Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

La tipificación como delito de algunos aspectos del trabajo sexual puso a trabajadores y trabajadoras sexuales en mayor peligro de sufrir violencia. El Comité de Derechos Humanos de la ONU encontró deficiencias en los programas de reparación para las mujeres y las personas menores de edad que habían residido o estado recluidas en centros de subvención estatal y para las mujeres sometidas a operaciones quirúrgicas durante el parto sin su consentimiento informado. Persistía la preocupación por el acceso de la población refugiada ucraniana y de otras nacionalidades a una vivienda adecuada. Se plantearon objeciones a los planes de utilizar tecnología de reconocimiento facial en el control policial de los espacios públicos.

Derechos laborales

Según las conclusiones de una investigación publicada en enero, desde que Irlanda penalizó algunos aspectos del trabajo sexual, quienes se dedicaban a éste corrían mayor peligro de sufrir abusos y violencia, incluida la violación.¹ La investigación mostró que la legislación de 2017 que tipificaba como delito la compra de servicios sexuales obligaba a quienes trabajaban en este sector a asumir más riesgos para obtener ingresos, y que el hecho de que la “explotación de prostíbulos” siguiera siendo delito impedía que varias personas trabajaran en un mismo sitio por motivos de seguridad. Además, concluía que la legislación penal reforzaba el estigma que sufrían y su falta de confianza en la policía. Personas dedicadas al trabajo sexual dijeron tener miedo al acoso y la violencia policial, y a que se actuara contra sus caseros, por la posibilidad de sufrir desalojo y sinhogarismo.

Otra investigación publicada en agosto se hacía eco de estas conclusiones y revelaba que quienes ejercían el trabajo sexual en la calle sufrían un trato discriminatorio de la policía, e incluso explotación sexual y abuso de autoridad por parte de algunos agentes. El estudio se basaba en entrevistas a personas que se dedicaban al trabajo sexual realizadas por un equipo investigador y mediante investigación participativa entre pares, en una colaboración de la Universidad de Limerick con la organización Género, Orientación, Salud Sexual y VIH (GOSHH, por sus siglas en inglés).

El informe de un estudio sobre la ley de 2017 realizado durante tres años por el Departamento de Justicia no se había publicado al final del año.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En sus observaciones sobre el quinto informe periódico de Irlanda, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación ante las deficiencias en la respuesta del Estado a los abusos cometidos contra las mujeres y los niños y niñas que habían residido o permanecido recluidos en centros de subvención estatal dirigidos por órdenes religiosas hasta finales de la década de 1990. Estos centros incluían los “hogares maternoinfantiles”, donde daban a luz mujeres solteras; las “Lavanderías de la Magdalena”, donde mujeres y niñas eran obligadas a trabajar y vivir, y los hogares infantiles. El Comité criticó las deficiencias del sistema estatal de reparaciones ofrecido a las personas sobrevivientes y solicitó el establecimiento de un mecanismo de justicia transicional para esclarecer la verdad de lo sucedido en estos centros y garantizar reparaciones efectivas, incluidas indemnizaciones.

Además, el Comité de Derechos Humanos pidió que se emprendiera sin demora una investigación penal independiente y exhaustiva sobre la práctica médica, aplicada en el pasado, de la sinfisiotomía (intervención quirúrgica que implicaba cortar parcialmente los huesos del pubis para facilitar el parto vaginal) sin el conocimiento o el consentimiento informado de las mujeres, y recomendó resarcir adecuadamente a todas las mujeres afectadas, entre otras cosas, eliminando las trabas para acceder al programa estatal de indemnizaciones.

Derechos sexuales y reproductivos

En octubre se presentó un proyecto de ley que establecía “zonas seguras de acceso” para preservar la seguridad y la intimidad de las mujeres que acudieran a un centro médico para acceder a servicios de aborto.

Derecho a la vivienda

Aumentó la preocupación por la disponibilidad y asequibilidad de la vivienda, y un número sin precedentes de personas sufría sinhogarismo. El gobierno estableció una Comisión de la Vivienda para revisar la política y organizar una consulta pública sobre la inclusión del derecho a la vivienda en la Constitución.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En febrero, el gobierno autorizó la exención de visado para quienes huían de la guerra en Ucrania.

En marzo, activó la Directiva de Protección Temporal de la UE para permitir que las personas refugiadas ucranianas tuvieran acceso a protección social, empleo, asistencia médica y educación, así como a alojamiento temporal gratuito si fuera necesario. No obstante, debido a la falta de viviendas disponibles, el gobierno afirmó en octubre que ya no se les podía garantizar el alojamiento.

Vigilancia masiva

ONG y personal experto expresaron preocupación ante el proyecto de ley que proponía introducir la tecnología de reconocimiento facial en el ejercicio de las funciones policiales, incluso en espacios públicos.

Libertad de asociación y de reunión

Al contrario de lo que esperaban diversas ONG, la Ley de Reforma Electoral aprobada en julio no modificó las disposiciones de la Ley Electoral que coartaban gravemente los derechos a la libertad de asociación y de expresión de las organizaciones de la sociedad civil. Estas disposiciones seguían imponiendo una prohibición general de las donaciones del extranjero y graves restricciones a las nacionales para las campañas destinadas a unos “fines políticos” vagamente definidos. Tales restricciones siguieron afectando al trabajo general de incidencia de muchas organizaciones —de derechos humanos y otras—, incluso fuera de periodos electorales o de referéndum.

El Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación ante los informes sobre uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en las protestas relacionadas con la COVID-19, y por las restricciones desproporcionadas de la libertad de circulación y de reunión pacífica impuestas durante la pandemia, y pidió al gobierno que llevara a cabo un examen completo de su respuesta a la COVID-19 en relación con los derechos humanos.

1. Irlanda: “Vivimos en un sistema violento”. Violencia estructural contra trabajadoras y trabajadores sexuales en Irlanda, 25 de enero