Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Se agravó la crisis de disponibilidad de vivienda, también para las personas solicitantes de asilo. Preocupaba que la Comisión de Protección de Datos no hiciera rendir cuentas a las grandes empresas tecnológicas, como Meta y Google, por violaciones del derecho a la privacidad. La criminalización de algunos aspectos del trabajo sexual continuó aumentando el peligro de sufrir violencia para las personas que se dedicaban a él.

Derecho a la vivienda

La crisis de disponibilidad y asequibilidad de la vivienda se agravó y dio lugar a que un número sin precedentes de personas, incluidos niños y niñas, sufriera sinhogarismo. En noviembre había 13.514 personas viviendo en alojamientos de emergencia para personas sin hogar, entre ellas 4.105 menores —la mayor cifra jamás registrada—, lo que suponía un incremento del 17% respecto al mismo mes de 2022. En sus observaciones finales, publicadas en febrero, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, pidió al gobierno que abordara las causas subyacentes del sinhogarismo infantil, reforzara las medidas para eliminar gradualmente los programas de alojamiento de emergencia e incrementara de manera significativa la disponibilidad de viviendas sociales para familias.

Al término del año, la Comisión de la Vivienda, establecida por el gobierno, todavía no había publicado el análisis de la política de vivienda, ni se había programado la celebración del referéndum constitucional sobre la vivienda prometido por el gobierno.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El agudizamiento de la crisis de la vivienda continuó afectando gravemente a la disponibilidad y la calidad del alojamiento para personas solicitantes de asilo; a algunas de las recién llegadas sólo se les ofrecieron tiendas de campaña y sacos de dormir.

En octubre, el defensor de los Derechos de la Infancia publicó un informe especial sobre seguridad y bienestar de la infancia en régimen de provisión directa que mostraba que la “respuesta condicionada por la crisis” adoptada por el gobierno ante la cifra significativamente más elevada de personas que solicitaban protección afectaba al bienestar de los niños y niñas que vivían en alojamientos proporcionados por el Estado. Según el informe, los avances en las reformas del sistema de “provisión directa” de alojamiento para solicitantes de asilo, tal y como se prometía en la propuesta de ley del gobierno de 2021, se habían “estancado o retrocedido”.

Derecho a la privacidad

Preocupaba el deficiente historial de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda a la hora de hacer rendir cuentas a las grandes empresas tecnológicas, como Meta y Google, por no respetar el derecho a la privacidad de millones de personas usuarias de redes sociales en Europa y en todo el mundo. En junio se promulgó legislación que permitía a la Comisión otorgar carácter confidencial a todos sus procedimientos para hacer cumplir las normas pertinentes, lo que podría proteger aún más del escrutinio a las grandes empresas tecnológicas.

Derechos sexuales y reproductivos

Un informe sobre la revisión gubernamental de la Ley de Salud de 2018 (Regulación de la Interrupción del Embarazo) publicado en abril halló deficiencias y obstáculos preocupantes en la prestación de servicios de aborto. Reconocía el impacto negativo del rechazo por motivos de conciencia por parte del personal médico a prestar dichos servicios y recomendaba eliminar la responsabilidad penal para los profesionales de la salud.

Derechos laborales

Seguía sin revisarse la legislación de 2017 que tipificaba como delito la compra de servicios sexuales y mantenía el de “explotación de prostíbulos” —lo que impedía trabajar en un mismo lugar a quienes se dedicaban al trabajo sexual—, pese al requisito legal de revisarla en un plazo de 3 años. Por consiguiente, no se avanzó en abordar los datos que sugerían que dicho marco jurídico exponía a quienes ejercían el trabajo sexual a un mayor riesgo de sufrir violencia y otros abusos.

Libertad de expresión y de asociación

No se avanzó en lo referente a abordar las restricciones impuestas por la Ley Electoral de 1997 (reformada en 2001) a la libertad de las organizaciones de la sociedad civil para acceder a financiación de campañas.

Derecho a un medioambiente saludable

En junio, la Agencia de Protección Ambiental publicó su previsión de emisiones de gases de efecto invernadero para el periodo 2022-2040 y concluyó que, aunque se implementaran plenamente las políticas y medidas climáticas del gobierno, éstas no lograrían los objetivos de reducción de emisiones establecidos en la legislación de Irlanda en materia de cambio climático. Asimismo, concluyó que se preveía que la mayoría de los sectores —incluidos el agrícola, el eléctrico, el del transporte y el industrial— superaran su límite sectorial nacional de emisiones para 2025 y 2030.