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Haití

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Continuaba la violencia contra las mujeres y las niñas, en particular la violencia sexual. Los legisladores intentaron aprobar leyes abiertamente discriminatorias contra las personas LGBTI.

En febrero, Jovenel Moïse asumió la presidencia tras ser elegido en noviembre de 2016, después de la crisis electoral. Se nombró un nuevo primer ministro.

En marzo, el gobierno haitiano provocó la finalización del mandato del experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Haití.

En octubre, la resolución 2350 del Consejo de Seguridad de la ONU puso fin al mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que había durado 13 años. Las fuerzas de mantenimiento de la paz se marcharon tras años de controversia por su presunta responsabilidad en el brote de cólera que estalló en 2010, y tras numerosas denuncias de violencia sexual. La MINUSTAH fue remplazada por la Misión de la ONU de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), cuyo mandato era reforzar el Estado de derecho.

Las autoridades tomaron medidas para restablecer el ejército, disuelto en 1995. No estaba claro qué procesos de investigación de antecedentes se iban a establecer para el reclutamiento de soldados, tras las denuncias generalizadas de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas anteriores.

La Organización Internacional para las Migraciones informó de que, a fecha de junio, había 37.867 personas internamente desplazadas a causa del terremoto de 2010; la mayoría vivían en campamentos improvisados.

En marzo, el Parlamento votó a favor de la adhesión a las convenciones de la ONU de 1954 y 1961 sobre apatridia, tras las recomendaciones formuladas a Haití durante el proceso del examen periódico universal de la ONU en 2016.1 Haití no había firmado ni ratificado las convenciones al concluir 2017.

En julio, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU informó de un aumento de los casos de deportación en la frontera haitiano-dominicana.

A pesar de que en octubre el gobierno de Haití había solicitado otra ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció en noviembre su decisión de poner fin al TPS para casi 60.000 personas haitianas en peligro de ser expulsadas de Estados Unidos. El TPS para personas de ciudadanía haitiana iba a vencer en enero de 2018, con un plazo de vigencia atrasado de 18 meses que, según el Departamento, “permitiría una transición ordenada antes de la eliminación de la designación, el 22 de julio de 2019”. El TPS se concede a ciudadanos y ciudadanas de determinados países sobre la base de que no puedan regresar a ellos de manera segura debido a la situación imperante.

Entre enero y junio hubo 7.623 nuevos presuntos casos de cólera y 70 muertes relacionadas con la enfermedad: una disminución de más del 60% en comparación con el mismo periodo de 2016. Desde el brote de 2010, más de 800.000 personas habían resultado infectadas y cerca de 10.000 habían muerto, según las autoridades.

El “nuevo enfoque de Naciones Unidas sobre el cólera en Haití”, presentado en 2016, tenía una grave carencia de fondos. Al contrario de lo planeado, no se realizó ninguna consulta a las personas sobrevivientes. Así, los programas de atención individual se suspendieron. Quienes defendían a las víctimas se quejaron, argumentando que esta situación era incompatible con el derecho a recibir reparación.

Según el gobierno, casi el 70% de la población de Haití carecía de acceso a servicios de salud.

La violencia sexual y la violencia contra mujeres y niñas estaban muy extendidas, aunque no se denunciaban todos los casos.

En abril, el gobierno presentó en el Parlamento reformas integrales del Código Penal. Las reformas contenían nuevas disposiciones para abordar la violencia sexual, incluida la tipificación como delito de la violación marital. En julio, la ONG Médicos Sin Fronteras concluyó que el 77% de las sobrevivientes de violencia sexual y de género atendidas entre mayo de 2015 y marzo de 2017 en su clínica especializa en la capital, Puerto Príncipe, eran menores de 25 años, y el 53%, menores de 18.

El Senado respaldó proyectos de ley que discriminaban a las personas LGBTI; estos proyectos estaban pendientes de aprobación en la Cámara de Diputados al concluir el año. En julio, el Senado votó a favor de que se emitieran certificados que darían fe de la “moralidad” de las personas; cualquier persona considerada “homosexual” quedaría excluida de estos certificados. En agosto, el Senado aprobó una ley que ilegalizaba los matrimonios entre personas del mismo sexo y el apoyo público o la defensa de la homosexualidad.

Los defensores de los derechos humanos David Boniface y Juders Ysemé denunciaron que temían por sus vidas tras la repentina muerte de su compañero Nissage Martyr en marzo. Nissage Martyr había muerto el día después de que los tres presentaran juntos una demanda en Estados Unidos contra Jean Morose Viliena —ex alcalde de Les Irois, su localidad natal en Haití— por violaciones graves de derechos humanos. Jean Morose Viliena había huido a Estados Unidos desde Haití en 2009. Ambos afirmaban haber sido objeto de reiterados ataques violentos y amenazas de muerte por parte del ex alcalde o en su nombre desde 2007. No obstante, las autoridades no aplicaron las medidas de protección adecuadas, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares en 2015 para garantizar su seguridad.2

Sanièce Petit Phat denunció haber recibido amenazas de muerte debido a su labor de defensa de los derechos de las mujeres y las niñas.3

En junio, el Grupo Consultivo Especial sobre Haití del Consejo Económico y Social de la ONU criticó la ineficacia del sector educativo. El Grupo señaló que la mayoría de las escuelas eran de gestión privada, “por lo que la educación e[ra] un sistema costoso y basado en el lucro”, inasequible para muchas familias haitianas. El analfabetismo entre las personas mayores de 15 años era superior al 50%.

  1. Following political crisis Haiti must urgently advance human rights agenda (AMR 36/5899/2017)
  2. Haití: La vida de defensores de los derechos humanos, en peligro (AMR 36/6045/2017)
  3. Haití: Amenazas de muerte contra defensora de los derechos de las mujeres (AMR 36/7598/2017)
República de Haití
Jefe del Estado: Jovenel Moïse (sustituyó a Jocelerme Privert en febrero)
Jefe del gobierno: Jack Guy Lafontant (sustituyó a Enex Jean-Charles en marzo)