Grècia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Persistían los informes de uso ilegítimo de la fuerza en la actuación policial durante las manifestaciones. Las personas sobrevivientes de un naufragio en el que habían muerto más de 600 personas culparon a las autoridades griegas de provocar el incidente. Se seguía criminalizando a los defensores y defensoras de los derechos humanos por su trabajo con personas refugiadas y migrantes. Una investigación realizada por la autoridad griega de protección de datos determinó que se había atacado a 88 personas con el programa espía Predator. Se siguieron violando los derechos de quienes ejercían la objeción de conciencia al servicio militar. Hubo destructivos incendios forestales que se saldaron con pérdida de vidas y hábitats naturales en un contexto de preocupación por el fracaso del sistema contra incendios.

Uso excesivo de la fuerza

Persistían los informes sobre uso ilegítimo de la fuerza en operaciones de la policía, incluido el control de manifestaciones como las protestas que siguieron a la tragedia ferroviaria de Tempi en febrero.

En junio, un tribunal de la capital, Atenas, declaró a un agente de policía culpable de tortura en su forma de “delito menor” por haber golpeado a un estudiante durante un control en relación con la COVID-19 en la plaza de Nea Smirni en marzo de 2021. Otro agente de policía fue condenado por encubrimiento.

En noviembre, un tribunal de apelación declaró a la policía responsable de las lesiones potencialmente mortales sufridas por el psicólogo Yiannis Kafkas durante una manifestación celebrada en Atenas en 2011 y concedió a éste una indemnización.

Derecho a la vida

En septiembre, Kostas Manioudakis murió tras sufrir presuntos malos tratos a manos de la policía durante una operación de identificación y registro en el pueblo de Vryses (Creta).

En octubre, un fiscal propuso el procesamiento de un agente de policía por homicidio doloso y disparar ilegalmente su arma en relación con la muerte por disparos en 2022 de Kostas Frangoulis, romaní de 16 años, en la ciudad de Tesalónica.

En noviembre, un agente de policía mató a tiros a Christos Michalopoulos, de 17 años, en Leontari, municipio de Aliartos, tras una persecución en automóvil. El agente fue acusado de homicidio con posible dolo y de disparar ilegalmente su arma.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Continuaron las violaciones de derechos humanos en las fronteras griegas, incluidas devoluciones sumarias ilegales, en algunos casos acompañadas de violencia.

El 14 de junio, varias horas después de ser avistada por una aeronave de la Agencia Europea de Fronteras Exteriores de la Unión Europea (Frontex), una embarcación que transportaba a unas 750 personas, entre ellas numerosos niños y niñas, se hundió frente a la costa de Pilos. Sólo sobrevivieron 104 hombres. Los sobrevivientes dijeron sistemáticamente a Amnistía Internacional y a Human Rights Watch (HRW) que la guardia costera griega había remolcado la embarcación con una cuerda, lo que la hizo virar y después volcar. Informes independientes de ONG y fuentes de medios de comunicación fidedignas contaron una versión similar de lo acontecido, relato que las autoridades griegas negaron rotundamente.¹ Amnistía Internacional y HRW también documentaron graves deficiencias por parte de las autoridades griegas a la hora de gestionar las operaciones de salvamento y señalaron, además, que las investigaciones iniciadas posteriormente por las autoridades sobre la actuación de la guardia costera apenas habían avanzado y que éstas podrían haber socavado la integridad de pruebas esenciales. En noviembre, el defensor del Pueblo griego abrió una investigación sobre la actuación de la guardia costera, mencionando la negativa de ésta a llevar a cabo una investigación disciplinaria interna. En julio, la defensora del Pueblo de la Unión Europea anunció una investigación sobre el papel de Frontex en las actividades de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo, especialmente en el naufragio de Pilos. El incidente puso de relieve la necesidad urgente de rutas seguras y legales de migración a Europa.

A partir de julio aumentó el número de personas refugiadas y migrantes que llegaban por mar, con lo que la cifra total de llegadas durante el año superó las 41.000, frente a las menos de 13.000 en 2022. Esto agravó las ya difíciles condiciones de vida en los centros de acogida de las islas, como el “centro cerrado de acceso controlado” de Samos, donde las autoridades imponían un régimen de detención de facto a las personas recién llegadas. En enero, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción por el incumplimiento por Grecia de la legislación de la Unión Europea en materia de asilo y migración en relación con los obstáculos que afrontaban las personas refugiadas para acceder a protección social y con la privación de libertad de las personas en proceso de acogida o identificación durante un máximo de 25 días, práctica que había sido introducida por la legislación nacional en 2022. En julio, la defensora del Pueblo de la Unión Europea abrió una investigación sobre la forma en que la Comisión Europea garantizaba el respeto de los derechos fundamentales en el contexto de su apoyo a los centros cerrados de acceso controlado.

En octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Grecia por no haber proporcionado atención médica adecuada en dos centros de acogida a una solicitante de asilo seropositiva.

Los incendios forestales en la región de Evros (véase, infra, “Derecho a un medioambiente saludable”) alimentaron los discursos racistas y los abusos contra las personas refugiadas y migrantes.

Una reforma legislativa aprobada en diciembre permitía solicitar un permiso de residencia de 3 años a las personas migrantes indocumentadas que a finales de noviembre de 2023 llevaran al menos 3 años en Grecia y tuvieran una oferta de empleo. Además, reducía de 6 meses a 60 días, desde el momento en que presentaran la solicitud de asilo, el tiempo que debían esperar quienes solicitaran asilo para poder trabajar.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían siendo criminalizados por su trabajo con personas refugiadas y migrantes. Aunque el Tribunal Supremo retiró en agosto los cargos menores contra Sarah Mardini y Séan Binder, en septiembre, ambos, junto con otras 22 personas, fueron acusados formalmente de 4 delitos graves entre los que figuraban el establecimiento de una organización delictiva y su pertenencia a ella, y la facilitación de entrada irregular.

Seguían suscitando preocupación los cargos penales que pesaban contra Panayote Dimitras, portavoz de la ONG Observador Griego de Helsinki (GHM, por su siglas en inglés), y Tommy Olsen, director de la ONG Aegean Boat Report (ABR), en relación con su labor de asistencia a las personas refugiadas y migrantes en las fronteras griegas y con sus denuncias de violencia y devoluciones ilegales en la frontera. En enero, las autoridades impusieron medidas restrictivas a Panayote Dimitras, aunque la prohibición de que trabajara con GHM se levantó en mayo. A las ONG les preocupaba también la campaña difamatoria y el hostigamiento judicial desatados contra él.

Derecho a la privacidad

En julio, una investigación sobre el uso del programa espía Predator llevada a cabo por la autoridad griega de protección de datos localizó 350 SMS que trataban de instalar software de vigilancia. Se notificó a 88 personas que sus teléfonos móviles habían sido blanco de ataques con Predator.

En septiembre, la sociedad civil y miembros del Parlamento Europeo expresaron preocupación por la repentina sustitución por el Parlamento Griego de varios miembros de la Autoridad Helénica para la Seguridad de las Comunicaciones y la Privacidad (ADAE) en un momento crucial para la investigación del escándalo del programa espía.

En octubre, durante una vista ante una comisión del Parlamento Europeo, el director de la ADAE manifestó su preocupación por que un miembro y una exmiembro de la Autoridad eran objeto de una investigación penal aunque, hasta ese momento, no se había acusado a nadie del uso de programas espía.

Derechos de las personas con discapacidad

En septiembre se formularon cargos contra el capitán de un transbordador y tres miembros de su tripulación en relación con el ahogamiento del pasajero Antonis Kargiotis, contra el cual uno de los miembros de la tripulación había proferido insultos racistas, según revelaba una grabación. Activistas en favor de los derechos de las personas con discapacidad pidieron a las autoridades que investigaran la posible motivación de odio en el caso debido al problema de salud que, al parecer, padecía la víctima.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Suscitaron preocupación los discursos despectivos y perniciosos sobre la población LGBTI mantenidos en los ámbitos político y mediático a lo largo del año.

En abril, la Red de Documentación sobre Violencia Racista denunció 38 delitos de odio en 2022 en los que las víctimas eran personas LGBTI o que defendían los derechos de esta población.

Libertad de expresión

En abril se tuvo noticia de que, en diciembre de 2022, un tribunal había admitido parcialmente una demanda civil contra la periodista Stavroula Poulimeni y la cooperativa de medios de comunicación independientes Alterthess, a la que ordenó pagar 3.000 euros por daños a un alto ejecutivo de una empresa minera aurífera. El fallo se recurrió. La causa, que reunía todas las características de una demanda estratégica contra la participación pública, se basaba en el presunto incumplimiento de la legislación sobre protección de datos al informar Stavroula Poulimeni de la sentencia condenatoria por daños ambientales dictada por un tribunal de primera instancia contra el ejecutivo.

Derechos de las mujeres

Entre enero y principios de diciembre se tuvo noticia de 14 feminicidios. En su informe de noviembre, el Grupo de Expertos que vigilaba la implementación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica expresó honda preocupación por que la legislación de 2021 sobre la “custodia compartida” carecía de salvaguardias suficientes para garantizar que se tuvieran en cuenta los incidentes de violencia de género intrafamiliar a la hora de adoptar decisiones sobre la custodia infantil y los derechos de visita.

En octubre, una fiscal propuso el procesamiento de dos agentes de policía por la violación grupal de una joven en la comisaría de Omonia (Atenas) en octubre de 2022, y el de un tercer agente por encubrimiento.

Derechos de objetores y objetoras de conciencia

Quienes ejercían la objeción de conciencia seguían haciendo frente a detenciones y reiteradas sanciones en forma de multas y juicios ante tribunales militares. Según la información publicada en 2023, en 2022 se habían rechazado el 67% de las solicitudes de objeción de conciencia por motivos no religiosos. El Tribunal Administrativo Supremo anuló algunas de esas denegaciones discriminatorias; otras estaban pendientes ante el Tribunal al concluir el año.

Grecia seguía sin aplicar la decisión adoptada en 2021 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU relativa al caso del objetor de conciencia Lazaros Petromelidis, en el que, según el organismo, se habían cometido múltiples violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Derecho a la salud

En septiembre, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa admitió una demanda colectiva presentada por Amnistía Internacional. La demanda alegaba que el gobierno griego había vulnerado las disposiciones de la Carta Social Europea relativas al derecho a la salud y la prohibición de la discriminación debido a las consecuencias que habían tenido en el sistema de salud las medidas de austeridad adoptadas tras la crisis económica de 2009 y 2010.

Durante el año, los sindicatos de profesionales de la salud denunciaron dificultades significativas, como la persistente falta de personal y la infrafinanciación.

Derecho a un medioambiente saludable

A pesar de los informes de avances en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, los combustibles fósiles seguían aportando la mayor parte de la energía consumida en Grecia. En diciembre, tres organizaciones medioambientales pidieron a la Comisión Europea que hiciera rendir cuentas a Grecia por conceder sistemáticamente “vía libre” a la extracción de petróleo y gas frente a las costas del país.

Se concluyó que el cambio climático provocado por el ser humano incrementaba la probabilidad y la intensidad del calor extremo y las inundaciones en Grecia. Entre julio y septiembre, una serie de destructivos incendios forestales e inundaciones se saldaron con la muerte de al menos 38 personas y miles de animales, y la pérdida de hábitats naturales y de medios de subsistencia de la población. El incendio forestal de la región de Evros fue el más grande jamás registrado en la Unión Europea y en él perdieron la vida al menos 20 personas, al parecer refugiadas y migrantes.² Tras los catastróficos incendios, World Wildlife Fund expresó preocupación por el fracaso del sistema nacional contra incendios e instó a las autoridades a adoptar cambios radicales para proteger los bosques.