Iemen

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

A pesar de que los enfrentamientos armados y los ataques transfronterizos disminuyeron en comparación con años anteriores, todas las partes en el prolongado conflicto de Yemen siguieron cometiendo ataques y homicidios ilegítimos con impunidad. Tanto el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente como las autoridades de facto huzíes, que controlaban distintas partes del país, continuaron hostigando, amenazando, deteniendo arbitrariamente, sometiendo a desaparición forzada y procesando a periodistas y activistas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Las autoridades de facto huzíes sometieron a desaparición forzada a miembros de la minoría religiosa bahaí por ejercer su derecho a la libertad de religión y de creencias. Todas las partes en el conflicto restringieron la distribución de ayuda humanitaria. Las autoridades de facto huzíes seguían prohibiendo a las mujeres viajar sin un tutor masculino, lo que limitaba su capacidad para trabajar o recibir ayuda humanitaria. Ninguna de las partes proporcionó justicia a las víctimas de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos.

Información general

Aunque en 2023 disminuyeron los combates y los ataques transfronterizos, todas las partes en el conflicto atacaron esporádicamente zonas civiles y líneas del frente en las gobernaciones de Marib, Al Hudaida, Taiz, Saada, Al Yauf, Shabua y Dhala.

En marzo, bajo los auspicios de la ONU, las partes en el conflicto acordaron la puesta en libertad de casi 900 personas detenidas en relación con el conflicto. Entre el 14 y el 16 de abril, el gobierno saudí y el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, que estaba apoyado por la coalición liderada por Arabia Saudí, pusieron en libertad a 706 personas detenidas, mientras que las autoridades de facto huzíes liberaron a otras 181, entre ellas 4 periodistas condenados a muerte: Akram Al Walidi, Abdelkhaleq Amran, Hareth Hamid y Tawfiq Al Mansouri.¹No obstante, centenares de personas continuaron detenidas ilegítimamente.²

El acceso de la población yemení a alimentos, agua apta para el consumo, un medioambiente saludable y servicios sanitarios adecuados seguía siendo muy restringido. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), el déficit de financiación de 2023 del plan de respuesta humanitaria para Yemen agravó la inseguridad alimentaria y puso en peligro la respuesta de las organizaciones de ayuda humanitaria, ya que éstas se vieron obligadas a reducir o cerrar programas humanitarios esenciales.

El 31 de octubre, el portavoz militar huzí anunció que habían efectuado cuatro ataques con drones y misiles dirigidos a Israel desde el 7 de octubre, aunque ninguno alcanzó territorio israelí. El 27 de octubre, uno de los drones se estrelló cerca de un hospital en Taba, Egipto, donde resultaron heridas seis personas.

Entre noviembre y diciembre, las fuerzas armadas huzíes llevaron a cabo unos 24 ataques a buques comerciales y militares en el mar Rojo. El 19 de noviembre, se apoderaron del Galaxy Leader, un carguero de propiedad británica y gestión japonesa dedicado al transporte de vehículos, y detuvieron arbitrariamente a 25 de sus tripulantes. Los mandos de las fuerzas huzíes prometieron que continuarían con los ataques marítimos en el mar Rojo hasta que finalizara la campaña militar israelí en Gaza.

Homicidios y ataques ilegítimos

El 13 de marzo, un ataque con drones presuntamente lanzado por las fuerzas huzíes alcanzó un hospital de campaña en la zona de Hajar, en el oeste del distrito de Qaatabah de la gobernación de Dhala; según informes, resultaron heridas tres personas, todas las cuales eran civiles, dos de ellas miembros del personal sanitario.

El 22 de abril, 3 civiles —incluidas una mujer y una niña de 12 años— murieron y 9 más —miembros de una misma familia— sufrieron heridas cuando unos proyectiles disparados desde una zona controlada por los huzíes impactaron en viviendas de la zona de Al Majash al Ala del distrito de Mawza, gobernación de Taiz.

El 4 de julio, 5 menores de entre 8 y 12 años sufrieron heridas por fuego de mortero mientras pastoreaban sus cabras en la colina de Al Jibalayn del pueblo de Al Muharith, gobernación de Al Hudaida.

El 15 de julio, el fuego de mortero mató a 2 civiles y causó daños en su vivienda en el pueblo de Al Aboos, gobernación de Taiz, en un intercambio de disparos entre fuerzas gubernamentales y huzíes.

Libertad de expresión y de religión o de creencias

Las partes en el conflicto continuaron hostigando, amenazando, deteniendo arbitrariamente, sometiendo a desaparición forzada y procesando a personas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, y de religión o de creencias.

Autoridades de facto huzíes

El 25 de mayo, las fuerzas de seguridad huzíes irrumpieron en una reunión pacífica de la minoría religiosa bahaí en la capital, Saná. Detuvieron y sometieron a desaparición forzada a 17 personas, entre ellas 5 mujeres. Como consecuencia de la presión internacional, 11 fueron puestas en libertad.³ Sin embargo, 5 hombres y una mujer permanecieron recluidos en el centro de detención de los servicios de seguridad e inteligencia huzíes en Hadda y Saná.

El 24 de agosto, cinco hombres armados vestidos de civil agredieron físicamente al periodista Mujalli al Samadi en el barrio de Al Safiyah de Saná y lo amenazaron para que dejara de criticar a los huzíes. Denunció los hechos en la comisaría del distrito de Al Sabein de Saná, pero las autoridades no exigieron responsabilidades a nadie. Su emisora de radio, Sawt al Yemen, que los huzíes habían cerrado en enero de 2022, continuó inhabilitada pese a que el Tribunal de Periodismo y Publicaciones de Saná había ordenado en julio de 2022 que se autorizara la reanudación de sus emisiones.

Las autoridades de facto huzíes mantuvieron detenido arbitrariamente al periodista Nabil al Sidawi después del 21 de septiembre, fecha en la que debía haber sido puesto en libertad tras cumplir una condena de prisión. Los servicios de seguridad e inteligencia huzíes lo habían detenido el 21 de septiembre de 2015. Tras un juicio manifiestamente injusto celebrado en 2022 ante el Tribunal Penal Especializado con sede en Saná —tradicionalmente reservado para delitos relacionados con la seguridad—, había sido condenado a ocho años de prisión.

El 26 de septiembre, las autoridades de facto huzíes llevaron a cabo una oleada de arrestos, con redadas de decenas de manifestantes que se habían congregado, en su mayoría en actitud pacífica, para conmemorar el aniversario de la Revolución de Septiembre de Yemen.⁴

Gobierno de Yemen

El 11 de julio, la dirección de investigaciones criminales de la gobernación de Taiz citó para su investigación al periodista Jamil al Samit en relación con una denuncia presentada por la cúpula del eje militar de Taiz a raíz de que se pidiera la sustitución de ésta en unos artículos publicados por él. Estuvo detenido arbitrariamente durante un día y luego fue puesto en libertad. El 1 de agosto volvió a ser citado e interrogado por la policía de Taiz, que lo acusó de poner en peligro la imagen de la policía en sus artículos. Permaneció detenido arbitrariamente durante cinco días y luego fue puesto en libertad.

En agosto, las fuerzas de seguridad de la ciudad de Marib siguieron a un trabajador de los medios de comunicación cuando había terminado de filmar un reportaje en la calle Al Haya, le confiscaron la cámara y borraron las imágenes. Lo llevaron a una comisaría de policía y sólo lo pusieron en libertad después de que firmara un documento por el que se comprometía a no filmar en la ciudad sin la aprobación previa de la administración de seguridad.

Consejo de Transición del Sur

El 1 de marzo, fuerzas del Cinturón de Seguridad, ala paramilitar del Consejo de Transición del Sur, que controlaba partes del sur de Yemen, asaltaron la sede del Sindicato de Periodistas de Yemen en el distrito de Al Tawahi de la gobernación de Adén, confiscaron bienes, expulsaron a los periodistas presentes y les prohibieron el acceso al edificio. A continuación, sustituyeron el rótulo del sindicato por el del Sindicato de Periodistas y Trabajadores de los Medios de Comunicación del Sur, apoyado por el Consejo. El 28 de marzo, el Sindicato de Periodistas de Yemen presentó una denuncia ante la fiscalía de Adén para que investigara el incidente, pero no se tomó ninguna medida.

Las autoridades de facto del Consejo de Transición del Sur seguían manteniendo recluido al periodista Ahmad Maher, que había sido arrestado arbitrariamente por las fuerzas del Cinturón de Seguridad el 6 de agosto de 2022 en el distrito de Dar Saad de la gobernación de Adén. En septiembre de 2022, la fiscalía de lo penal lo había acusado de publicar noticias falsas y engañosas. Desde marzo de 2023, el Tribunal Penal Especializado de Adén fue aplazando reiteradamente la vista de su caso.

Negación de acceso humanitario

Las partes en el conflicto siguieron restringiendo la libertad de circulación y el suministro de ayuda humanitaria, entre otras cosas mediante la imposición de trabas burocráticas como retrasos en las aprobaciones, denegaciones o retrasos de los permisos de viaje, cancelación de iniciativas humanitarias e injerencias en la preparación, implementación y evaluación de proyectos de las actividades humanitarias.

En mayo, las autoridades de facto huzíes emitieron una circular en la que exigían a las organizaciones humanitarias que les informaran cada mes sobre sus proyectos y actividades de comunicación, promoción y sensibilización y que solicitaran permiso para llevarlos a cabo. En la circular también se exigía a las organizaciones humanitarias que presentaran sus informes mensuales para los medios de comunicación, a fin de que el Consejo Supremo los revisara y aprobara, y que estuviesen acompañadas por un representante ante los medios de comunicación designado por los huzíes durante las operaciones sobre el terreno.

Las trabajadoras humanitarias yemeníes seguían teniendo dificultades para realizar labores sobre el terreno en las zonas controladas por los huzíes debido al requisito del mahram (tutela masculina), que restringía su capacidad para visitar lugares y entregar la ayuda.

El 21 de julio, unos hombres armados no identificados mataron a tiros a Muayad Hameidi, miembro del personal del Programa Mundial de Alimentos, en la ciudad de Al Turba, gobernación de Taiz.

El 11 de agosto fueron puestos en libertad cinco miembros del personal de la ONU que habían sido secuestrados en febrero de 2022 en la gobernación de Abian.

El 25 de octubre, el director de Seguridad y Protección de Save the Children, Hisham Al Hakimi, murió mientras los huzíes lo mantenían recluido arbitrariamente en Saná. Lo habían detenido el 9 de septiembre cuando se encontraba fuera de servicio, y lo recluyeron en régimen de incomunicación. Tras su muerte, Save the Children suspendió sus operaciones en el norte de Yemen durante 10 días.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Las autoridades de facto huzíes continuaban imponiendo su requisito del mahram, que restringía la libertad de circulación de las mujeres y les prohibía viajar por las gobernaciones bajo control huzí o a otras zonas de Yemen sin un tutor varón o una prueba de que éste había dado su autorización por escrito. Las restricciones dificultaban el trabajo de las mujeres y obstaculizaban el acceso de las mujeres y niñas yemeníes a la ayuda humanitaria.

Las autoridades de facto huzíes continuaron manteniendo recluida a la defensora de los derechos humanos Fatma al Arwali y le negaron un juicio justo. El 31 de julio fue acusada de espionaje, delito punible con la pena capital, y su caso se trasladó al Tribunal Penal Especializado,⁵ que la condenó a muerte el 5 de diciembre.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Las partes en el conflicto no proporcionaron justicia alguna a las víctimas de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos durante el prolongado conflicto ni repararon los daños que habían infligido a la población civil.

El 26 de julio, más de 40 organizaciones de la sociedad civil yemení y asociaciones de víctimas y supervivientes presentaron la Declaración de Yemen por la Justicia y la Reconciliación, donde se hacía hincapié en la necesidad de un proceso de justicia posterior al conflicto para abordar de forma activa y adecuada los agravios del pueblo yemení. También se establecían en ella los principios que debían guiar el proceso de justicia tras el conflicto, que incluían un enfoque centrado en las víctimas, inclusividad, igualdad de género, verdad y conmemoración, resarcimiento y reparaciones, rendición de cuentas, reconciliación y priorización de los derechos humanos.

Derecho a un medioambiente saludable

Las condiciones meteorológicas extremas de todo Yemen, como lluvias torrenciales e inundaciones, agravaron los desplazamientos internos en zonas que comprendían las gobernaciones de Marib, Taiz e Ibb, y aumentaron la inseguridad alimentaria y de los medios de subsistencia. Como consecuencia de inundaciones ocurridas en abril, al menos 31 personas murieron, 37 resultaron heridas y 3 desaparecieron, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Entre enero y agosto, los desplazamientos provocados por el clima afectaron a 109.830 personas, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Yemen figuraba entre los países más vulnerables al cambio climático y era uno de los menos preparados para afrontar sus efectos, según su posición en el índice de la Iniciativa de Adaptación Global de Notre Dame (ND-GAIN, por sus siglas en inglés).

La mala gestión de la infraestructura petrolera en la gobernación de Shabua siguió contaminando el distrito de Al Rauda. En agosto, el oleoducto sufrió nuevos daños que contaminaron grandes extensiones de tierras destinadas a la agricultura y capas freáticas en la zona de Ghourayr de la gobernación.

El 11 de agosto, la ONU completó el trasbordo de petróleo del buque FSO (siglas en inglés de “unidad flotante de almacenamiento y descarga”) Safer, un superpetrolero en mal estado anclado frente a la ciudad portuaria yemení de Al Hudaida, en el mar Rojo, a un buque de sustitución. Gracias a ello se evitó un vertido masivo de petróleo que habría provocado una catástrofe medioambiental y humanitaria.