Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024
Se restringieron el espacio de la sociedad civil y la libertad de expresión. Se criminalizó de forma generalizada a jueces y juezas, fiscales, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y figuras clave del proceso electoral, lo que obligó a muchas de estas personas a exiliarse. Las autoridades estigmatizaron y no actuaron para proteger a quienes exigían mediante protestas la renuncia de la fiscal general. Persistían las violaciones de los derechos de las mujeres, las personas LGBTI y los pueblos indígenas.
Información general
El proceso electoral de 2023 estuvo plagado de irregularidades. Se interpusieron demandas penales contra algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral y varios miembros de Semilla, el partido ganador de las elecciones presidenciales. Dicho partido fue suspendido temporalmente, y en diciembre la Fiscalía solicitó que se retirara la inmunidad al nuevo presidente y su vicepresidenta. Varios miembros de la comunidad internacional denunciaron que esa persecución menoscababa el derecho a participar en los asuntos públicos y el Estado de derecho.
Los altos niveles de desigualdad, pobreza y violencia seguían siendo los motivos principales de la migración forzada del país de miles de personas.
Libertad de expresión y de reunión
En octubre, miles de personas de todo el país salieron a las calles para protestar por la persecución penal de figuras clave del proceso electoral. Estas protestas multitudinarias y pacíficas, convocadas por las autoridades indígenas para exigir la renuncia de la fiscal general, paralizaron el país durante más de tres semanas. El gobierno y la Corte de Constitucionalidad estigmatizaron a los manifestantes.1 Según las organizaciones locales, las autoridades tampoco actuaron para proteger a los manifestantes frente a las agresiones y los actos de intimidación cometidos por personas armadas en varias partes del país, que provocaron al menos una muerte en la localidad de Malacatán, en el municipio de San Marcos.
En octubre, un tribunal anuló la pena de seis años de prisión impuesta en junio al periodista José Rubén Zamora, quien, pese a ello, continuaba recluido al concluir el año. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varias organizaciones internacionales habían denunciado la violación del derecho del periodista al debido proceso y a las garantías procesales.
Detenciones arbitrarias y juicios injustos
Los órganos regionales e internacionales de derechos humanos expresaron preocupación por la falta de independencia del sistema judicial y las medidas arbitrarias adoptadas por el Ministerio Público contra personas que combatían la impunidad y la corrupción, así como contra agentes clave del proceso electoral. Al concluir el año, al menos 79 personas —entre profesionales de la fiscalía, la judicatura y el periodismo, y defensores y defensoras de los derechos humanos— estaban en el exilio por miedo a ser encarceladas injustamente.
En mayo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró arbitraria la detención de la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra y pidió su puesta en libertad. En diciembre, la Corte Suprema de Justicia ordenó que se le concediera el arresto domiciliario ya que había pasado en prisión la mitad del tiempo de la pena impuesta. Por otro lado, al concluir el año seguía pendiente un segundo proceso penal en su contra.2
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Las personas defensoras de los derechos humanos seguían llevando a cabo sus actividades en un entorno hostil y de alto riesgo. Entre enero y noviembre, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) registró 5.965 agresiones —incluidas amenazas, homicidios, hostigamiento y detenciones arbitrarias— contra personas que defendían los derechos humanos. Aumentó la criminalización, especialmente de quienes luchaban contra la impunidad y la corrupción. La defensora de los derechos humanos Claudia González, acusada injustamente del delito de abuso de autoridad, pasó dos meses detenida y quedó en libertad bajo fianza.3
Impunidad
Hubo pocos avances en la investigación y enjuiciamiento de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra perpetrados durante el conflicto armado interno que había tenido lugar entre 1960 y 1996. Se presentó en el Congreso un proyecto de ley que concedía la amnistía a las personas sospechosas de responsabilidad penal por esos crímenes. Al concluir el año, el texto seguía pendiente de aprobación.
Derechos de las mujeres y de las niñas
Los niveles de violencia contra las mujeres y las niñas seguían siendo elevados. Las organizaciones locales denunciaron que las mujeres sobrevivientes de violencia de género encontraban dificultades para acceder a la justicia.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó preocupación por la penalización del aborto en Guatemala, donde sólo estaba permitido si la vida de la mujer encinta corría peligro, y por el acceso limitado a servicios de aborto en condiciones seguras y a la atención posterior al aborto. Los elevados índices de embarazo infantil seguían suscitando especial preocupación. Entre enero y octubre, el Observatorio en Salud Reproductiva registró 52.878 alumbramientos de madres de entre 10 y 19 años.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
Las personas LGBTI sufrían niveles elevados de violencia y discriminación. Según el Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+, al menos 34 personas habían sido asesinadas por su orientación sexual o su identidad de género durante el año. El matrimonio entre personas del mismo sexo seguía siendo ilegal.
Derechos de los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas seguían exigiendo que se les reconociera el derecho a sus tierras. Se denunciaron desalojos violentos, en un clima de falta de seguridad de tenencia de la tierra. Se presentaron cargos penales infundados contra autoridades ancestrales y personas que defendían la tierra y el territorio.
Derecho a un medioambiente saludable
El Fondo Nacional de Cambio Climático, creado en 2022, seguía sin funcionar al concluir el año.
Las autoridades advirtieron de que las sequías y las inundaciones, relacionadas con los efectos de El Niño y agudizadas por el cambio climático, podían exacerbar la desnutrición.
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