Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Se aprobó una controvertida ley destinada a restringir aún más los derechos del profesorado y silenciar su disidencia. Se impusieron multas a librerías por incumplir la homófoba y tránsfoba “Ley de Propaganda”. Se denegó el acceso a protección en el país a solicitantes de asilo. Aunque el Parlamento aprobó reformas judiciales con el fin de recuperar el acceso a los fondos suspendidos de la UE, persistían deficiencias sistémicas que socavaban la libertad de expresión de la judicatura. El compromiso del gobierno con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero distaba del objetivo marcado por la UE.

Información general

Para recuperar el acceso a los fondos de la UE suspendidos por la Comisión Europea y el Consejo Europeo, Hungría se comprometió a aprobar e implementar medidas contra la corrupción; reformar la legislación relativa a los derechos de las personas LGBTI, y de las personas refugiadas y solicitantes de asilo; restablecer la libertad de cátedra e introducir reformas para reforzar la independencia del poder judicial. En consecuencia, las instituciones de la UE decidieron restablecer el acceso de Hungría a parte del fondo de cohesión.

El gobierno prorrogó el estado de excepción utilizando la agresión en curso de Rusia contra Ucrania como excusa para eludir el proceso decisorio del Parlamento y mantener su régimen antiinmigración.

En la clasificación de países de la UE en función de su cumplimiento de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos realizada por European Implementation Network, Hungría ocupaba el último lugar con un 76% de sentencias no ejecutadas en los 10 años anteriores.

Libertad de reunión y de asociación

La policía usó gas lacrimógeno en múltiples ocasiones en abril y mayo para dispersar a estudiantes que se manifestaban contra una polémica ley para centralizar aún más el sistema de educación pública y silenciar las voces disidentes entre el profesorado. La policía detuvo a cinco personas, cuatro de ellas menores de edad, por atacar presuntamente a agentes de policía durante una manifestación en mayo. En julio, el Parlamento aprobó una ley, conocida como "ley de la venganza", que restringía aún más la autonomía del profesorado y acallaba sus críticas sobre las políticas educativas.

Un grupo de docentes a quienes habían despedido por participar en actos de desobediencia civil en 2022 llevó al Estado ante los tribunales para conseguir la readmisión y una indemnización.

Con el pretexto de proteger la seguridad pública, la policía prohibió siete protestas en solidaridad con la población de los Territorios Palestinos Ocupados que no reunían los requisitos legales para ser prohibidas.

En diciembre se aprobó una ley destinada a silenciar aún más las voces críticas y disuadir a las organizaciones de participar en la vida pública de Hungría a pesar de que había sido duramente criticada por el Consejo de Europa y las ONG. Esta ley de redacción imprecisa establecía una nueva autoridad con el cometido de investigar a personas y organizaciones consideradas una “amenaza para la soberanía nacional”.

Discriminación

Personas LGBTI

A través del Tribunal de Justicia de la UE, 15 Estados miembros y el Parlamento Europeo intervinieron para apoyar los derechos de las personas LGBTI en un procedimiento de infracción seguido contra Hungría por la “Ley de Propaganda” aprobada en 2021 que prohibía la “representación y promoción de la homosexualidad y el cambio de género” en medios de comunicación lineales. La causa judicial estaba pendiente al término de 2023.

Las autoridades comenzaron a imponer sanciones en aplicación de la “Ley de Propaganda” multando a las librerías que exponían libros sobre homosexualidad en su sección juvenil en lugar de venderlos en paquetes cerrados. Una empresa recurrió la multa y su causa estaba pendiente al final de 2023.

En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Hungría había violado los derechos de las personas transgénero al no establecer un procedimiento adecuado de reconocimiento legal de la identidad de género. La sentencia se refería a un caso anterior a la prohibición del reconocimiento legal de la identidad de género en 2020.

El Consejo de Medios de Comunicación rehusó permitir la emisión de un anuncio de televisión sobre el festival anual del Orgullo de Budapest porque sería “propagar la homosexualidad”. La organización recurrió la decisión y la causa estaba pendiente al final del año.

En julio, seguidores de un club de fútbol y activistas de extrema derecha vandalizaron en varias ocasiones un banco con los colores del arcoíris inaugurado para celebrar el Orgullo de Budapest. Los perpetradores dejaron la pintada “Stop LGBTQ” en el lugar, en alusión a la campaña homófoba y tránsfoba del gobierno. La investigación policial relacionada con este caso de odio estaba pendiente al término de 2023.

Mujeres

En su examen periódico de Hungría, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expuso su profunda preocupación en relación con los derechos reproductivos en el país y subrayó las limitaciones del acceso a un aborto legal y sin riesgos, y el refuerzo de los estereotipos de género por parte del gobierno.

Hungría no había ratificado aún el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que había firmado en 2014.

El Índice de Igualdad de Género de 2023, publicado por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, clasificó a Hungría en el puesto 26 de los 27 Estados miembros de la UE en cuanto a su desempeño general, y en el último puesto en el ámbito del poder.

Romaníes

Grupos de extrema derecha organizaron diversas protestas en barrios romaníes para intimidar a sus habitantes. La policía no adoptó medidas adecuadas para proteger a la población romaní del acoso y las amenazas. Persistían el racismo y la discriminación que sufría ésta en el empleo, la vivienda y la educación.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El Consejo de Europa aprobó una resolución provisional que exhortaba a Hungría a poner fin a las expulsiones colectivas a Serbia y proporcionar vías de reparación. Continuaron las devoluciones sumarias de personas refugiadas y migrantes durante el año, que al final de diciembre alcanzaron los 100.108 casos.

En junio, el Tribunal de Justicia de la UE resolvió que Hungría había infringido las normas de la Unión al restringir el acceso de solicitantes de asilo a protección en su territorio o en sus fronteras. El gobierno mantenía el sistema establecido en 2020 para limitar la posibilidad de solicitar asilo en Hungría, que sólo se permitía si antes se había presentado una “carta de intención” en la embajada húngara de Belgrado o de Kiev y ésta había sido aceptada. Al término de 2023, sólo se había concedido acceso a la presentación de la solicitud de asilo por este sistema en 16 casos. Estas limitaciones no eran aplicables a las personas refugiadas ucranianas, de las que 40.605 habían obtenido protección temporal desde la invasión de Ucrania por Rusia en 2022.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó seis sentencias en las que resolvía que Hungría había violado los derechos de personas refugiadas y migrantes al someterlas a detención arbitraria y al uso excesivo de la fuerza en la frontera.

Derecho a un juicio justo

El Comité de Ministros del Consejo de Europa dictó en marzo una resolución provisional de condena a Hungría por que el país seguía sin ejecutar la sentencia de la causa Baka, de 2016, que ordenaba garantizar la libertad de expresión de los miembros de la judicatura y contrarrestar el efecto inhibidor que provocaba en ellos su restricción.

En mayo, con el fin de acceder a los fondos suspendidos de la UE, Hungría aprobó importantes reformas judiciales que fortalecieron la independencia judicial y limitaron los poderes anteriormente excesivos de la Oficina Nacional de la Magistratura, órgano administrativo del sistema de justicia. No obstante, según una evaluación de ONG, seguían sin cumplirse del todo los requisitos de la UE.

Cargos gubernamentales y medios de comunicación afines al gobierno continuaron desacreditando a jueces y juezas del Consejo Judicial Nacional por criticar las políticas gubernamentales que debilitaban la independencia del poder judicial.

Derecho a un medioambiente saludable

Según el Índice de Desempeño frente al Cambio Climático, Hungría se había comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 50% antes de 2030, porcentaje inferior al objetivo de la UE del 55% como mínimo.

En varias ciudades hubo protestas contra el gobierno municipal por la apertura de fábricas de baterías por parte de empresas radicadas en China sin que se hubieran realizado estudios exhaustivos de impacto ambiental.

Con la promulgación de un decreto gubernamental en septiembre, las empresas que incumplieran los requisitos ambientales sobre contaminación industrial no serían sancionadas siempre que se comprometieran mediante contrato a abstenerse de cometer nuevos incumplimientos.