las denuncias de tortura de Asad Abu Ghosh a pesar de que había pruebas creíbles, consintiendo así que los interrogadores israelíes continuaran usando métodos como las posturas en tensión y la privación de sueño contra palestinos detenidos.

Soldados, policías y guardias de seguridad israelíes mataron al menos a 75 palestinos de los TPO, incluida Jerusalén Oriental, y a 5 palestinos que tenían la ciudadanía israelí. Algunas de las víctimas murieron por disparos, efectuados contra ellas cuando atacaban a israelíes o por ser sospechosas de intentar cometer un ataque. A muchas, entre ellas menores de edad, les dispararon sin que representaran una amenaza inminente para la vida de otras personas, por lo que los homicidios fueron ilegítimos. Algunos homicidios, como el de Yacoub Abu al Qian, contra quien la policía disparó cuando se encontraba en su vehículo en Umm al Hiran en enero, fueron aparentemente ejecuciones extrajudiciales.

Las fuerzas israelíes, especialmente unidades encubiertas, usaron fuerza excesiva y, a veces, letal contra manifestantes palestinos en los TPO, disparando balas metálicas recubiertas de goma y munición real que causaron al menos 20 muertos y miles de heridos. Muchas de las víctimas habían lanzado piedras u otros proyectiles, pero no representaban ninguna amenaza para la vida de los soldados israelíes, que iban bien protegidos cuando dispararon contra ellas. En julio, en respuesta a las tensiones en torno al Monte del Templo/Haram al Sharif, las autoridades mataron a 10 personas palestinas e hirieron a más de 1.000 durante la disolución de manifestaciones, y realizaron al menos dos incursiones violentas en el hospital de Al Makassed de Jerusalén Oriental. En diciembre, un soldado israelí disparó en la cabeza a Ibrahim Abu Thuraya, que iba en una silla de ruedas, cuando estaba sentado con un grupo de manifestantes cerca de la valla que separaba Gaza de Israel.

Tanto en Israel como en los TPO, las autoridades aplicaron diversas medidas contra los defensores y defensoras de los derechos humanos que criticaban la persistente ocupación israelí.

En marzo, la Knéset aprobó una reforma de la Ley de Entrada a Israel que prohibía la entrada en Israel y en los TPO a toda persona vinculada por apoyarla o trabajar en ella a una organización que hubiera pedido o promovido el boicot a Israel o a entidades israelíes, incluidos los asentamientos. Las autoridades continuaron dificultando los intentos de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos de documentar la situación, negándoles la entrada en los TPO, lo que afectó incluso al relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en los TPO. También negaron la entrada a un miembro del personal de Amnistía Internacional tras interrogarlo sobre el trabajo de la organización en los asentamientos.

Las autoridades israelíes utilizaban leyes sobre el orden público en Jerusalén Oriental y órdenes militares, en el resto de Cisjordania, para prohibir y reprimir protestas palestinas y detener y enjuiciar a manifestantes y a defensores y defensoras de los derechos humanos. En julio comenzaron los juicios militares contra los defensores palestinos de los derechos humanos Issa Amro y Farid al Atrash, por cargos relacionados con su participación en la organización de protestas pacíficas contra las políticas sobre asentamientos de Israel. Las autoridades israelíes continuaron hostigando a otros activistas de derechos humanos en Hebrón, como Badi Dweik e Imad Abu Shamsiya, y no los protegieron de los ataques de colonos.

Las autoridades israelíes impusieron a Ahmad Qatamesh, preso de conciencia y escritor, una orden de detención administrativa de tres meses, aplicada entre mayo y agosto, sólo por sus actividades políticas no violentas y sus textos.

Las ONG palestinas de derechos humanos, como Al Haq, Al Mezan y Addameer, sufrieron un acoso creciente de las autoridades israelíes, que también abrieron investigaciones fiscales contra Omar Barghouti, destacado defensor de la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), aparentemente para tratar de silenciar su labor.

Varias organizaciones israelíes de derechos humanos, como Rompiendo el Silencio, Gisha, B'Tselem y Amnistía Internacional Israel, sufrieron también campañas del gobierno destinadas a socavar su labor por medio de difamaciones, estigmatización y amenazas.

En Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, las autoridades israelíes demolieron gran número de propiedades palestinas, entre ellas 423 viviendas y estructuras construidas sin permiso israelí —que seguía siendo prácticamente imposible de obtener para la población palestina—, sometiendo a más de 660 personas a desalojo forzoso. Muchas de estas demoliciones se llevaron a cabo en comunidades beduinas y de pastores que las autoridades israelíes planeaban trasladar forzosamente. Las autoridades también infligieron castigos colectivos a las familias de palestinos que habían cometido ataques contra israelíes, demoliendo o haciendo inhabitables sus viviendas y sometiendo a desalojo forzoso a alrededor de 50 personas.

Las autoridades israelíes desalojaron a ocho miembros de la familia Shamasneh de su vivienda en Sheij Yarrah, en Jerusalén Oriental, permitiendo que la ocuparan colonos judíos. También demolieron decenas de viviendas palestinas en Israel por considerar que habían sido construidas sin permiso, especialmente en localidades palestinas del Triángulo y de Galilea, y en pueblos beduinos “no reconocidos” de la región del Néguev/Naqab. En enero, la policía israelí demolió el pueblo beduino de Umm al Hiran para empezar a construir en su lugar una población judía. En abril, la Knéset aprobó una ley que elevaba la cuantía de las multas por construir sin permiso, cobraba gastos punitivos de demolición a los propietarios de las viviendas que hubieran sido demolidas y limitaba el recurso a los tribunales a quienes impugnaran la orden de demolición o desalojo. En agosto, las autoridades demolieron por 116 vez el pueblo de Al Araqib, en el Néguev/Naqab, y ordenaron a sus habitantes que indemnizaran al Estado con 362.000 séqueles nuevos (aproximadamente 100.000 dólares estadounidenses) por gastos de demolición y honorarios de abogados.

Más de tres años después del final del conflicto de Gaza e Israel de 2014, en el que habían muerto alrededor de 1.460 civiles palestinos muchos en ataques manifiestamente ilegítimos, crímenes de guerra incluidos, las autoridades sólo habían dictado auto de procesamiento contra tres soldados por saqueo y obstrucción de una investigación.

En enero, un tribunal militar israelí dictó una sentencia excepcional al declarar culpable de homicidio sin premeditación a Elor Azaria, soldado de quien se habían tomado imágenes en el momento de cometer la aparente ejecución extrajudicial de un palestino herido en Hebrón. Ni la sentencia ni la pena de 18 meses de prisión —confirmada en apelación, pero reducida en cuatro meses por el jefe del Estado Mayor del ejército israelí en septiembre— reflejaban la gravedad del delito. Las autoridades israelíes no investigaron casos de presuntos homicidios ilegítimos de palestinos, cometidos por las fuerzas israelíes en Israel y en los TPO, o cerraron las investigaciones abiertas.

La fiscal de la Corte Penal Internacional proseguía su examen preliminar de los presuntos crímenes de derecho internacional cometidos en los TPO desde el 13 de junio de 2014.

Hubo nuevas denuncias de violencia contra las mujeres, especialmente en comunidades palestinas de Israel. En junio, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer recomendó a las autoridades israelíes que reformaran las leyes y las políticas integrando las normas de la Convención sobre la Mujer, que combatieran y previnieran la violencia contra las mujeres en Israel y los TPO y que investigaran las denuncias de abusos.

El 6 de agosto, el Tribunal de Distrito de Haifa confirmó la revocación de la nacionalidad de Alaa Zayoud, a quien el ministro del Interior había retirado la nacionalidad convirtiéndolo en apátrida tras una sentencia condenatoria por intento de asesinato. Al finalizar el año, estaba pendiente la resolución de un recurso contra el fallo judicial ante el Tribunal Supremo. Las autoridades también retiraron la nacionalidad a decenas de beduinos palestinos de la región de Néguev/Naqab sin procedimiento alguno ni posibilidad de recurso, convirtiéndolos en apátridas.

Las autoridades continuaban negando a las personas solicitantes de asilo —eritreas y sudanesas en más del 90% de los casos— el acceso a un procedimiento justo y rápido de determinación de la condición de refugiado. Al concluir el año había más de 1.200 solicitantes de asilo en el centro de detención de Holot y en la prisión de Saharonim, en el desierto del Néguev/Naqab. Según datos de activistas, había más de 35.000 solicitantes de asilo en Israel, y 8.588 solicitudes de asilo pendientes de tramitación. En diciembre, la Knéset aprobó una reforma de la ley de prevención de la infiltración que obligaría a las personas solicitantes de asilo y refugiadas a aceptar la reubicación en países de África so pena de ser encarceladas. Decenas de miles de personas corrían riesgo de ser expulsadas.

Se encarceló al menos a seis objetores y objetoras de conciencia: Tamar Zeevi, Atalia Ben-Abba, Noa Gur Golan, Hadas Tal, Mattan Helman y Ofir Averbukh. Las autoridades israelíes reconocieron a Tamar Zeevi como objetora de conciencia y la pusieron en libertad tras haber permanecido un total de 100 días en prisión.

Estado de Israel
Jefe del gobierno: Benjamín Netanyahu
Jefe del Estado: Reuven Rivlin