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Guatemala

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Miles de personas seguían huyendo del país para dejar atrás los altos niveles de desigualdad y violencia. Los defensores y defensoras de los derechos humanos, y en especial quienes trabajaban sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y el medio ambiente, corrían un grave peligro y debían hacer frente a campañas de difamación. La impunidad y la corrupción persistían y debilitaban la confianza de la opinión pública en las autoridades locales, además de obstaculizar el acceso a la justicia. Los avances que se habían hecho anteriormente para consolidar el sistema de justicia penal y el Estado de derecho se vieron obstaculizados. Varios casos de gran repercusión sobre crímenes de derecho internacional cometidos en el pasado seguían estancados.

En agosto, Augusto Jordán Rodas asumió el cargo de procurador de Derechos Humanos. En noviembre se declararon inconstitucionales las anteriores disposiciones penales sobre la pena de muerte.

A pesar de los progresos en el enjuiciamiento de algunos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996), los esfuerzos por lograr la verdad, la justicia y la reparación permanecían paralizados y la gran mayoría de los casos seguían sufriendo contratiempos y retrasos injustificados. Cinco exmiembros de las fuerzas armadas —entre ellos el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala— fueron llevados ante la justicia. Se los acusó de crímenes contra la humanidad y violación de Emma Guadalupe Molina Theissen, y de la desaparición forzada del hermano menor de ésta, Marco Antonio Molina Theissen.

Permanecían paralizados los procedimientos penales contra ex miembros de las fuerzas armadas que debían ser juzgados por cargos relativos a múltiples desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos cometidos en una base militar conocida actualmente como Creompaz, en la región de Alta Verapaz, en el norte del país. Estaban aún pendientes los recursos presentados contra decisiones que afectaban a los derechos de las víctimas, y varios oficiales permanecían en libertad. En ambos casos, tanto las víctimas como los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron intimidación y acoso dentro y fuera del juzgado, así como en Internet. Tras varios intentos fallidos desde 2015, los juicios del ex jefe de Estado militar José Efraín Ríos Montt y el ex jefe de Inteligencia Rodríguez Sánchez se reanudaron en octubre.

Continuaban la intimidación y las presiones contra jueces y fiscales. Las medidas puestas en marcha para combatir la impunidad corrían grave riesgo de verse afectadas por la resistencia creciente de ciertos actores políticos. Al finalizar el año no se había aprobado la reforma constitucional, presentada ante el Congreso en noviembre de 2016, y destinada a consolidar los esfuerzos en favor de la justicia y la rendición de cuentas y a reforzar la independencia del poder judicial. En agosto y septiembre se celebraron manifestaciones masivas y el país afrontó una crisis política en septiembre, cuando varios miembros del gobierno dimitieron a raíz del intento del presidente Morales de expulsar al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo independiente establecido por la ONU y el gobierno de Guatemala en 2006 para reforzar el Estado de derecho tras el conflicto.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían constantes amenazas, estigmatización, intimidación y agresiones.

La organización no gubernamental guatemalteca Unidad de Protección a Defensoras y Defensores en Guatemala afirmó que quienes afrontaban el mayor número de ataques eran los defensores y defensoras que trabajaban sobre derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente. En enero, a Sebastián Alonso Juan lo mataron durante una protesta pacífica contra la construcción de unos proyectos hidroeléctricos en la región de Ixquisis, en San Mateo Ixtatán.

Además, los defensores y defensoras de los derechos humanos eran sometidos constantemente a campañas de difamación para estigmatizarlos y desacreditar tanto su labor como a ellos, en un intento de obligarlos a detener sus actividades legítimas. Desde el fin de junio, los miembros del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social fueron objeto de campañas de difamación tras impugnar judicialmente la licencia concedida a Minera San Rafael, en San Rafael Las Flores. El sistema de justicia se utilizaba habitualmente para atacar y hostigar a defensores y defensoras de los derechos humanos, en un intento de disolver movimientos y organizaciones y de silenciar a quienes defendían los derechos humanos.

Una instrucción general de la Fiscalía General de la República con directrices para investigar de forma eficaz los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos estuvo en revisión durante varios meses, y su aprobación estaba pendiente. A pesar de que se realizaron algunos progresos, al finalizar el año no había concluido el proceso para crear en consulta con la sociedad civil una política pública integral para la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos.

En septiembre, la Corte Suprema de Justicia reconoció la falta de consulta previa al pueblo indígena xinca de Santa Rosa y Jalapa, que se había visto negativamente afectado por las actividades de la mina de San Rafael Las Flores. La Corte ordenó al Ministerio de Energía y Minas realizar una consulta, pero también permitió a la empresa proseguir con sus actividades mineras. Como consecuencia de ello, se interpuso un recurso ante la Corte de Constitucionalidad, que seguía pendiente al finalizar el año.

En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Guatemala proteger los derechos de unas 400 personas entre ellas niños, niñas y personas de edad avanzada varadas en condiciones insalubres en la frontera norte con México desde principios de junio. Estas personas habían abandonado su comunidad, situada en Laguna Larga, horas antes de que se llevara a cabo un desalojo masivo. Al terminar el año las autoridades no habían facilitado su retorno.

Miles de personas migraban desde Guatemala a Estados Unidos a través de México para intentar escapar de los elevados índices de desigualdad y violencia que afectaban a los grupos marginados del país. El ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, señaló que, entre enero y octubre, 18.764 personas procedentes de Guatemala habían solicitado asilo en otros países. Los niños y niñas no acompañados procedentes de Guatemala constituían el mayor grupo de personas detenidas al llegar a la frontera estadounidense. Aunque seguía devolviéndose a mucha gente a Guatemala, no había ningún mecanismo ni protocolo integral en vigor para abordar las necesidades de las personas retornadas, que volvían a toparse con las mismas condiciones y peligros de los que habían huido.

En marzo, 41 niñas murieron en un incendio en el centro estatal Hogar Virgen de la Asunción, en el municipio de San José Pinula, cuando se encontraban encerradas en un aula. Esas muertes revelaron la falta de medidas suficientes y adecuadas para proteger los derechos de la infancia en Guatemala. Se presentaron cargos contra varios representantes del Estado, pero se informó de retrasos en la investigación.

Los altos índices de embarazo infantil seguían siendo especialmente preocupantes. Entre enero y septiembre, el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva registró 69.445 partos de niñas y jóvenes de entre 10 y 19 años.

República de Guatemala
Jefe del Estado y del gobierno: Jimmy Morales Cabrera