Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

La militarización de la seguridad pública y la violencia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron motivo de gran preocupación. Se registraron algunos avances en torno a los derechos sexuales y reproductivos, pero el aborto continuó siendo ilegal. Las personas LGBTI sufrían violencia y discriminación. El gobierno no adoptó medidas para abordar el cambio climático.

Información general

Tras varias semanas de estancamiento, el Congreso Nacional nombró en noviembre un fiscal general interino, lo que fue objeto de muchas críticas. El proceso de establecer una comisión internacional contra la impunidad estaba en marcha, pero seguía pendiente al concluir el año. En junio, el gobierno desplegó a la Policía Militar del Orden Público para que controlara las prisiones después de un enfrentamiento que se había saldado con la muerte de 46 reclusas en una prisión de mujeres. Miles de personas se vieron obligadas a huir del país a causa de los altos índices de violencia, impunidad, desigualdad y pobreza, cuyas consecuencias se vieron agravadas por el cambio climático.

Uso excesivo e innecesario de la fuerza

Al concluir el año, el estado de excepción que permitía la militarización y la restricción de derechos en más de la mitad de los municipios del país llevaba vigente más de 12 meses. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) registró más de 360 denuncias contra las fuerzas de seguridad y cuestionó la necesidad y proporcionalidad de esa dilatada medida.

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales expresó su preocupación por la impunidad generalizada, la limitada capacidad indagatoria y la ausencia de investigaciones imparciales e independientes. Un agente de policía fue declarado culpable de negligencia por el fallecimiento de Keyla Martínez bajo custodia policial en 2021. La fiscalía, las organizaciones de la sociedad civil y la familia de la víctima rechazaron la sentencia condenatoria, que no tomaba en cuenta pruebas clave ni la violencia de género.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Según Global Witness, Honduras presentaba —en relación con su población— la cifra más alta del mundo de personas defensoras de los derechos ambientales y de la tierra asesinadas. La coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña sufrió una tentativa de atentado en septiembre, y tres personas de la comunidad de Guapinol fueron asesinadas. En octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos y su asistencia letrada. En diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado hondureño responsable de la violación de los derechos colectivos de una comunidad garífuna. La elaboración de un protocolo para investigar los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos, ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018, seguía pendiente. Al concluir el año, Honduras no había firmado el Acuerdo de Escazú.

Derechos sexuales y reproductivos

En marzo, el gobierno autorizó el uso y la venta de la píldora anticonceptiva de emergencia y puso fin a 14 años de prohibición. Pese a los altos niveles de embarazos infantiles y adolescentes, la presidenta vetó la ley sobre prevención del embarazo, orientada a proporcionar educación sexual integral. El aborto continuó estando prohibido en todas las circunstancias.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las personas LGBTI seguían sufriendo violencia y discriminación, y el matrimonio entre personas del mismo sexo continuó estando prohibido. Al concluir el año, las autoridades no habían adoptado un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de las personas no binarias, ordenado por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021.

Derecho a un medioambiente saludable

El relator especial de la ONU sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático destacó los efectos devastadores que las sequías prolongadas, las inundaciones provocadas por los huracanes, la erosión del litoral y el aumento del nivel del mar tenían sobre las comunidades más pobres, especialmente sobre sus medios de vida, lo que también obligaba a muchas personas a huir del país. También instó a las autoridades hondureñas a que adoptaran medidas de prevención, adaptación y mitigación para proteger los derechos de esas poblaciones.