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Guinea

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las fuerzas de seguridad seguían usando fuerza excesiva contra manifestantes. Se detenía arbitrariamente a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas que expresaban disidencia. La impunidad era generalizada. No se hacía efectivo el derecho a una vivienda adecuada.

El aplazamiento de las elecciones locales hasta febrero de 2018, junto a las especulaciones acerca de si el presidente Condé optaría a la reelección para un tercer mandato, generó tensiones sociales y políticas.

Al menos 18 personas murieron violentamente y decenas más resultaron heridas durante manifestaciones. En febrero, siete personas perdieron la vida en la capital, Conakry, durante unas protestas relacionadas con una huelga motivada por la decisión de las autoridades de revisar las condiciones del personal docente y por el cierre de centros escolares. Las fuerzas de seguridad dispersaron las manifestaciones con gas lacrimógeno, porras y munición real.

El 20 de febrero, la policía detuvo a siete activistas de los derechos humanos del movimiento La Voz del Pueblo, que había organizado una sentada en Conakry para reclamar la reapertura de las escuelas. Se formularon contra ellos cargos de “alteración del orden público”, que después se modificaron por “participación en una reunión ilegal”, y se los dejó en libertad esa misma noche. Tres días después, uno de los siete activistas, Hassan Sylla, periodista de la televisión nacional, fue suspendido de empleo durante seis meses por conducta indebida grave, sin que se diera explicación alguna.

Las fuerzas de seguridad usaron munición real durante las protestas violentas contra el bajo nivel de vida celebradas en la región de Boké en abril, mayo y septiembre. Al menos cuatro personas murieron por heridas de bala.

El 22 de agosto, el exsoldado y sindicalista Jean Dougou Guilavogui fue detenido en el barrio de Matoto (Conakry) por gendarmes que lo llevaron a un centro de detención de la gendarmería. Fue acusado de “participación en una reunión ilegal” y detenido sin juicio en la Maison Centrale, principal prisión de Conakry. El 21 de diciembre quedó en libertad con fianza.

Se golpeó y detuvo arbitrariamente a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas que expresaban disidencia. Al menos 20 personas fueron detenidas sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión y otras 20 fueron objeto de violencia policial.

En febrero, Mariam Kouyaté, periodista de Radio Lynx FM, fue detenida por agentes de seguridad cuando investigaba los servicios de salud en el Hospital Ignace Deen de Conakry. Tras negarse a entregar su acreditación de prensa y el equipo de grabación, la interrogaron en una comisaría de policía y la dejaron en libertad sin cargos el mismo día. En mayo, Aboubacar Camara, periodista de Gangan TV, fue golpeado por gendarmes cuando filmaba un conflicto sobre tierras en un suburbio de Conakry donde creía que las fuerzas de seguridad usaban fuerza excesiva. Los agentes lo introdujeron a la fuerza en el automóvil policial, lo llevaron a la gendarmería y lo dejaron en libertad el mismo día tras borrar sus grabaciones.

En junio, la Autoridad Superior de Comunicación suspendió por un mes a Mohamed Mara, presentador de la emisora de radio Espace FM, por considerar que había usado un lenguaje “insultante” en un debate radiofónico sobre la poligamia. En noviembre, la Autoridad ordenó la suspensión durante una semana de las emisiones de Espace FM tras abordar la emisora en su programación la insuficiencia de recursos en el ejército, algo que, según afirmaron las autoridades, podía menoscabar la seguridad nacional y minar la moral de las fuerzas armadas. En julio, la Televisión Nacional suspendió a su periodista Alia Camara por criticar los bajos índices de aprobados en los exámenes de bachillerato.

El 27 de junio, miembros de la gendarmería detuvieron en Lélouma a Amadou Sadio Diallo, periodista de guinéematin.com, por “alteración del orden público”, tras haber publicado éste información sobre un posible brote de cólera que las autoridades calificaron de “noticia falsa”. Fue puesto en libertad al día siguiente.

El 30 de octubre, cuatro periodistas de Gangan TV fueron detenidos por gendarmes en Matam, un barrio de Conakry, y acusados formalmente de publicar información falsa y ofender al jefe del Estado difundiendo rumores sobre la muerte del presidente Condé. Tres de ellos quedaron en libertad horas más tarde y el otro al día siguiente. Las fuerzas de seguridad golpearon al menos a 18 periodistas que se habían congregado en solidaridad con los periodistas detenidos en la gendarmería de Matam y les rompieron los equipos.

En junio, la Asamblea Nacional adoptó un nuevo Código de Justicia Militar que, en caso de promulgarse, aboliría de hecho la pena de muerte. El Código contenía también disposiciones que podían menoscabar el derecho a un juicio justo y a la justicia, por ejemplo, al permitir los juicios de civiles ante tribunales militares.

En febrero, un capitán de la Brigada contra la Delincuencia del barrio de Kipé (Conakry) fue detenido y acusado de torturar a un hombre bajo custodia policial en marzo de 2016. Al menos otros 10 agentes de la gendarmería y de la policía fueron suspendidos en sus funciones por este incidente, pero no comparecieron ante la justicia.

Hubo avances en los procedimientos judiciales relacionados con la muerte de más de 150 manifestantes pacíficos y la violación de al menos 100 mujeres en el Gran Estadio de Conakry en 2009. Aboubacar Toumba Diakité fue extraditado a Guinea desde Senegal en marzo, después de estar varios años en libertad, y se enfrentaba a cargos relacionados con los hechos ocurridos en el estadio. Había sido asistente de Moussa Dadis Camara, jefe de la junta militar en 2009. Varias personas contra las cuales se habían formulado cargos en relación con los homicidios y las violaciones seguían ocupando puestos influyentes, entre ellos Mathurin Bangoura, Moussa Tiégboro Camara y Claude Pivi, altos cargos de la junta militar en esas fechas. En noviembre, los jueces de instrucción anunciaron la conclusión de la investigación judicial; sin embargo, al terminar el año no se había llevado a juicio a ninguno de los presuntos autores

En septiembre, un grupo de víctimas presentó una demanda judicial contra Sékouba Konaté, ministro de Defensa en 2009 y presidente transicional entre 2009 y 2010.1

No se observaron avances en los procedimientos judiciales incoados contra miembros de las fuerzas de seguridad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante manifestaciones en Conakry entre 2011 y 2017, en Zogota en 2012 y durante la ocupación de la localidad de Womey por las fuerzas de seguridad en 2014.

En agosto, al menos 10 personas, entre las que había dos menores de edad, perdieron la vida en un desprendimiento en un vertedero de basuras en el barrio de Dar-Es-Salam (Conakry). En septiembre, la portavocía del gobierno reconoció un fallo en los servicios de saneamiento. El director nacional de Acciones Humanitarias del Ministerio de Administración Territorial afirmó que se debía desalojar de inmediato a los habitantes que quedaban.

  1. Guinea: 8 years later, justice for massacre needed (noticia, 27 de septiembre)
República de Guinea
Jefe del Estado: Alpha Condé
Jefe del gobierno: Mamady Youla