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Iraq

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las fuerzas iraquíes y kurdas, las milicias paramilitares, las fuerzas de la coalición y el grupo armado Estado Islámico cometieron violaciones del derecho internacional humanitario, crímenes de guerra y abusos flagrantes contra los derechos humanos en el conflicto armado. Los combatientes del Estado Islámico desplazaron a miles de civiles a zonas de conflicto activo, los usaron como escudos humanos a escala masiva, perpetraron homicidios deliberados de civiles que huían de los combates y reclutaron y desplegaron a niños y niñas soldados. Las fuerzas iraquíes y kurdas y las milicias paramilitares cometieron ejecuciones extrajudiciales de combatientes capturados y de civiles que huían del conflicto, y destruyeron viviendas y otros bienes de carácter civil. Las fuerzas iraquíes y kurdas, así como las autoridades del gobierno, detuvieron arbitrariamente, sometieron a desaparición forzada y torturaron a civiles presuntamente afines al Estado Islámico. Los tribunales sometieron a presuntos miembros del Estado Islámico y a otras personas sospechosas de delitos de terrorismo a juicios injustos y los condenaron a muerte basándose en “confesiones” obtenidas mediante tortura. Se siguió llevando a cabo un número alarmante de ejecuciones.

En diciembre, el gobierno iraquí, las fuerzas kurdas, las milicias paramilitares y las fuerzas de la coalición encabezada por Estados Unidos habían recuperado el territorio y los núcleos de población en poder del Estado Islámico, incluidos el este y el oeste de Mosul (recuperados en enero y julio, respectivamente), Tel Afar (en agosto) y Hawiya (en octubre). En noviembre, más de 987.648 personas de la gobernación de Nínive se habían visto desplazadas internamente como consecuencia de la operación militar emprendida para recuperar Mosul y las zonas circundantes. Había más de tres millones de personas internamente desplazadas en todo Irak.

El 25 de septiembre, el Gobierno Regional del Kurdistán celebró un referéndum sobre la independencia en la región del Kurdistán de Irak, así como en las “zonas en disputa” de Irak, que incluían parte de las gobernaciones de Nínive, Kirkuk, Salah al Din y Diyala. Según los resultados preliminares, aproximadamente el 93% de los votos fueron favorables a la independencia. El gobierno de Irak declaró el referéndum ilegal e inconstitucional. Tras el referéndum, fuerzas del gobierno iraquí y fuerzas progubernamentales, incluidas las Unidades de Movilización Popular, recuperaron el control de la gobernación de Kirkuk, así como partes de las gobernaciones de Nínive, Salah al Din y Diyala.

El Estado Islámico cometió abusos flagrantes contra los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario, que en algunos casos constituyeron crímenes de guerra. Desplazó a miles de civiles hacia zonas de hostilidades activas para intentar proteger así a sus combatientes. Mató deliberadamente a civiles que intentaban huir de los combates y colgó sus cuerpos en espacios públicos como advertencia a quienes pensaran también en escapar. Perpetró a modo de ejecución homicidios de personas que se oponían a él y reclutó y desplegó a niños y niñas soldados. En Mosul negó de forma habitual atención médica a la población civil, y sus combatientes ocuparon varios edificios médicos y hospitales para eludir los ataques de las fuerzas iraquíes y de la coalición.

El Estado Islámico mató e hirió a civiles en todo el país en atentados suicidas con explosivos y otros ataques mortales dirigidos deliberadamente contra la población civil en mercados, santuarios chiíes y otros espacios públicos. El 2 de enero, unos atentados con explosivos perpetrados por el Estado Islámico en Ciudad Sadr, barrio predominantemente chií de la capital, Bagdad, causaron la muerte de al menos 35 personas e hirieron a más de 60. Unos atentados suicidas cometidos el 30 de mayo frente a una heladería y un edificio oficial de Bagdad mataron al menos a 27 personas e hirieron al menos a 50. Un ataque del Estado Islámico perpetrado el 14 de septiembre contra un restaurante frecuentado por peregrinos chiíes en Nasiriya mató al menos a 84 personas e hirió a 93.

La ONU informó en octubre de que el Estado Islámico mantenía en cautividad a 1.563 mujeres y niñas y niños yazidíes en Irak y Siria, a quienes sometía a violaciones y otras torturas, agresiones y esclavitud. Si conseguían huir o eran liberadas después de que sus familias pagaran un rescate, estas personas no recibían reparación adecuada, ni siquiera la atención y el apoyo necesarios para ayudarles a reconstruir su vida. En agosto, la ONU comunicó que se habían encontrado al menos 74 fosas comunes en zonas de Irak que habían estado bajo el control del Estado Islámico.

Las fuerzas gubernamentales, las milicias paramilitares y las fuerzas de la coalición cometieron reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario, algunas de las cuales podrían constituir crímenes de guerra. En el oeste de Mosul, las fuerzas iraquíes y de la coalición lanzaron una serie de ataques desproporcionados o indiscriminados. En uno de ellos, efectuado el 17 de marzo en el barrio de Al Yadida, al menos 105 civiles murieron como consecuencia de una incursión aérea estadounidense cuyo objetivo eran dos francotiradores del Estado Islámico.

En el oeste de Mosul, las fuerzas iraquíes utilizaron sistemáticamente armas explosivas con efecto en una amplia superficie, entre ellas las conocidas como municiones improvisadas de cohete, que no podían dirigirse con precisión contra objetivos militares ni usarse legítimamente en zonas civiles pobladas. En el este de Mosul, cientos de civiles murieron en ataques aéreos de las fuerzas iraquíes y de la coalición contra sus viviendas o contra los lugares donde se habían refugiado siguiendo las instrucciones del gobierno iraquí de no salir de la zona durante la batalla.

Las fuerzas gubernamentales iraquíes y kurdas y las milicias paramilitares llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales de hombres y niños presuntamente afiliados al Estado Islámico. En las semanas finales de la batalla de Mosul, entre mayo y julio, se recibieron informes coherentes de que las fuerzas iraquíes —en especial la División de Respuesta Urgente, la Policía Federal y las fuerzas de seguridad— habían detenido, torturado y ejecutado extrajudicialmente a hombres y niños que huían de los combates.

Las fuerzas de seguridad iraquíes, las fuerzas kurdas y las milicias paramilitares sometieron a controles de seguridad, en centros de recepción temporales o en centros de detención improvisados, a miles de hombres y niños a los que consideraban en edad de combatir (aproximadamente de entre 15 y 65 años) y que huían de los territorios en poder del Estado Islámico. Los hombres sospechosos de estar afiliados al Estado Islámico permanecían recluidos días o meses, a menudo en terribles condiciones, o eran transferidos a otros centros. Las fuerzas iraquíes, las fuerzas kurdas y las milicias paramilitares, incluidas las Unidades de Movilización Popular, detuvieron sin orden judicial a miles de personas más, sospechosas de “terrorismo”, en sus casas, en puestos de control y en campos para personas internamente desplazadas.

Tortura y desapariciones forzadas

Muchos hombres y niños sospechosos de pertenecer al Estado Islámico fueron sometidos a desaparición forzada —aislados de sus familias y del mundo exterior— en instalaciones controladas por los ministerios iraquíes del Interior y de Defensa o por el Gobierno Regional del Kurdistán, así como en centros de detención secreta. Los detenidos eran interrogados por funcionarios de seguridad sin la presencia de abogados y sometidos de manera habitual a tortura. Entre los métodos de tortura más comunes figuraban golpear a la víctima en la cabeza y el cuerpo con barras metálicas y cables, colgarla de los brazos o las piernas en posturas en tensión, aplicarle descargas eléctricas y amenazarla con violar a mujeres de su familia. El acceso limitado de los detenidos a la atención médica fue causa de muertes bajo custodia y de amputaciones. Soportaban además duras condiciones de reclusión, como grave hacinamiento, mala ventilación y falta de acceso a duchas o retretes.

El sistema de justicia penal seguía estando plagado de irregularidades. Se negaban de manera habitual a las personas procesadas, sobre todo a las sospechosas de “terrorismo”, los derechos a tener tiempo y medios suficientes para preparar su defensa, a no declarar contra sí mismas ni a confesarse culpables y a interrogar a los testigos de cargo. Los tribunales seguían admitiendo como prueba “confesiones” obtenidas mediante tortura. Muchas personas declaradas culpables en estos juicios injustos y precipitados fueron condenadas a muerte.

Entre julio y agosto, las autoridades iraquíes dictaron orden de arresto contra al menos 15 abogados que defendían a presuntos miembros del Estado Islámico, acusándolos de estar afiliados a él. Las detenciones suscitaron preocupación entre otros abogados por la posibilidad de ser detenidos sólo por defender a presuntos miembros del Estado Islámico.

Seguía habiendo en Irak más de tres millones de personas internamente desplazadas, que residían en comunidades de acogida, campos para personas internamente desplazadas, asentamientos informales y edificios en construcción. En noviembre, más de 987.648 personas de la gobernación de Nínive se habían visto desplazadas como consecuencia de la operación militar de Mosul. Las agencias humanitarias informaron de considerables déficits de financiación internacional.

La población civil que vivía en campos para personas internamente desplazadas sufría escasez de comida, agua, medicamentos y otros productos básicos. Además, la libertad de circulación en los campos estaba gravemente limitada, y sus residentes denunciaban que las milicias paramilitares reclutaban a civiles, niños y niñas incluidos, a veces por la fuerza, y que tenían familiares que habían sido objeto de desaparición forzada tras ser detenidos en lugares públicos de los campos o en sus tiendas. Las familias permanecían días o meses separadas debido a los procesos de control que se realizaban en los centros de acogida temporal. Las mujeres cabezas de familia alojadas en campos para personas internamente desplazadas —en especial aquellas cuyos familiares varones eran sospechosos de estar afiliados al Estado Islámico— denunciaban que sufrían violaciones y explotación y otros abusos sexuales, así como discriminación sistemática, sobre todo a causa del acceso inadecuado y desigual a comida, agua y otros suministros básicos.

Desplazamiento forzado y destrucción de bienes

En el contexto del conflicto armado con el Estado Islámico, las fuerzas gubernamentales iraquíes y las milicias paramilitares sometieron a desplazamiento forzado a civiles y destruyeron sus casas a una escala masiva. Por ejemplo, a principios de año, las milicias tribales suníes de las Unidades de Movilización Popular conocidas como Hashad al Asharii, junto con fuerzas gubernamentales iraquíes, desplazaron forzosamente de la gobernación de Salah al Din al menos a 125 familias presuntamente afines al Estado Islámico, tras un decreto de las autoridades locales que autorizaba su desplazamiento. Las familias fueron posteriormente recluidas contra su voluntad en un campo para personas desplazadas próximo a Tikrit que servía de centro de detención.

Facciones de las Unidades de Movilización Popular que habían cometido crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional en el centro y el norte de Irak desde 2014 se beneficiaron de transferencias de armas de diversos países, en especial de Estados Unidos, Rusia e Irán. Entre estas armas había vehículos blindados y artillería, así como diversas armas pequeñas. La mala gestión de los arsenales y el floreciente comercio ilícito dentro del país y transfronterizo contribuyeron a armar a las milicias, menoscabando aún más la seguridad.

Los periodistas y ciberactivistas de la región del Kurdistán de Irak eran sometidos a detención arbitraria, palizas, vigilancia, amenazas de muerte y campañas de desprestigio para dañar su reputación o la de sus familiares. Esta tendencia de injerirse en la libertad de expresión de periodistas y ciberactivistas pareció intensificarse en el periodo previo al referéndum sobre la independencia de la región; Amnistía Internacional documentó 12 casos de detención arbitraria, palizas e intimidación de periodistas y ciberactivistas entre junio y septiembre.

El 14 de marzo, las fuerzas de seguridad —entre las que había policías antidisturbios de la región del Kurdistán de Irak y combatientes sirios bajo el mando del Gobierno Regional del Kurdistán (“peshmerga de Rojava”)— lanzaron botes de gas lacrimógeno y munición real para dispersar a manifestantes yazidíes. Los manifestantes reclamaban que se marcharan de la región las fuerzas peshmerga de Rojava tras los enfrentamientos que se habían producido ese mes entre sus miembros y la Unidad de Resistencia de Sinyar. Manifestantes y testigos denunciaron que Nazeh Nayef Qawal, una mujer yazidí, había perdido la vida durante la disolución violenta de la protesta.

Ante las acusaciones de violaciones graves del derecho internacional humanitario y crímenes de guerra —como tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada— cometidos por las fuerzas iraquíes y milicias progubernamentales, las autoridades iraquíes establecieron comités para evaluar los datos disponibles e iniciar investigaciones. Estos comités nunca dieron a conocer públicamente sus conclusiones ni las comunicaron a ONG internacionales o nacionales. Más de un año después de que las milicias de las Unidades de Movilización Popular secuestraran y sometieran a desaparición forzada a 643 hombres y niños de Saqlawiya, en la gobernación de Anbar, el comité establecido el 5 de junio de 2016 por la Oficina del Primer Ministro no había publicado ninguna conclusión.

El 21 de septiembre, el Consejo de seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una resolución encaminada a garantizar la rendición de cuentas por crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos cometidos por el Estado Islámico. Sin embargo, la resolución adolecía de una deficiencia crucial, pues no contenía ninguna disposición para garantizar la rendición de cuentas por los delitos cometidos por las fuerzas iraquíes, milicias paramilitares como las Unidades de Movilización Popular, la coalición encabezada por Estados Unidos y otros actores responsables de violaciones graves del derecho internacional, crímenes de guerra incluidos, durante el conflicto.

Irak seguía siendo uno de los usuarios de la pena de muerte más prolíficos del mundo. Decenas de personas fueron condenadas a muerte en juicios injustos y ahorcadas. Se continuó usando la pena de muerte como herramienta de represalia en respuesta a la indignación pública que suscitaban los ataques reivindicados por el Estado Islámico. En enero fueron ahorcados decenas de hombres por su presunto papel en la muerte de 1.700 cadetes chiíes en el campamento militar Speicher, cerca de Tikrit, en 2014. Los hombres, cuyas “confesiones” se habían obtenido, según fuentes fidedignas, mediante tortura, fueron declarados culpables en juicios precipitados y plagados de irregularidades. Ya se había llevado a cabo una ejecución masiva de este tipo anteriormente, en agosto de 2016, también en relación con la masacre de Speicher. El 25 de septiembre fueron ejecutados decenas de hombres por cargos de “terrorismo”. Esta ejecución masiva se realizó 11 días después de que un atentado suicida del Estado Islámico, cometido en Nasiriya el 14 de septiembre, causara la muerte de al menos 84 personas.

Irak
Jefe del Estado: Fuad Masum
Jefe del gobierno: Haider al Abadi