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Irlanda

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

No se abordaron adecuadamente los abusos históricos cometidos contra mujeres y niñas. La información sobre el aborto y el acceso a él seguían estando gravemente restringidos y penalizados. Persistió la preocupación por el alojamiento en régimen de “manutención directa” ofrecido a las personas solicitantes de asilo.

En marzo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) publicó sus observaciones finales sobre los informes periódicos sexto y séptimo de Irlanda. En ellas expresaba su preocupación respecto a la legislación irlandesa sobre el aborto, las medidas para combatir la violencia contra las mujeres —señalando, entre otras cosas, los recortes en la financiación de servicios de apoyo no gubernamentales— y el impacto de las medidas de austeridad en la financiación de las ONG de mujeres.

Además, el CEDAW criticó que el Estado no hubiera puesto en marcha una investigación independiente, exhaustiva y eficaz sobre todos los presuntos abusos cometidos contra los derechos humanos de mujeres y niñas en las “Lavanderías de la Magdalena”, las instituciones infantiles y los hogares para madres y bebés que funcionaron con financiación y supervisión del Estado entre la década de 1930 y 1996. El Comité de la ONU contra la Tortura se hizo eco de esta misma preocupación en sus observaciones finales sobre el segundo informe periódico de Irlanda, publicadas en agosto. En noviembre, el Defensor del Pueblo publicó un informe en el que criticaba la exclusión de algunas mujeres del programa de reparación de las Lavanderías de las Magdalenas.

El CEDAW señaló también numerosas recomendaciones de otros mecanismos de derechos humanos de la ONU sobre la cuestión no resuelta de los abusos históricos cometidos contra mujeres y niñas, como por ejemplo los relacionados con la realización de sinfisiotomías a mujeres sin su consentimiento.

En junio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU resolvió, en la causa Whelan v. Ireland, que la legislación irlandesa sobre el aborto había vulnerado el derecho de la demandante a no sufrir trato cruel, inhumano y degradante, así como su derecho a la intimidad y a no sufrir discriminación, por verse obligada a viajar al extranjero para someterse a un aborto. Por su parte, el Comité de la ONU contra la Tortura, en sus conclusiones finales de agosto, subrayó “el intenso sufrimiento físico y la enorme angustia y aflicción” que dicha legislación causaba a mujeres y niñas.

En junio, la Asamblea de la Ciudadanía, establecida por el gobierno para formular recomendaciones sobre la posible reforma constitucional, recomendó eliminar la Octava Enmienda a la Constitución de Irlanda, que equiparaba el derecho a la vida del feto con el de la mujer embarazada. También recomendó proporcionar acceso a servicios de aborto sin restricciones en las primeras etapas del embarazo, y en una amplia variedad de circunstancias posteriormente. Sus recomendaciones fueron examinadas y apoyadas por un comité parlamentario creado especialmente para ello, que también recomendó la despenalización de las mujeres que se sometieran a un aborto y de los profesionales de la salud que lo practicaran. El gobierno se comprometió a celebrar un referéndum sobre la Octava Enmienda a principios de 2018.

Persistían los motivos de preocupación respecto a las precarias condiciones de vida imperantes en los centros de alojamiento para solicitantes de asilo en régimen de “manutención directa”, en particular la falta de intimidad y de espacio vital, la ausencia de instalaciones recreativas, sobre todo infantiles, y el escaso dinero para gastos personales. En mayo, el Tribunal Supremo resolvió que la prohibición impuesta por el Estado de tener empleo durante el procedimiento de asilo, con independencia de su duración, era inconstitucional, y dio seis meses al órgano legislativo para abordar su decisión. El Defensor del Pueblo y el Defensor de los Derechos de la Infancia recibieron atribuciones legales para examinar denuncias de residentes en régimen de “manutención directa”.

En septiembre, el gobierno anunció su compromiso de elaborar un programa de patrocinio comunitario para el reasentamiento de personas refugiadas.

Un número creciente de personas quedaron sin hogar, muchas debido a la escasa disponibilidad de viviendas de alquiler asequibles. El número de familias sin hogar aumentó en un 31% de octubre de 2016 a octubre de 2017, y muchos niños y niñas vivían en alojamientos tipo albergue que no reunían las condiciones adecuadas. En octubre, el Comité Europeo de Derechos Sociales publicó una decisión en la que concluía que Irlanda violaba la Carta Social Europea revisada. La decisión se refería a las condiciones en algunas viviendas de protección oficial.

En febrero se promulgó la Ley Penal de Delitos Sexuales de 2017, que sancionaba la compra de servicios sexuales, entre otras disposiciones. Aunque esta ley suprimía las penas a trabajadoras y trabajadores sexuales por prostitución y merodeo, seguía penalizando varios aspectos del trabajo sexual, a pesar de la evidencia internacional de que para quienes se dedican a este trabajo eso suponía un alto riesgo de estigmatización, aislamiento, violencia y otros abusos contra los derechos humanos.

El Grupo de Expertos en la Lucha contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa señaló la información sobre los posibles efectos negativos que penalizar la compra de servicios sexuales tenía para las víctimas de trata. El Grupo pidió a Irlanda que examinara tales efectos en la identificación, protección y asistencia de las víctimas de trata, así como en el enjuiciamiento de los tratantes de seres humanos.

En marzo, el gobierno reconoció formalmente a la comunidad nómada como grupo étnico diferenciado dentro de Irlanda, tras años de campaña por parte de los grupos nómadas. Se consideró un gesto simbólico, pero también un paso importante para reconocer y combatir la discriminación largamente sufrida por la población nómada en Irlanda.

Suscitó preocupación el creciente impacto que tenía en los grupos de la sociedad civil la Ley Electoral de 1997, que regula la financiación política. La Ley, según se reformó en 2001, prohíbe las donaciones desde el extranjero, o las donaciones nacionales superiores a 2.500 euros, a organizaciones de “terceros” para “fines políticos” vagamente definidos.

Irlanda
Jefe del Estado: Michael D. Higgins
Jefe del gobierno: Leo Varadkar (sustituyó a Enda Kenny en junio)