Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Persistieron las denuncias de uso ilegítimo de la fuerza contra personas que se manifestaban pacíficamente. Continuaron las devoluciones sumarias de personas refugiadas y migrantes, así como la represión ejercida por las autoridades contra las ONG que las ayudaban. Se promulgó una controvertida ley que carecía de salvaguardias efectivas para las personas sometidas a vigilancia. Se siguieron violando derechos de quienes ejercían la objeción de conciencia al servicio militar. Se presentó ante el Comité Europeo de Derechos Sociales una reclamación colectiva que detallaba los efectos devastadores en la salud de las medidas de austeridad.

Uso excesivo de la fuerza

Persistían los informes sobre uso innecesario y excesivo de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley en el ejercicio de sus funciones durante manifestaciones. En mayo, el estudiante Yiannis Dousakis sufrió lesiones graves en la boca y la mandíbula cuando, según los informes recibidos, la policía antidisturbios empleó fuerza ilegítima —incluidas granadas paralizantes— para dispersar a quienes se manifestaban pacíficamente en la Universidad de Tesalónica.

En noviembre, un tribunal rechazó el recurso presentado por las autoridades contra una decisión en primera instancia que declaraba al Estado griego responsable de las lesiones graves causadas al periodista Manolis Kypreos por la policía en 2011.

Derecho a la vida

En mayo, un tribunal declaró culpables de lesiones mortales a dos hombres en relación con la muerte del activista LGBTI Zak Kostopoulos en 2018. La absolución de cuatro agentes de policía acusados también en relación con esta muerte suscitó preocupación por la impunidad.

En septiembre, la fiscalía propuso enviar a juicio a 7 agentes de policía por homicidio doloso en relación con la muerte violenta de Nikos Sambanis, romaní de 18 años desarmado que había muerto por disparos de la policía en octubre de 2021.

En diciembre, Kostas Frangoulis, romaní de 16 años, recibió un disparo en la cabeza durante una persecución policial y murió en el hospital 8 días más tarde. Un agente de policía fue acusado de homicidio doloso y de disparar ilegalmente su arma; quedó en libertad provisional bajo fianza.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Llegaron al país por tierra y por mar más de 18.000 personas refugiadas y migrantes, en comparación con aproximadamente 9.000 en 2021. El índice de mortalidad aumentó drásticamente: se calculaba que hubo unas 326 personas muertas y desaparecidas durante el año frente a 115 en 2021. Ante los trágicos naufragios de octubre y noviembre, con decenas de muertes y desapariciones, el ACNUR —la Agencia de la ONU para los refugiados— y la Organización Internacional para las Migraciones pidieron rutas migratorias seguras.

En Samos, las autoridades continuaron sometiendo a detención ilegal a algunas de las personas solicitantes de asilo que residían en el “centro insular controlado cerrado” financiado por la UE, ya que les impedían salir de allí.

Expulsiones ilegales

ONG y periodistas continuaron informando sobre expulsiones ilegales y otros abusos cometidos en tierra y mar contra personas refugiadas y migrantes. Hubo varios casos de grupos abandonados a su suerte en islotes del río Evros en condiciones espantosas. A pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había ordenado medidas cautelares en favor de estas personas y había pedido a Grecia que no las expulsara, en algunos casos, las operaciones de salvamento de las autoridades, según informes, no llegaron a tiempo o se expulsó sumariamente a la gente.

En marzo, la Autoridad Nacional de Transparencia (NTA, por sus siglas en inglés), organismo encargado por el gobierno de investigar presuntas devoluciones sumarias, anunció la conclusión de una investigación que no había detectado irregularidades en la conducta de las autoridades griegas. Las ONG pidieron a la NTA que publicara el informe íntegro, reclamaron rendición de cuentas y transparencia, y reafirmaron que este organismo no podía considerarse constitucionalmente independiente.

En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia histórica en relación con el hundimiento de un barco de personas migrantes frente a la isla de Farmakonisi en 2014, en el que habían muerto 11 de las 27 personas que iban a bordo. La argumentación de la parte demandante era que el barco había naufragado por culpa de las peligrosas maniobras realizadas por la guardia costera para obligarlo a poner rumbo a Turquía. El Tribunal declaró a Grecia responsable de varias violaciones de derechos humanos, incluido el derecho a la vida, derivadas de deficiencias en sus operaciones de salvamento y su investigación de los hechos. Al final del año seguían pendientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU varios casos de expulsión ilegal.

En octubre, medios informativos filtraron un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que examinaba denuncias graves contra la Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras (Frontex), incluida su “posible participación en expulsiones ilegales o su encubrimiento de éstas” en Grecia. El informe hallaba defectos graves en la gestión de estos casos por parte de Frontex que afectaban a cuestiones de derechos fundamentales.

Derechos económicos, sociales y culturales

En febrero, las autoridades anunciaron el cese del programa de vivienda urbana ESTIA, financiado por la UE, para solicitantes de asilo en situación de vulnerabilidad, y redujeron el número de plazas de alojamiento. Las ONG expresaron preocupación por el hecho de que se estaba trasladando, prácticamente sin avisar, a las personas afectadas desde sus pisos hasta campos situados en zonas aisladas, con consecuencias negativas para su acceso a servicios esenciales.

Según informes de ONG, personas que tenían reconocida la condición de refugiadas y habían sido devueltas a Grecia en aplicación del Reglamento de Dublín de la UE encontraban obstáculos —por ejemplo, a la hora de obtener documentos de identidad— que dificultaban su acceso a asistencia médica, vivienda y otros servicios.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En junio, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos denunció la criminalización de la ayuda humanitaria y los onerosos requisitos de registro impuestos a las organizaciones que trabajaban en este ámbito.

Continuó abierto el proceso penal contra Sarah Mardini y Séan Binder, defensora y defensor de los derechos humanos, respectivamente, a raíz de su labor de salvamento y auxilio de personas refugiadas y migrantes.

En diciembre, el fundador de la ONG Observador Griego de Helsinki, Panayote Dimitras, objeto de una investigación criminal por su labor sobre los derechos de las personas refugiadas y migrantes, fue citado para comparecer ante una autoridad judicial por delitos graves relacionados con su trabajo con solicitantes de asilo y corría el riesgo de que se le impusiera arresto domiciliario y una multa por su actividad para la ONG.

Derecho a la privacidad

En abril, los medios de comunicación revelaron que el teléfono del periodista griego Thanasis Koukakis había sido infectado con el software espía Predator entre julio y septiembre de 2021 y también había sido intervenido por el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) en 2020. Nikos Androulakis, parlamentario y dirigente del partido de oposición PASOK-KINAL, y Christos Spirtzis, exministro del partido opositor SYRIZA, también fueron víctimas de Predator. Además, el teléfono del primero fue intervenido por el NIS. En abril comenzó una investigación judicial de las denuncias sobre el uso de softwareespía, y en noviembre se abrió otra cuando un periódico publicó una lista de personalidades presuntamente vigiladas por el Estado o atacadas con Predator. En diciembre, el Parlamento aprobó una controvertida ley que carecía de salvaguardias efectivas para las personas sometidas a vigilancia y legalizaba el uso de tecnologías de software espía por las autoridades.

Libertad de expresión

En febrero, Panayote Dimitras y Andrea Gilbert, defensor y defensora de los derechos humanos que habían presentado una denuncia contra una alta dignidad de la iglesia ortodoxa griega por declaraciones discriminatorias y antisemitas en 2017, fueron declarados culpables de “acusación falsa”.

En mayo se celebró ante un tribunal de Atenas la vista de la demanda presentada contra la periodista Stavroula Poulimeni y la cooperativa de medios de comunicación independientes Alterthess por presunta infracción de la legislación sobre protección de datos al informar sobre el fallo condenatorio de un alto directivo de una empresa minera de oro por daños ambientales.

Libertad de reunión

En septiembre, en aplicación de una controvertida ley sobre reuniones públicas al aire libre, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Personal Médico Hospitalario de Grecia fue enjuiciada por presunta insubordinación y obstrucción del tráfico durante una protesta del personal sanitario en septiembre de 2020.

Preocupaba el procesamiento de dos activistas de Amnistía Internacional por delitos menores tras su arresto por la policía en relación con una protesta en noviembre.

Discriminación

En abril, la Red de Documentación sobre Violencia Racista informó de 72 casos de ese tipo de violencia en 2021.

En junio comenzó el proceso de apelación en la causa del partido ultraderechista Amanecer Dorado. En una sentencia histórica dictada en octubre de 2020, el tribunal de primera instancia había concluido, entre otras cosas, que la dirección política del partido era culpable de dirigir una organización criminal cuyos miembros habían cometido una serie de delitos violentos, algunos de ellos contra personas refugiadas y migrantes.

Derechos de objetores y objetoras de conciencia

Continuaron las violaciones graves de los derechos de los objetores de conciencia al servicio militar, incluidos reiterados juicios ante tribunales militares. Según datos oficiales revelados durante el año, el porcentaje de casos de reconocimiento de la condición de objetor de conciencia a quienes alegaban motivos no religiosos había descendido hasta el 0%. Al final del año había varios recursos pendientes ante el Tribunal Administrativo Supremo contra la denegación discriminatoria de solicitudes de reconocimiento de la condición de objetor de conciencia. En diciembre se propuso una reforma jurídica regresiva con el fin de incrementar el número de militares en la composición del comité que examinaba tales solicitudes. Grecia no había aplicado la decisión adoptada en 2021 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso del objetor de conciencia Lazaros Petromelidis, según la cual se habían cometido múltiples violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Violencia contra mujeres y niñas

Durante el año, 17 mujeres murieron a manos de su pareja o expareja.

En octubre, una mujer de 19 años denunció que había sido violada por dos agentes de policía en la comisaría de Omonia, en Atenas. Ambos agentes fueron acusados de violación grupal y puestos en libertad provisional bajo fianza. Un tercer agente fue acusado de complicidad. La investigación seguía abierta al final del año.

Derechos económicos, sociales y culturales

En noviembre, Amnistía Internacional presentó ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa una reclamación colectiva que documentaba las violaciones de los derechos a la salud y a no sufrir discriminación cometidas por las autoridades griegas como consecuencia de las medidas de austeridad adoptadas tras la crisis económica de 2009-2010, y cómo esto seguía mermando la capacidad del sistema de salud para responder a la pandemia de COVID-19.

Derechos de las personas detenidas

En octubre, la sociedad civil expresó preocupación por el hecho de que la nueva legislación que modificaba el Reglamento de Centros Penitenciarios restringía aún más los derechos de la población reclusa, incluidos los permisos, y contribuía al hacinamiento crónico en las cárceles griegas.