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Indonèsia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Indonesia no abordó las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. El derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación seguía estando restringido arbitrariamente. Se emplearon disposiciones sobre blasfemia para encarcelar a quienes ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de religión o de creencias. Seguía habiendo al menos 30 presos y presas de conciencia detenidos por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, de religión o de creencias. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo homicidios ilegítimos e hicieron uso excesivo de la fuerza durante protestas y operaciones de seguridad. Dos hombres fueron azotados con vara públicamente después de que un tribunal local de la ley islámica (sharia) los declarara culpables de mantener relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo.

En mayo, el historial de derechos humanos de Indonesia se sometió al examen periódico universal de la ONU. Aunque Indonesia aceptó 167 de las 225 recomendaciones formuladas, rechazó, entre otras, investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y derogar las disposiciones sobre blasfemia existentes en leyes y normativas, incluidas varias disposiciones del Código Penal y de la Ley núm. 1/PNPS/1965, que imponían restricciones a la libertad de expresión y de religión o de creencias.1

A pesar de los compromisos adquiridos por el presidente, Indonesia no abordó las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. En febrero, el Tribunal Administrativo de la capital, Yakarta, revocó una decisión de la Comisión de Información Pública que ordenaba al gobierno publicar un informe sobre el asesinato del defensor de los derechos humanos Munir Said Thalib, cometido en 2004, que al parecer implicaba a altos funcionarios de los servicios de inteligencia. El Tribunal había tomado la decisión sobre la base de que el actual gobierno no había recibido el informe del gobierno anterior. En agosto, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo.

Durante el examen periódico universal, Indonesia prometió que el fiscal general concluiría una investigación penal sobre las presuntas violaciones graves de derechos humanos cometidas en las localidades de Wasior en 2001 y Wamena en 2003 (ambas en la región de Papúa) y que remitiría el caso al Tribunal de Derechos Humanos creado por la Ley núm. 26/2000. No obstante, al terminar el año Indonesia no había cumplido dichos compromisos.

Las autoridades continuaron procesando a quienes participaban en actividades políticas pacíficas, en particular en zonas que contaban históricamente con movimientos independentistas, como Papúa. El preso de conciencia Oktovianus Warnares permanecía detenido por negarse a firmar un documento declarando su lealtad al Estado de Indonesia, a pesar de haber cumplido dos tercios de su pena de prisión y de tener derecho a la libertad condicional. Había sido declarado culpable de “rebelión” (makar) en 2013 tras participar en actividades pacíficas con motivo del 50 aniversario de la entrega de Papúa al gobierno de Indonesia por parte de la Autoridad Ejecutiva Temporal de las Naciones Unidas.

En agosto, Novel Baswedan, investigador de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, fue denunciado a la policía por el director de investigación de la Comisión en virtud del artículo 27.3 de la Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas, relativo a la difamación en Internet. La denuncia de difamación estaba relacionada con un correo electrónico que Novel Baswedan había enviado en calidad de representante del sindicato de trabajadores y trabajadoras de la Comisión en el que criticaba el liderazgo del director. El 11 de abril, Novel Baswedan sufrió un ataque con ácido en Yakarta que le produjo lesiones graves en las córneas. En el momento de la agresión, dirigía una investigación sobre malversación de fondos por parte de altos funcionarios del gobierno en un proyecto de documentos de identidad electrónicos.

El 10 de julio, el presidente Widodo firmó el Decreto Ley (Perppu) núm. 2/2017, que reformaba la Ley de Organizaciones de Masas de 2013 y eliminaba las salvaguardias judiciales en el proceso de prohibición de ONG y otras organizaciones. Con estas modificaciones, la nueva Ley de Organizaciones de Masas, promulgada por el Parlamento en octubre, imponía al derecho de asociación, expresión y religión o creencias restricciones aún más amplias que las establecidas en el texto original, que ya reprimía el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos y reflejaba actitudes discriminatorias hacia determinados grupos.2

Agentes de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares irrumpieron en los debates a puerta cerrada y en los actos públicos relacionados con las graves violaciones de derechos humanos cometidas en 1965. El 1 de agosto, agentes de la policía local y efectivos del ejército de Yakarta Oriental impidieron que prosiguiera un seminario organizado en la capital sobre las conclusiones del Tribunal Internacional de los Pueblos 1965, iniciativa de la sociedad civil para dar a conocer a nivel internacional las violaciones masivas de derechos humanos cometidas ese año.

El 16 de septiembre, la policía prohibió un seminario a puerta cerrada en las oficinas de la Fundación Indonesia de Asistencia Letrada Gratuita y el Instituto de Asistencia Letrada Gratuita de Yakarta, en el que se iba a celebrar un debate entre sobrevivientes de las violaciones masivas de derechos humanos cometidas en 1965. La noche del 17 de septiembre, una multitud de alrededor de un millar de personas que decían ser “anticomunistas” rodeó las oficinas —donde quedaron atrapados decenas de artistas y activistas que asistían a un acto relacionado con la reciente represión del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica—, y a primeras horas de la mañana siguiente lanzó piedras contra las oficinas y destrozó la valla que rodeaba el edificio. Fue dispersada por cientos de policías que emplearon gas lacrimógeno.3

Se utilizaron las disposiciones sobre blasfemia de los artículos 156 y 156.a del Código Penal y del artículo 28.2 de la Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas para encarcelar a quienes ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de religión o de creencias. Al menos 11 personas fueron declaradas culpables en aplicación de la legislación sobre la blasfemia. Las personas que profesaban religiones, confesiones u otras creencias minoritarias eran a menudo blanco de acciones judiciales. El 9 de mayo, el gobernador de Yakarta, Basuki Tjahaja Purnama —cristiano de etnia china, conocido como Ahok— fue condenado a dos años de prisión por “insultar al islam” en un vídeo publicado en Internet. Ahok era la primera autoridad gubernamental condenada por blasfemia.4

El 7 de marzo, el Tribunal de Distrito de Yakarta Oriental declaró culpables de blasfemia a Ahmad Mushaddeq, Mahful Muis Tumanurung y Andry Cahya, líderes del extinto movimiento religioso Fajar Nusantara conocido como Gafatar. El Tribunal Superior de Yakarta confirmó la condena el 3 de julio.

Al finalizar el año seguía habiendo al menos 30 presos y presas de conciencia, detenidos por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, de religión o de creencias.

El 4 de junio, el gobierno local de Depok (Java Occidental) cerró la mezquita de la minoría religiosa ahmadí, que muchos grupos islámicos consideraban “aberrante y ajena al islam”. Las autoridades impidieron a los miembros de la comunidad ahmadí hacer uso de la mezquita durante el Ramadán. El alcalde de Depok sostenía que la base jurídica para el cierre era un decreto ministerial y una normativa provincial que prohibían a los miembros de esta comunidad promover sus actividades y difundir sus enseñanzas religiosas. El alcalde también afirmó que el cierre de la mezquita era necesario para proteger a la comunidad ahmadí de Depok de los ataques violentos de otros grupos de la zona.

Grupos de derechos humanos denunciaron homicidios ilegítimos y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, principalmente en el contexto de uso excesivo de la fuerza durante protestas multitudinarias o en el curso de operaciones de seguridad. No se tuvo noticia de que ningún responsable hubiera rendido cuentas, en particular por los numerosos incidentes ocurridos en Papúa.

Uso excesivo de la fuerza

Entre septiembre de 2016 y enero de 2017, durante el periodo previo a las elecciones locales de 2017, fuerzas conjuntas integradas por policías y militares llevaron a cabo operaciones de seguridad en Dogiyai (provincia de Papúa). El 10 de enero, unos agentes de policía arrestaron arbitrariamente a Otis Pekei y lo recluyeron en la comisaría del subdistrito de Moanemani al negarse éste a entregar un cuchillo en un control de seguridad policial. Ese mismo día, la policía entregó el cadáver de Otis Pekei en el domicilio de su familia, que acusó a la policía de haberlo torturado durante la detención. No se tuvo constancia de que se hubieran investigado los hechos.

El 1 de agosto, en Deiyai (provincia de Papúa), unos agentes de policía abrieron fuego de manera arbitraria y sin previo aviso contra una multitud de manifestantes, hiriendo al menos a 10 personas, entre ellas varios niños. Nueve policías fueron objeto de acción disciplinaria; no se tuvo noticia de la apertura de ninguna investigación penal.

Homicidios ilegítimos

El número de homicidios de presuntos narcotraficantes a manos de la policía aumentó notablemente, de 18 en 2016 a al menos 98 en 2017. Algunos de los agentes implicados en los incidentes fueron transferidos a la Agencia Nacional de Narcóticos. Según la policía, todos los homicidios habían sido en defensa propia o porque los sospechosos habían intentado huir. No se tenía noticia de que se hubiera realizado ninguna investigación sobre estos homicidios. La cifra de muertes aumentó considerablemente después de que varios altos cargos indonesios, incluido el presidente, propugnaran durante el año medidas más duras para abordar los delitos relacionados con drogas, como pedir la aplicación sin restricciones de medios letales contra presuntos traficantes.

Las organizaciones de derechos humanos denunciaron muertes bajo custodia y torturas cometidas por personal policial.

Rifzal Riandi Siregar fue detenido el 27 de agosto en la comisaría de Batang Toru (provincia de Sumatra Septentrional) por su implicación en una pelea con un agente de policía. Cuando sus familiares lo visitaron en la comisaría de Batang Toru, él les dijo que cuatro agentes lo habían golpeado brutalmente allí, incluido el que había tenido el altercado con él. El 3 de septiembre Rifzal Riandi Siregar fue hallado muerto en la comisaría. A petición de su familia, la policía trasladó el cuerpo a un hospital policial en Medan donde se llevó a cabo una autopsia. La policía prometió entregar el informe de la autopsia a la familia antes de una semana. Al concluir el año, la familia no lo había recibido.

A lo largo del año al menos 317 personas fueron azotadas con vara en Aceh por delitos tales como cometer adulterio, participar en juegos de azar y consumir bebidas alcohólicas, así como por mantener relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo.

En mayo, dos hombres recibieron públicamente 83 azotes con vara cada uno después de que el Tribunal de la Ley Islámica de Banda Aceh los declarara culpables, en aplicación del Código Penal Islámico de Aceh, de mantener relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo (liwath). A pesar de que los reglamentos de la sharia (ley islámica) estaban en vigor en Aceh desde la promulgación de la Ley de Autonomía Especial de esta provincia en 2001, y de que los tribunales islámicos los aplicaban, era la primera vez que en esta provincia se azotaba con vara a gays en aplicación de la ley islámica.5

El 25 de mayo, la policía local arrestó a 141 hombres en Yakarta Septentrional después de que asistieran a lo que la policía describió como una “fiesta sexual gay”. Al día siguiente dejó en libertad a 126 de los detenidos, pero acusó a 10 de ellos de proporcionar “servicios pornográficos”, en virtud de la Ley núm. 44/2008 sobre Pornografía. El 6 de octubre se detuvo a 51 hombres—7 de ellos extranjeros— en una sauna de Yakarta Central. La mayoría de los clientes fueron puestos en libertad al día siguiente; 5 empleados permanecían detenidos al concluir el año. La policía acusó a 6 personas de proporcionar servicios pornográficos y de prostitución.6

Salvo en Aceh, las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo no se consideraban delito en el Código Penal indonesio.

El 10 de octubre, el Tribunal Supremo ordenó al gobierno poner fin a un plan de privatización del agua en Yakarta. El Tribunal falló a favor de la Coalición de Residentes de Yakarta Contra la Privatización del Agua, que había presentado un recurso de apelación en el que alegaba que el proveedor privado “no había protegido el derecho al agua” de las personas residentes. El Tribunal ordenó al gobierno la revocación inmediata de los contratos con dos servicios de suministro de agua privados.

  1. Indonesia: Human Rights Council must ensure strong recommendations at human rights review (ASA 21/6156/2017)
  2. Indonesia: Amendments to the mass organizations law expand threats to freedom of association (ASA 21/6722/2017)
  3. Indonesia: Ataque a oficinas de defensores de los derechos humanos (ASA 21/7113/2017)
  4. Indonesia: La condena por blasfemia demuestra intolerancia (ASA 21/6213/2017
  5. Indonesia: Revoke conviction and caning sentence for gay men in Aceh (ASA 21/6279/2017)
  6. Indonesia: Arrest of 51 people fuels hostile environment for LGBTI people (ASA 21/7289/2017)
República de Indonesia
Jefe del Estado y del gobierno: Joko Widodo